Competencia, legitimación y revisión constitucional en el amparo en Venezuela

Competencia en el Juicio de Amparo Constitucional

(Continuación de la sección 5)

La competencia en materia de amparo constitucional se encuentra regulada en el artículo 7 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (LOA). En principio, cualquier tribunal de la República puede conocer de una acción de amparo. Sin embargo, se otorga preferencia a los tribunales con competencia territorial en el lugar donde ocurrió el hecho, acto u omisión que presuntamente vulnera los derechos constitucionales. Esta regla busca facilitar el acceso a la justicia, acercando el tribunal al ciudadano afectado. Existen, no obstante, excepciones a esta regla general, previstas en los artículos 3, 4 y 8 de la LOA, que establecen:

1. Los amparos interpuestos contra altos funcionarios, según lo dispuesto en el artículo 8 de la LOA, así como aquellos contra funcionarios subalternos que actúen por delegación de estos.
2. Las acciones incoadas contra sentencias dictadas en última instancia por los Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando estos tribunales conozcan de la acción de amparo en primera instancia.

3. El conocimiento de las consultas y apelaciones ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando estos tribunales conozcan de la acción de amparo en primera instancia.

Legitimación Activa y Pasiva en el Amparo Constitucional

Legitimación Activa

Según el artículo 1 de la LOA, toda persona natural o jurídica, incluyendo extranjeros, tiene legitimación activa para interponer una acción de amparo. Esto incluye a los habitantes en el extranjero.

Legitimación Pasiva

La legitimación pasiva recae sobre los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, por sus hechos, actos u omisiones. También procede contra ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen con violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por la ley.

Naturaleza del Amparo

El amparo constitucional posee una naturaleza dual:

• Derecho sustantivo: Es una garantía, un derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos).
• Derecho adjetivo: Es una acción, una demanda con una pretensión específica, con requisitos y límites particulares.

Es importante destacar que el amparo contra sentencias no analiza el fondo del asunto principal, sino que se limita a verificar si en la sentencia impugnada se violó un derecho fundamental.

Supuestos de Procedencia de la Revisión Constitucional

El artículo 336 de la CRBV otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la potestad de revisar fallos definitivamente firmes de los demás tribunales del país (incluidas las demás salas del TSJ). Esta potestad se fundamenta en la función de la Sala Constitucional como máxima y última intérprete de la Constitución.

Los supuestos de procedencia de la revisión constitucional son:

1. Sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por cualquier tribunal.
2. Sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas.
3. Sentencias definitivamente firmes que se aparten u obvien, expresa o tácitamente, alguna interpretación de la Constitución establecida por la Sala Constitucional en decisiones anteriores (control constitucional errado por indebida aplicación de la norma constitucional).
4. Sentencias definitivamente firmes que incurran en un error grotesco en la interpretación de la Constitución o que obvien por completo la interpretación de la norma constitucional (control constitucional errado).

5. Adicionalmente, la Sala Constitucional, en su sentencia No. 1225 del 19 de octubre de 2000, estableció que el juzgamiento judicial de la constitucionalidad (control difuso) debe ser enviado de oficio a la Sala para el ejercicio de la revisión constitucional.