Recurso de amparo y tutela judicial efectiva: competencia internacional en sustracción de menores

Planteamiento inicial

Ante esta resolución se produce un recurso de amparo porque el padre cree que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (DDFF, art. 24.1 CE).

Motivos y fundamentos del Tribunal Constitucional

Si nos fijamos en el Fundamento Jurídico 3º (FJ 3º), el propio Tribunal Constitucional va haciendo una serie de alegaciones preliminares antes de llegar al fallo. La supuesta vulneración que tenemos que ver, según el art. 24.1 CE relativo al DDFF, se reduce a que no se ha dictado supuestamente una decisión judicial por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña motivando por qué se concede la competencia a ellos en vez de a los tribunales belgas. En otras palabras: falta de motivación de la sentencia de origen que da lugar a este procedimiento con respecto a la cuestión de competencia judicial internacional (CJI).

En este mismo FJ, el Tribunal Constitucional aplica el principio pro actione (que no perjudique a ninguna de las partes del proceso) y comienza a abordar el foro de necesidad, donde parece justificarse la atribución de la competencia en este caso. El tribunal vuelve a hacer alusión a la sustracción ilícita del menor, por lo que son importantes los antecedentes anteriores.

Aplicación del Reglamento Bruselas II

El art. 10 del Reglamento Bruselas II establece: «donde estuviera domiciliada la menor...», norma que primaría frente a la competencia general del art. 8 del mismo Reglamento si estuviéramos ante una sustracción ilícita del menor.

En este caso existe una decisión de carácter firme, dictada en España, sobre la cuestión de que no ha sido trasladada ilícitamente. Por lo tanto, la cuestión ya ha sido juzgada y hay una resolución firme que afirma que el traslado ha sido lícito.

Valoración del Tribunal Constitucional sobre la motivación y el foro de necesidad

El Tribunal Constitucional considera que la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida en el amparo sí ha sido suficientemente motivada: no hay arbitrariedad ni error. La decisión está fundamentada en la necesidad, por el foro de necesidad (vinculación con el territorio, por ejemplo). Se acreditan varios de los requisitos necesarios para que exista un foro de necesidad que garantice la competencia a los tribunales españoles.

No está claro que sea aplicable la fundamentación del art. 8, porque ha habido dos residencias habituales de la menor en ambos países. Se valora la razonabilidad de los resultados: prima la estabilidad que ha alcanzado la menor con ese traslado, no una aplicación rígida y formalista de la ley. El interés superior del menor es la consideración primordial (Convenio de la ONU). Lo importante es que la niña haya alcanzado esa estabilidad.

En consecuencia, no existe falta de motivación por los motivos expuestos: principalmente, no hay legalmente un traslado ilícito; podría haberse planteado una fundamentación en el art. 8, pero no está claro por el tema de la residencia habitual. Al cumplirse varios de los requisitos del foro de necesidad, prima, en todo caso, la estabilidad del menor que se ha alcanzado y, por lo tanto, se deniega el recurso de amparo.

Cuestiones de interés

1.- ¿Tendría que haber considerado la Audiencia Provincial de A Coruña la existencia de un secuestro de la hija por su madre, al trasladarla a España?

No: se considera que no ha sido ilícito al no recurrirse la resolución firme por parte del padre. La Audiencia Provincial está conociendo de la guarda y custodia, no de la sustracción ilícita del menor.

En el Convenio de La Haya (CH) hay una serie de excepciones contempladas en el art. 13 CH, que dispone:

«No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que:

• (a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o, posteriormente, aceptado el traslado o retención;
• (b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave, físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.
• La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones.

Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor.»

Conclusión práctica

En el caso examinado, la existencia de una resolución firme que declara la licitud del traslado, unida a la concurrencia de requisitos del foro de necesidad y al principio de interés superior del menor (estabilidad alcanzada), justifican la negativa del Tribunal Constitucional a estimar el amparo por falta de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Referencias y siglas

• DDFF: Derechos fundamentales.
• CE: Constitución Española.
• FJ: Fundamento Jurídico.
• TC: Tribunal Constitucional.
• AP: Audiencia Provincial.
• R. Bruselas II: Reglamento Bruselas II.
• CH: Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Notas

Se han respetado y preservado los antecedentes y la argumentación original, corrigiendo ortografía, puntuación y mayúsculas/minúsculas para una lectura más clara y optimizada para buscadores.