Régimen Jurídico de los Bienes Públicos: Demaniales, Patrimoniales y Patrimonio Nacional
Protección y Defensa de los Bienes de la Administración
Las Administraciones Públicas cuentan con un conjunto de facultades y potestades para proteger y tutelar sus bienes, tanto demaniales como patrimoniales:
- Inscripción en el Registro de la Propiedad: La Administración tiene la obligación de inscribir sus bienes demaniales y patrimoniales en el Registro de la Propiedad. La inscripción debe solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o derecho y se practica de acuerdo con la legislación hipotecaria.
- Acción de investigación: La Administración tiene el derecho y la obligación de investigar la situación de los bienes que se presumen de su propiedad, a fin de determinar su titularidad.
- El deslinde administrativo: El derecho de deslinde es aquel que todo propietario ostenta para precisar los límites de sus fincas, procediendo después a hacerlos visibles mediante mojones. Tratándose de bienes de propietarios privados, si no existe acuerdo entre los colindantes, se tramita un juicio contradictorio que resuelve un juez civil. En el caso de la Administración, esta goza de la facultad exorbitante de deslindar de oficio sus propiedades, sin que pueda paralizarse el procedimiento por la oposición de los colindantes (sin perjuicio de las acciones correspondientes que puedan ejercitar estos a posteriori). Los particulares no pueden oponerse en el momento inicial cuando la Administración está fijando los límites de oficio.
- Reintegro posesorio (recuperación de oficio): Es la potestad de las Administraciones Públicas de recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre bienes y derechos de su patrimonio, liberándolas de la necesidad de acudir a los tribunales civiles. Si se trata de bienes patrimoniales, la Administración cuenta con el plazo de un año desde que se produjo la usurpación o pérdida de posesión para ejercitar el reintegro. Si se trata de bienes demaniales, el reintegro puede ejercitarse sin límite de tiempo.
- El desahucio administrativo: La Administración puede desahuciar de oficio, a diferencia del proceso civil ordinario mediante el cual un propietario recupera la posesión de un inmueble. Tratándose de bienes de dominio público, la Administración puede declarar, cuando proceda, la anulación o extinción de los títulos que legitiman la ocupación o posesión indebida sin necesidad de acudir al juez civil.
Principios de los Bienes de Dominio Público
Todas estas potestades se complementan con una serie de principios rectores que caracterizan a los bienes de dominio público:
- Inembargabilidad: Los bienes de la Administración destinados a un uso o servicio público no pueden ser objeto de embargo. Es una consecuencia necesaria de su inalienabilidad.
- Imprescriptibilidad: No se pueden adquirir estos bienes por prescripción adquisitiva (usucapión).
- Inalienabilidad: Los bienes de dominio público no pueden transmitirse ni enajenarse mientras no pierdan formalmente su afectación (los bienes patrimoniales, en cambio, sí pueden enajenarse). La vulneración de esta prohibición determina que el acto sea nulo de pleno derecho por falta de objeto, ya que los bienes demaniales están fuera del comercio humano (extra commercium).
Utilización de los Bienes de Dominio Público
La utilización y disfrute de los bienes de dominio público se somete a los títulos habilitantes y formas de uso común general, común especial o privativo correspondientes.
Régimen Jurídico de los Bienes Patrimoniales
Adquisición de Bienes
Los bienes de la Administración se pueden adquirir a través de los siguientes títulos y procedimientos:
- Por ministerio de la ley: Una norma legal atribuye directamente a la Administración determinados bienes. Cuando esto ocurre, se presume que son bienes patrimoniales, salvo disposición expresa en contrario. Modalidades de adquisición por ley:
- A través de leyes singulares expropiatorias, en las que la propia ley efectúa la expropiación.
- Casos de cesiones obligatorias establecidas por la normativa urbanística (por ejemplo, en la recalificación de un suelo que pasa a ser urbanizable, donde debe cederse obligatoriamente entre un 5% y un 15% del aprovechamiento a la Administración).
- Bienes vacantes o sin dueño (mostrencos): Es el primer supuesto legal de adquisición. La ley establece que los inmuebles vacantes y sin dueño conocido pasan directamente a ser propiedad de la Administración General del Estado.
- A título oneroso: Se realiza con o sin expropiación forzosa.
- A título gratuito (herencia, legado o donación): La Administración únicamente aceptará una herencia a beneficio de inventario (si con el activo se puede sufragar el pasivo). Si los bienes contienen gravámenes, es necesario un procedimiento previo que acredite que el valor del gravamen no supera el valor real del bien. La aceptación corresponde al Ministro del departamento al que se haya donado el bien o, en su defecto, al Ministro de Hacienda.
- Prescripción y ocupación: Se rigen conforme a las normas establecidas en el Código Civil.
- Resolución judicial o administrativa: Mediante adjudicaciones en procedimientos de apremio o resoluciones que concluyan en embargo u otras medidas forzosas.
Gestión y Utilización de los Bienes Patrimoniales
Las principales formas de gestión de los bienes patrimoniales son:
- Afectación: Vinculación del bien a un uso general o a un servicio público, produciéndose su mutación a bien demanial.
- Explotación: Su finalidad es obtener rentabilidad y rendimiento económico. La competencia corresponde al Ministro de Hacienda, salvo que el plazo de explotación sea inferior a un año, supuesto en el cual la competencia corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado, o al órgano competente que en cada caso determine la normativa.
Enajenación de Bienes Patrimoniales
El Estado puede transmitir o enajenar sus bienes o derechos patrimoniales. Para la enajenación de bienes inmuebles, el órgano competente es el Ministro de Hacienda o el Consejo de Ministros.
Las formas de enajenación admitidas son:
- Concurso.
- Subasta.
- Adjudicación directa: Prevista principalmente cuando el adquirente sea otra Administración Pública o cualquier entidad perteneciente al sector público.
Patrimonio Nacional
El Patrimonio Nacional lo constituye el conjunto de bienes puestos a disposición de la Corona o de la Jefatura del Estado, pero cuya titularidad pertenece íntegramente al Estado. Este patrimonio goza de un régimen de privilegios singular.
Se trata de bienes afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen. Asimismo, estos bienes pueden admitir afectaciones secundarias compatibles con los fines representativos de la Corona, orientadas a fines de carácter cultural, docente o científico.
El Patrimonio Nacional recibe una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado y su regulación básica se encuentra recogida en la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.