Prueba, presunciones, ficciones y notificación en el derecho tributario español
1. Carga de la prueba
Tendrá la carga quien pretenda hacer valer su derecho y deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
Criterio de facilidad probatoria
Probará la persona que tenga más facilidad para probar los hechos. La Administración tributaria deberá probar la realización del hecho imponible de la obligación, la magnitud que sirva para determinar la base imponible y los elementos de cuantificación, y las circunstancias que determinan que el hecho imponible se le atribuya al obligado.
¿Qué puede probar el obligado? Los hechos que invoque y que impedirán el nacimiento de la obligación o su exención, y las circunstancias o supuestos de extinción o beneficios fiscales. El obligado cumplirá también con el deber de probar cuando designe elementos de prueba que ya tenga a su disposición.
2. Normas de medios y valoración de la prueba
Principios
Principios: no limitación de medios de prueba (presentar la prueba que estime oportuna); de libre apreciación de la prueba (se interpretan las pruebas de forma individual para posteriormente hacer una apreciación conjunta de todas); de facilidad probatoria (la Administración tributaria, dentro de los medios a su alcance, deberá ayudar al interesado a conseguir las pruebas que precisa cuando éste lo tenga más fácil de conseguir); de colaboración con el sujeto pasivo.
Medios probatorios
Documentos privados; documentos públicos; diligencias y actas; libros de contabilidad y registros fiscales; registros públicos; interrogatorio de partes o de testigos; dictamen de peritos (TPC); reconocimiento judicial.
Especialidades
Estados podrán facilitar información que se podrá incorporar al proceso. El carácter prioritario de las facturas para empresarios y profesionales: la factura se usa como prueba documental muy importante, pudiendo justificar el derecho a deducir gastos o aplicar otras deducciones (IVA). La ley propia de cada tributo podrá exigir requisitos formales para la deducibilidad.
4. Presunciones
Son las que la ley configura: presupuesto de cuya realización se deriva como consecuencia el entender producido otro hecho diferente. Si está probado el primer hecho por la Administración tributaria, la ley entiende que ha sucedido el segundo hecho que no conocía.
Presunción iuris tantum
Pueden ser desvirtuadas mediante prueba en contrario. Son válidas sólo si son abstractas y genéricas (presunción de retribución del trabajo por cuenta ajena o cesión a título oneroso de bienes).
Tipos
- Presunción de certeza de titularidad: si el registro público dice que el sujeto es titular de un inmueble, lo será hasta que se pruebe lo contrario.
- Presunción de certeza para obligados de datos y elementos de hecho consignados en liquidaciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos.
- Presunción de certeza de información obtenida de obligados, incluida en sus declaraciones o en contestaciones a requerimientos que se realicen en cumplimiento de obligaciones de información (si hay error cabe rectificación).
Iuris et de iure
Presunciones legales y rígidas que no admiten prueba en contrario.
No previstas en la ley
El tribunal, a partir de un hecho probado, podrá presumir la certeza de otro hecho si entre uno y otro existe un enlace directo.
5. Ficciones
Existen por comodidad para la Administración tributaria o por conveniencia en la lucha contra el fraude. Con ellas se crea un sustrato jurídico distinto a la realidad y se toma como cierto. No se admite prueba en contrario, aunque la realidad no coincida con lo establecido por la ley.
Ejemplo: titularidad de una segunda vivienda. Por una vivienda vacía que no genera rentas por alquileres, en el IRPF debe imputarse como si alguien estuviera viviendo en esa vivienda y estuviera pagando alquiler. Es totalmente constitucional porque lo que se busca es promover el acceso a la vivienda de todo el mundo.
9. Notificación
Ley 30/1992, arts. 58.2, 3 y 4.
Las liquidaciones se notificarán a los obligados conteniendo: texto íntegro del acto administrativo e identificación del destinatario; elemento determinante de la cuantía (base, tipo y demás elementos cuantitativos para calcular el importe de la deuda y obligaciones accesorias; intereses de demora, cómputo de losretrasos y tipo de interés aplicable), al igual que los recargos del artículo 27; motivación; medios de impugnación existentes y órgano y plazo para hacerlo; lugar, plazo y forma para satisfacer la deuda; y carácter provisional o definitivo de la liquidación.
A) Plazo para emisión de notificación
(Art. 58.2): 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se dicte el acto que se pretende notificar. Recibida la notificación, el acto comienza a desplegar sus efectos. Si hay incumplimiento del plazo, no hay consecuencias jurídicas salvo que se deriven daños.
B) Notificación defectuosa
(Art. 58.3 y 4): tiene defectos en la forma de practicar su notificación o en su contenido. Lo serán siempre que causen perjuicio en la defensa del interesado, limiten el ejercicio de sus derechos, o produzcan indefensión, y no producirán efectos. Supuestos: ausencia de elementos esenciales de la liquidación, insuficiente acreditación de conocimiento, ausencia o errónea indicación de los recursos que se pueden interponer (de transcripción, informáticos o mecanográficos) o alegación de defectos en vía procesal.
C) Lugar de notificación
(Art. 110 LGT; 59.2 Ley 30/92): cuando sean iniciadas a solicitud del interesado será el lugar señalado o domicilio fiscal; cuando sean de oficio: domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar donde realice su actividad económica o cualquier otro adecuado para ello. Si se cambia de domicilio debe comunicarlo el obligado.
D) Personas legitimadas para recibir notificación
(Art. 111.1): si el obligado o su representante no están en el domicilio fiscal o en el lugar señalado, existe la posibilidad de entregar la notificación a otras personas, siempre que se identifiquen: vecinos, porteros de fincas y edificios, conserjes de edificios de oficinas, vigilantes de seguridad o familiares.
E) Rechazo de notificación
(Art. 111.2): en caso de rechazo de la notificación se tendrá por notificado continuando el procedimiento y no habrá que intentarla de nuevo. Si otras personas legitimadas la rehúsan se considera intento fallido; el carterero deberá volver a intentarlo en los 3 días siguientes en distinta franja horaria, y hacerlo al menos 2 veces, sin que se notificará por comparecencia, y si no es posible por notificación pública en boletines. Cuando hay rechazo debe dejarse constancia de ello en el expediente. En la notificación por comparecencia, el obligado, si se presentan, pueden negarse a recibir el documento que se les intentó notificar, problema ya que hay que probar que la notificación se ha intentado practicar y ha sido rechazada.
F) Medios de notificación
(Art. 112 LGT): los que permitan tener constancia de: recepción del interesado o representante, fecha, identidad y contenido del acto administrativo. Pueden ser por: agente, correo y telegrama. Por teléfono o fax no, porque no quedaría constancia fidedigna de quien recibe la notificación, fecha y recursos que se pueden interponer.
G) Por medios electrónicos
Para ello el interesado tuvo que haber señalado previamente como preferente, o haberlo consentido expresamente, indicando su dirección electrónica. La notificación se entiende practicada en el momento en que se accede a su contenido. Pero, si teniendo constancia de la recepción de la notificación, transcurren 10 días naturales sin que se acceda al contenido, se entiende rechazada, pero el procedimiento continúa, salvo que de oficio o a instancia de parte se compruebe imposibilidad técnica o material de acceso al contenido. Existe obligatoriedad de comunicarse con la Administración utilizando exclusivamente medios electrónicos, para casos concretos (grandes empresas). No se podrán efectuar en dirección electrónica notificaciones o comunicaciones que incluyan documentos no convertibles a formato electrónico y las que según leyes tengan que practicarse mediante personación en domicilio.
H) Notificación por comparecencia
Se produce cuando es imposible notificar al obligado por causas no imputables a la Administración. Requisitos: tiene que haberse intentado al menos 2 veces en domicilio fiscal y si el destinatario figura como desconocido vale un intento. Lo que hace la Administración tributaria es citar a los interesados mediante anuncios que se publican una vez: la sede electrónica o BOE, boletines de CCAA, provinciales… que se publican los días 5 y 20 de cada mes. Plazo: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en la sede electrónica o en el boletín. Si transcurre el plazo y no comparece, la notificación se entiende producida al día siguiente del vencimiento del plazo. Salvo excepciones, se le tendrá por notificado.