Residencia habitual y restitución internacional de menores en España: normativa, criterios y procedimiento

Residencia habitual y restitución internacional de menores

2. ¿Por qué no se consideró su existencia?

Respuesta: Véase la pregunta anterior.

3. ¿Cómo se determina la residencia habitual de una persona menor de edad?

No existe una definición autónoma y uniforme del concepto de residencia habitual. En diversos preceptos legales —por ejemplo, el art. 3 del Convenio de La Haya (CH) y el art. 8 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 (Bruselas II)— se alude a este concepto, pero no se le da una definición normativa única. Por ello, hay que remitirse a la jurisprudencia y a la doctrina sobre el derecho aplicable para determinar la residencia habitual de un menor en España.

Criterios que suelen considerarse (jurisprudencia y doctrina):

• Periodo y continuidad de la presencia en un lugar.
• Centro de intereses del menor (vínculos familiares, sociales y afectivos).
• Escolarización y actividades habituales del menor.
• Intención y estabilidad de las circunstancias que rodean la vida del menor.

4. ¿En qué casos está prevista la utilización de un foro de necesidad por el sistema de DIPr español? ¿Se dan los elementos necesarios a juicio del TC en este caso?

Requisitos fundamentales para que exista un foro de necesidad:

• Riesgo de que no pueda reconocerse o ejecutarse la sentencia en España.
• Que otro tribunal no sea competente para conocer del asunto —por ejemplo, porque la cuestión ya ha sido juzgada por un tribunal extranjero (caso citado: tribunal belga)—.
• Existencia de un riesgo de vulneración del art. 24.1 CE (tutela judicial efectiva) o de garantías procesales esenciales.

La valoración de si concurren los elementos necesarios corresponde en última instancia a los órganos jurisdiccionales competentes y, cuando proceda, al Tribunal Constitucional (TC), que examina si se han respetado los derechos fundamentales en cada caso concreto.

5. ¿Qué respuestas da el Reglamento 2201/2003 (Bruselas II) al secuestro internacional?

El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 (Bruselas II) es un instrumento de cooperación judicial internacional entre Estados miembros de la Unión Europea. En materia de sustracción internacional de menores, el Reglamento complementa las reglas del Convenio de La Haya, especialmente en lo relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones y a la cooperación entre autoridades centrales y juzgados de los Estados miembros. Su finalidad es facilitar la restitución rápida del menor a su lugar de residencia habitual y coordinar los mecanismos procesales entre Estados.

6. Indique y explique el procedimiento que se sigue en España para canalizar las peticiones de restitución internacional de menores, considerando, en particular, las reformas recientes en el sistema de DIPr.

Anteriormente, la tramitación se regía por la antigua legislación procesal (LEC). En 2015 se introdujeron reformas relevantes: entre ellas, la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria (LJV), que incorporó un procedimiento especial relativo a cuestiones de familia y menores. Concretamente, se añadieron los arts. 778 bis, 778 ter y 778 quater de la LJV, que regulan aspectos procesales para canalizar determinados procedimientos, incluyendo la restitución internacional del menor.

En dichos preceptos y en la normativa complementaria se establece:

• Cómo se promueve la petición de restitución internacional del menor.
• Ante qué instancia debe interponerse la solicitud y qué competencias tienen los órganos judiciales.
• Los plazos procesales aplicables, la intervención del Ministerio Fiscal y las posibles vías de recurso.

Además, la tramitación de estas peticiones se articula en coordinación con las autoridades centrales nacionales y con los mecanismos previstos por el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 y por el Convenio de La Haya.

7. Comente las excepciones a la restitución del menor en caso de sustracción.

Las excepciones principales se recogen en el art. 13 del Convenio de La Haya. (Respuesta: véase la cuestión 1).

8. Explique en qué consiste el interés superior del menor y cómo se concreta dicho interés en este caso.

El interés superior del menor es un principio rector que, como ocurre con conceptos como el foro de necesidad, tiene un carácter amplio y abstracto; no siempre aparece como definición autónoma en una norma concreta. Son la doctrina y la jurisprudencia las que concretan su contenido y alcance en cada situación.

En términos generales, el interés superior del menor comprende el conjunto de actuaciones destinadas a garantizar:

• El desarrollo integral del menor.
• El mantenimiento de una vida digna.
• Las condiciones materiales y afectivas necesarias para que el menor viva plenamente y alcance el mayor nivel de bienestar posible.

Este principio aparece recogido en diversos textos convencionales, por ejemplo en el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y debe valorarse de forma concreta en cada expediente de restitución o sustracción internacional, ponderando los intereses del menor frente a otras consideraciones procesales y sustantivas.