La Transición Española y el Consenso Democrático: De los Pactos de la Moncloa a la Constitución de 1978

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El Periodo Constituyente: Una Etapa de Consenso (1977-1979)

El gobierno de la UCD y las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977 se enfrentaron a tres desafíos principales: la crisis económica, la definición de un nuevo sistema laboral y la construcción de un nuevo marco político democrático a través de una Constitución.

La Necesidad de Consenso Económico: Los Pactos de la Moncloa

Contexto de Crisis Económica

Conforme avanzaba la década, se hicieron más evidentes los graves problemas económicos, causados por la mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión de 1929. La estructura de la economía franquista favoreció la expansión de esta crisis. Sus rasgos principales fueron:

  • Estancamiento del PIB.
  • Inflación galopante.
  • Incremento del déficit público.
  • Aumento del paro (desempleo).

Firma y Consecuencias de los Pactos

Ante esta situación, todas las fuerzas políticas y sindicales estuvieron de acuerdo en la necesidad de alcanzar soluciones. Así, el 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa.

Estos pactos lograron:

  • Dar estabilidad al mundo laboral, estableciendo límites en los aumentos salariales.
  • Proponer un plan de ocupación.
  • Frenar la tendencia negativa de la economía y reducir la inflación y el déficit exterior. (Aunque no lograron detener el aumento del paro).

Se aprobaron otras medidas complementarias, como la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Fiscal, que acabó con el sistema tributario del franquismo, y la ley que reestructuraba la Seguridad Social y creaba el INEM.

El Consenso sobre el Marco Político: La Constitución de 1978

Las discusiones para la redacción de la Carta Magna duraron dieciséis meses, siendo especialmente difíciles los acuerdos sobre temas como la educación, la libertad religiosa, el aborto, el divorcio, la pena de muerte o el sistema electoral. Las características principales de la Constitución de 1978 son:

  • Declaración de Derechos y Libertades: Inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se hacía referencia a los deberes ciudadanos para mantener el Estado, como el pago de impuestos.
  • Monarquía Parlamentaria: Define el sistema político español. El Rey, como Jefe del Estado, intercede entre las instituciones, pero carece de poder ejecutivo.
  • División de Poderes:
    • Poder Legislativo: Corresponde a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), elegidas por sufragio universal, directo y secreto.
    • Poder Ejecutivo: Corresponde al Gobierno (Presidente, Vicepresidentes y Ministros).
    • Poder Judicial: Recae en los jueces y magistrados, coordinados por el Tribunal Supremo.
  • Órganos de Control: Creación del Tribunal Constitucional (interpreta la Constitución) y el Defensor del Pueblo (atiende a los ciudadanos y cuida sus derechos).
  • Descentralización del Estado: Establece la posibilidad de que las regiones se constituyan en Comunidades Autónomas.

La Constitución fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y fue aprobada con un 88% de votos positivos.

La Organización del Nuevo Estado Autonómico

Tras las elecciones de 1977, se hizo evidente la necesidad de atender las exigencias de autonomía, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Ante la generalización de manifestaciones populares, el gobierno de Suárez optó por extender la posibilidad de autonomía a cualquier región, una solución conocida popularmente como la fórmula del «café para todos».

El Caso de Cataluña

En Cataluña, la demanda autonómica fue masiva. Casi un millón de personas se manifestaron el 11 de septiembre de 1977. Un mes después, regresó del exilio el presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas.

El Caso del País Vasco

En el País Vasco, el proceso fue más complicado. El PNV rechazó la Constitución, en parte por la no contemplación de una posible independencia exigida por el nacionalismo radical vasco. En 1978, se elaboró el proyecto de Estatuto de Autonomía de Gernika.

Ambos proyectos (Cataluña y País Vasco) fueron presentados a las Cortes para su confirmación y sufrieron recortes. Los dos estatutos fueron finalmente aprobados el 25 de octubre de 1979.