Autonomía de la voluntad y buena fe en el derecho privado

1. Principio de la Autonomía de la Voluntad

Este principio se encuentra recogido principalmente en el Art. 1545 del Código Civil (CC), donde se establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes.

En el ámbito del derecho privado, las personas gozan de libertad para crear sus propios actos jurídicos, según la conveniencia de sus propios intereses, siempre que no vayan contra la ley, el orden público y las buenas costumbres. Las partes de la convención podrán, en consecuencia, dar el contenido que deseen a sus actos jurídicos, modificar las normas establecidas para determinados actos o contratos, o contratar, incluso, sobre materias no contenidas en el CC. Por lo mismo, se suele señalar que la voluntad es la fuente y medida de los derechos y obligaciones de los actos jurídicos. Esto se resume en que, cumpliéndose los requisitos mínimos que establece la ley, debe dejarse a los particulares que, en forma libre y soberana, concreten los acuerdos o convenciones que estimen necesarias para la obtención de sus intereses.

Es necesario señalar que este principio otorga a los particulares la facultad de autodeterminarse, destacando que opera de forma diferente en las distintas materias del Derecho Civil.

Límites a la Autonomía de la Voluntad

La autonomía de la voluntad no es absoluta; se encuentra limitada por diversas razones, principalmente porque el derecho es un freno a la libertad individual, en garantía a la libertad de todos.

Límites:

• a) La ley
• b) El orden público
• c) Las buenas costumbres
• d) Los derechos ajenos

En cuanto a la ley, limita la autonomía de la voluntad en dos aspectos, ya que un acto voluntario no puede transgredir la ley, y, además, no puede hacer dejación de los derechos que la ley declara irrenunciables.

Con respecto al orden público y las buenas costumbres, son conceptos que no han sido definidos por el legislador. Se entiende como orden público “la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad”, y el Código Civil se refiere a él en los artículos 880, 1461, 1467 y 1475. A su vez, entendemos por buenas costumbres “aquellos usos uniformes que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social”. No se trata de usos cuya contravención esté penada por ley, ya que entonces nos encontraríamos en presencia de una infracción legal. Es un concepto difícil de precisar y que cambia de una sociedad a otra, o dentro de la misma, por el transcurso del tiempo.

Por último, la autonomía de la voluntad tiene una clara y amplia limitación, en cuanto no puede atentar contra los derechos legítimos de terceros. Como ejemplo encontramos el artículo 582, que define el dominio y señala que es un derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley “o contra derecho ajeno”.

2. Principio de la Buena Fe

En derecho privado se protege la buena fe, y consecuencialmente, se castiga la mala fe, estableciéndose diversas sanciones civiles en el campo del derecho privado a la violación de la buena fe.

Este principio no está contemplado en una fórmula general, pero se puede desprender de todas las instituciones que regula el Código Civil.

Es necesario señalar que en el campo contractual, la mala fe no siempre se va a manifestar como una intención positiva o una acción, sino que también puede significar una actitud negligente o culpable, y además, no siempre se dirige necesariamente contra otra persona, ya que puede ser motivada por un deseo de beneficio personal, o por tratar de eludir requisitos o prohibiciones legales.

La buena fe puede entenderse desde dos perspectivas:

• a) Estar de buena fe: se trata de una actitud mental, consistente en ignorar que se está perjudicando ilegítimamente un interés ajeno o no tener conciencia de que se está obrando contra derecho. Es la conciencia de conducirse en el mundo jurídico, sin lesionar derechos ajenos.

  Este aspecto de la buena fe se manifiesta en el Art. 706, que la define en materia posesoria como “la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio”. Este artículo, si bien está establecido en materia de posesión, se establece como una norma de aplicación general, ya que importa una buena fe subjetiva.

  Este aspecto de la buena fe se considera, por ejemplo, en las siguientes disposiciones: Art. 706, 906 y ss., 913, 1267, 1576, 1916, 2202, 2295, 2297, 2468.

• b) Actuar de buena fe: Es la fidelidad y respeto de las obligaciones que emanan de un determinado acuerdo de voluntades, o también, observar la conducta necesaria para que se cumpla, en la forma comprometida, el interés ajeno. En este sentido, hablamos de la buena fe objetiva, que dice relación con ciertos “estándares jurídicos” (el buen padre de familia, el buen comerciante) o conductas tipo, exigiéndose a los individuos que desplieguen una conducta asimilable a dichos patrones predeterminados, de carácter objetivo. Art. 1546.

  Este segundo aspecto de la buena fe se encuentra consagrado en diversas disposiciones: 1590 y 1591, 1670, 1672, 1548, 1549, 1827, 1858, 1861, etc.