La Prueba en el Procedimiento Civil: Concepto, Objeto, Carga y Valoración de los Medios Probatorios
Pruebas
Concepto de la prueba
Luego de haber tratado la introducción de la causa, mediante la cual queda planteada la litis con la demanda y su contestación, corresponde ahora estudiar la etapa siguiente: el procedimiento ordinario, denominada en nuestro Código como la introducción de la causa.
Concepto de prueba:
El concepto de prueba procesal es uno de los más discutidos en la doctrina, por los diversos sentidos y acepciones en que se toma. Según Couture, menciona varias acepciones:
- Todo aquello que sirve para averiguar un hecho.
- Forma de verificación de la exactitud de un error o de una proposición.
- Conjunto de actuaciones realizadas en juicio con el objeto de demostrar la verdad o la falsedad.
- Medios de convicción necesarios para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proposiciones formuladas en el juicio: documentos, testigos, etc.
Sin duda que todos estos elementos tienen relación con las pruebas, pero ellos tienden a destacar aspectos diferentes del fenómeno que mal pueden unificarse en el concepto de prueba como acto procesal de parte. Si se considera que la prueba es una carga de la cual pueden liberarse las partes, es evidente y fundamental la promoción de las pruebas, como carga fundamental de ellas, a diferencia de la recepción y apreciación o valoración de las pruebas.
Puede definirse la prueba como la actividad de las partes dirigida a crear en el juez la convicción sobre la verdad o falsedad de los hechos alegados en la demanda o en la contestación.
La prueba es un acto de parte:
La prueba es un acto de parte y no del juez, ya que las partes suministran el material probatorio al juez, del mismo modo que suministran los temas de la prueba en sus alegatos (principio dispositivo, art. 12 del CPC). Corresponde a las partes no solo determinar el alcance y contenido de la causa, sino también la carga de la alegación y de la prueba de los hechos.
El objeto de la prueba
Según Couture, se trata de buscar la respuesta a la pregunta: ¿qué es prueba?, ¿qué cosas deben ser probadas? Aquí el tema adquiere un sentido concreto y no abstracto, sino de determinar qué cosas deben ser probadas en un proceso judicial concreto, en el cual, además del juez que ha de resolver la controversia y a quien van dirigidas las pruebas, concurren con él las partes, interesadas en llevar la convicción del juez a la verdad o falsedad de los hechos alegados.
De allí que el tema del objeto de la prueba, del cual tratamos, comprende fundamentalmente dos grandes apartados: la prueba de los hechos y la prueba del derecho. Esto, en nuestro Código Civil vigente, se encuentra contemplado en el artículo 340, y en el 389 en las circunstancias en que no exista o no haya lugar al lapso probatorio.
Como regla general para introducirnos en el tema del objeto de la prueba, puede afirmarse con Rosenberg que el objeto de prueba son por lo regular los hechos, a veces las máximas de experiencia y rara vez los preceptos fácticos.
La prueba de los hechos
Si bien los hechos son el objeto de la prueba, y son un requisito de forma de la demanda, la relación de los hechos en que se fundamenta la pretensión, algunos autores consideran objeto de prueba los hechos y las afirmaciones, dando lugar así a la duplicidad sobre una misma realidad, pues todo depende de la posición en que nos coloquemos, como dice Andrioni.
En conclusión, puede sostenerse que el hecho en el sentido de objeto de la prueba es todo lo que pertenece a la tipicidad de los preceptos jurídicos aplicables y forma la proposición menor del silogismo judicial.
En cuanto a las pruebas de los hechos existen 3 tipos:
- Hechos trascendentales: los hechos que son objeto de prueba en un proceso determinado.
- Hechos controvertidos: para la mayoría son controvertidos los hechos afirmados y no admitidos. A diferencia del hecho controvertido del hecho dicho, que según este autor es un hecho no solo admitido.
- Hechos negados: en la práctica, el hecho controvertido es el hecho negado o contradicho. Solo excepcionalmente el silencio de la parte acerca del hecho afirmado por la contraria es equiparado por la ley a la declaración a la negación.
La carga de la prueba
Siendo este uno de los temas más controvertidos del derecho procesal moderno, por los diversos puntos de vista desde los cuales puede enfocarse, por las diferentes influencias históricas que pueden encontrarse gravitando sobre el tema, o por la diversa estructura del sistema procesal desde el cual se le considera.
Noción de la carga procesal
La noción de la carga procesal en general es una de las adquisiciones más fecundas del derecho procesal moderno.
La carga de la prueba no solo corresponde al actor, sino también al demandado, según sus respectivas afirmaciones de hecho.
En el proceso civil la carga de la prueba se establece en el interés de las partes, para demostrar sus afirmaciones: "quien alega un hecho debe comprobarlo". Quien tiene la carga de la prueba y no la produce, se perjudica, incluso perdiendo el litigio.
En materia de obligaciones, la carga probatoria de la existencia de la obligación le incumbe al actor, mientras el demandado debe probar su extinción.
Si se trata de hechos constitutivos de la relación obligacional, solo el actor debe probarlo; por ejemplo, si se alega la existencia de un contrato, limitándose el demandado a negarlo. Pero probada la existencia del vínculo obligacional, el demandado debería probar que se extinguió por algún medio legal. Los vicios que afectan al contrato deben ser probados por quien los alega.
La inversión de la carga de la prueba ocurre en los casos de presunciones legales iuris tantum, o sea, en aquellos casos en que la ley presume ciertos hechos, y quien pretenda negarlos debe probarlo; por ejemplo, en el caso de las cosas muebles, donde la posesión vale título.
Los medios de prueba
La génesis del derecho depende de la realización de acontecimientos o conductas llamados hechos, a los cuales la ley atribuye una consecuencia jurídica. En sentido estricto, la tutela del derecho, encomendada al juez mediante el acto jurisdiccional, solo logra realizarse cuando el juez puede establecer la debida correspondencia del acontecimiento o hecho producido en la realidad con la norma jurídica. Según se ha dicho, en toda prueba hay al menos dos hechos distintos: uno que puede llamarse hecho principal, o sea, aquel cuya existencia o inexistencia se trata de probar, y otro, denominado hecho probatorio, que es el que se emplea para demostrar la afirmativa o negativa del hecho principal. En definitiva, la doctrina moderna distingue cuando habla de fuente de prueba y medio de prueba.
Para mayor claridad: la fuente es un concepto meta jurídico, extrajurídico, que corresponde forzosamente a una realidad anterior y extraña al proceso, mientras que el medio es un concepto jurídico y absolutamente procesal. La fuente existirá con independencia de que siga o no el proceso.
También Carnelutti, al hacer la distinción entre medio y fuente de prueba, parte de las diferencias estructurales entre la prueba directa e indirecta. Considera que el tipo simple de la prueba directa presenta el contacto inmediato entre el juez y el hecho a probar. Llama medio de prueba a la actividad del juez mediante la cual busca la verdad del hecho a probar, y fuente de prueba al hecho del cual se sirve para deducir la propia verdad.
Legalidad y libertad de los medios de prueba
Tradicionalmente, nuestro Código de Procedimiento Civil establecía: "Los medios de prueba podrán emplearse en juicio serán únicamente los que determina el Código Civil". A su vez, según el Código Civil, los medios de prueba de las obligaciones son los instrumentos públicos, los privados, las tarjas, las copias de documentos auténticos, el instrumento de reconocimiento, la prueba testimonial, las presunciones, la confesión, el juramento, la experticia y el reconocimiento o inspección ocular.
Por ello, como se ha visto, a principios de siglo había observado que las estrechas relaciones entre el derecho y la prueba no son más que una relación de hecho, de la cual no nace necesariamente una relación de derecho; es decir, no deriva la consecuencia de que el derecho deba estar acompañado hasta la muerte, a través de cualquier cambio de ley o de costumbre.
En el Código de Procedimiento Civil venezolano se asocia a esta corriente moderna el numerus apertus de los medios de prueba, y en su artículo 395 se establece: "Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República".
Características del sistema de libertad de los medios de prueba
Es conveniente el estudio de las características del nuevo sistema de los medios de prueba, en atención al vínculo que une la prueba a la acción y a la defensa. En nuestro Código Procesal Civil, en el artículo 395, se deducen las siguientes características:
- Los medios de prueba libres funcionan concurrentemente con los medios de prueba legales, sin que puedan considerarse aquellos como subsidiarios o supletorios de estos. En ninguna parte de la norma del artículo 395 puede encontrarse la necesidad de establecer una relación del medio no previsto con aquellos legales; tiene el significado de exaltar la igualdad entre todos y permitir la elección de un medio innominado no determinado por el Código Civil.
- La concurrencia de ambos sistemas hace posible la complementación, necesaria en algunos casos, de diferentes medios entre sí, nominados e innominados. Esta complementación está expresamente autorizada en el nuevo Código para diferentes medios legales en el artículo 475 y en la reproducción y experimentos (artículo 502).
- Los medios de prueba innominados se promueven y practican aplicando por analogía las disposiciones relativas contempladas en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República, y en su defecto en la forma que señale el juez.
Los momentos de la prueba. El lapso probatorio
El lapso probatorio es el espacio de tiempo que va desde la apertura del lapso de promoción (arts. 388-396 CPC), hasta la conclusión del lapso de evacuación (art. 400 CPC), reservando para el capítulo siguiente el estudio del sistema de valoración de las pruebas adoptado en el nuevo Código.
La apertura o inicio del lapso probatorio se produce en nuestro sistema automáticamente, sin necesidad de decreto o providencia del juez, ni de petición de las partes.
Esto es manifestación de dos principios fundamentales de nuestro procedimiento: el de que las partes quedan a derecho una vez practicada su citación para la contestación de la demanda, sin que haya lugar a nueva citación para ningún otro acto del juicio (art. 26 CPC); y el principio de orden consecutivo legal con la fase de preclusión, que no los fija el juez sino que lo establece la ley, en los arts. 196 y 202 del CPC.
b) La regla general de la apertura del lapso probatorio tiene excepciones, en las cuales no hay lugar al lapso. Según el art. 389 del CPC, no habrá lugar al lapso probatorio:
- Cuando el punto sobre el cual versare la demanda aparezca así por ésta como por la contestación.
- Cuando el demandado haya aceptado expresamente el hecho narrado en el libelo y haya contradicho solamente el derecho.
- Cuando las partes de común acuerdo convengan en ello o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho.
- Cuando la ley establezca que solo es admisible la prueba instrumental, la cual en tal caso deberá presentarse hasta el acto de informes.
En cuanto al cómputo del lapso probatorio, ya nos hemos referido a ellos al tratar el tema de los términos o lapsos procesales, en el cual se expuso el sistema de cómputo adoptado en el nuevo Código y, en particular, el del lapso probatorio.
La promoción de las pruebas
En nuestro sistema, la promoción de las pruebas es la primera fase del lapso probatorio, que se divide en dos períodos: el de promoción y el de evacuación de las pruebas.
Como lo indica el art. 392 del CPC, si el asunto no debiera decidirse sin pruebas por no encontrarse comprendido en ninguno de los casos de excepción en los cuales se excluye el lapso, el término para las pruebas es de 15 días para promoverlas y 30 para evacuarlas, computados como se indica en el art. 197 CPC.
La regla general de la promoción de pruebas la establece el art. 396 del CPC, según la cual, dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposición especial de la ley. Es un lapso perentorio y preclusivo, salvo excepciones.
Existen diversas excepciones a la regla anterior:
- Algunas pruebas deben promoverse con el libelo de la demanda, tal como el instrumento público o privado en que se fundamente la presentación, es decir, aquellos de los cuales se deriva inmediatamente el derecho.
- Otras pueden ser promovidas en todo tiempo, no solo en el que comprende el lapso de promoción y evacuación de las pruebas: las disposiciones juradas, las cuales solo pueden efectuarse desde el día de la contestación, después de esta hasta el momento de comenzar los informes de las partes para sentencia (art. 405).
- Los instrumentos públicos, que no es obligatorio presentar con la demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, con la excepción que hace el art. 43 CPC.
El lapso de la oposición
Vencido el lapso de la promoción de las pruebas, se abre seguidamente, el lapso de oposición a las mismas, el cual tiene una duración de 3 días, como lo indica el art. 397 CPC.
Este es un lapso de mucha trascendencia en el procedimiento probatorio, pues en él se concreta aún el principio de control y fiscalización de las pruebas, mediante el cual se asegura a las partes, en esta etapa, la garantía de la defensa y la eficacia del contradictorio.
Según la nueva disposición, las partes no solo pueden expresar en dicho lapso si convienen en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, a fin de que el juez pueda establecer aquellos hechos en los cuales las partes están de acuerdo.
En la práctica se observa frecuentemente que las partes no llenan la formalidad de expresar si convienen alguno de los hechos que trata de probar la contraria con las pruebas promovidas.
El contenido de la oposición puede referirse al medio de prueba o a lo que se pretende probar con el medio. En este campo es importante la cuestión terminológica, pues ella excede de la simple semántica, para penetrar en los conceptos o significados que deben atribuirse a las palabras.
Oposición al medio de prueba
La oposición de la parte al medio de prueba promovido por la contraparte puede formularse por 2 motivos diferentes: la ilegalidad y la inconducencia del medio, ya sea que se trate de prueba legal o libre. Ambos motivos suponen la falta de requisitos de legalidad y conducencia, que son intrínsecos al medio, por lo cual dicha falta es causa legal de inadmisibilidad de la prueba. A su vez, hay otros motivos que tienen que ver con el medio no intrínsecamente sino formalmente, como ocurre con las condiciones corporales y de forma de promoción de medios, la legitimación y la postulación para la prueba, la competencia del juez, etc.
La evacuación de las pruebas
Es el proceso que cierra el procedimiento de pruebas para el proceso, con excepción de aquellas que puede ordenar el juez de oficio una vez concluido el lapso probatorio (art. 401 CPC).
El lapso ordinario destinado a la evacuación es de 30 días y se cuenta a partir de la admisión de las pruebas o desde que estas se tengan admitidas (art. 400 CPC).
Durante la evacuación adquiere también gran interés y trascendencia el contradictorio y la fiscalización de la prueba, especialmente aquellas que, por su naturaleza propia, no pudieron ser controladas en el campo de la promoción de pruebas. Así ocurre con la prueba de confesión y con la testimonial:
- Confesión: la parte puede reclamar al juez por impertinencia de alguna pregunta formulada al absolvente de las posiciones, y el juez puede eximirlo de contestarla (art. 410 CPC), pero siempre el juez puede desestimar en la sentencia definitiva aquellas contestaciones que versen sobre hechos impertinentes.
- Testimoniales: la parte contraria puede acudir a la prueba promovida (art. 485 CPC), mediante preguntas sobre los hechos a que se haya referido el interrogatorio. La parte trata de aclarar, rectificar o invalidar lo dicho por el testigo, lo que tiene importancia para la valoración del mismo por el juez en la etapa de decisión de la causa.
- La experticia: las partes pueden concurrir personalmente o por apoderados y hacer las observaciones que crean convenientes a los expertos, pero deberán retirarse para que los expertos deliberen solos (art. 463 CPC).
- Inspección judicial: las partes, representantes y apoderados pueden hacer al juez de palabra las observaciones que estimen conducentes, las cuales se insertarán en las actas, si así lo pidieren (art. 474 CPC).
En todos los actos de evacuación de pruebas, las partes pueden ejercer y hacer valer los derechos que les correspondan, a fin de que la evacuación se realice en las condiciones de tiempo, lugar y espacio debidas.
La valoración de pruebas
Es uno de los procesos más graves dentro de este tema, ya que de él depende la justicia de la decisión. En efecto, la valoración de las pruebas que exige la decisión debe conducir al juez a la convicción razonada acerca de la verdad que les hayan transmitido los medios de prueba, pues como observa Cossio, el "ser" ontológico de la sentencia es "ser valoración jurídica como justicia". Solo en las sentencias que constituyen proporción razonada aparece con plenitud que se fundan en el ser ontológico de las mismas, en cuanto a que su ser es ser valoración jurídica.
Como se ha visto antes, la prueba es prueba de parte y va destinada al juez con el fin de formar su convicción acerca de la verdad de los hechos en que se fundamentan la pretensión y la defensa o excepción. El tema que ahora tratamos nos lleva a considerar, por una parte, la relación en que se encuentra el juez con los medios de prueba aportados en la etapa de instrucción, lo que hace necesario examinar cómo influyen los distintos medios de prueba en la convicción del juez.
Convicción del juez y medios de prueba
Con la finalidad de la prueba se procura al juez la convicción de la verdad o falsedad de los hechos aportados, y el juez tiene el deber de atenerse a lo probado en autos (art. 12 CPC), y no declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella (art. 254 CPC).
La plena convicción no la obtiene el juez generalmente con un solo medio de prueba, sino con el concurso y la variedad de medios aportados al proceso; tampoco basta para llegar a ella una convicción meramente objetiva o caprichosa del juez; el convencimiento implica debe ser la resultante lógica de un examen analítico de los hechos y de la apreciación crítica de los elementos de prueba.
Enseña Cossio: "Cuando el juez procede por la convicción razonada de que el fallo expresa el verdadero sentido axiológico del caso, realizando todos los valores positivos del ordenamiento, no importa que el fallo concuerde o discrepe con los precedentes, la sentencia va apoyada en la fuerza plena de la verdad".