Principios de la Financiación Autonómica en España: Solidaridad, Unidad e Igualdad

Principio de solidaridad

La solidaridad constituye, junto con la autonomía, la clave de bóveda que sustenta la nueva organización territorial del Estado. El principio de solidaridad es un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la nación española. La solidaridad interterritorial obliga al Estado a velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

Principio de unidad

Nuestra Constitución Española garantiza tanto la unidad de España como la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que necesariamente obliga a buscar un adecuado equilibrio entre ambos principios. La exigencia del principio de unidad se proyecta tanto en el orden económico general como en el específicamente tributario, correspondiendo al legislador estatal la fijación de los principios o criterios básicos de general aplicación en todo el territorio nacional.

Principio de igualdad

Proyectado sobre la distribución del poder entre los distintos entes públicos territoriales del Estado, se manifiesta básicamente en las exigencias del artículo 139.1 CE y del artículo 138.2 CE. Corresponde al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

Principio de territorialidad de las competencias

La eficacia y el alcance territorial de las normas y de los actos de las Comunidades Autónomas viene impuesto por la organización territorial del Estado y responde a la necesidad de hacer compatible el ejercicio simultáneo de las competencias asumidas por las distintas Comunidades Autónomas. El artículo 157.2 CE dispone que no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

La prohibición de doble imposición

Dichos tributos no podrán recaer sobre los hechos imponibles gravados por el Estado. Otro tanto impide el establecimiento y gestión de tributos económicos sobre las materias que la gestión del régimen local reserva a las corporaciones locales, fuera de los supuestos que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contempla, y aun en estos supuestos habrán de establecerse las competencias pertinentes.

Ingresos patrimoniales

Las Comunidades Autónomas cuentan asimismo con los rendimientos procedentes de su patrimonio y con los ingresos de derecho privado en general: adquisiciones a título de herencia, legado o donación, e ingresos derivados de explotaciones económicas particulares con capital público.

Ingresos derivados de las operaciones de crédito

La LOFCA incluye entre los ingresos de derecho público de las Comunidades Autónomas el producto de las operaciones de crédito, que constituyen fuente complementaria, nunca principal. Las operaciones de crédito en el extranjero y la emisión de deuda o cualquier otra aplicación al crédito público precisarán autorización del Estado. Se señala igualmente que la deuda pública de las Comunidades Autónomas y los títulos de valores de carácter equivalente emitidos por estas estarán sujetos a las mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública del Estado.

El poder financiero de las Comunidades Autónomas en materia de gasto

La autonomía política de las Comunidades Autónomas y su capacidad de autogobierno se manifiestan en la capacidad para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia. La Constitución Española nada dice acerca del régimen presupuestario de las Comunidades Autónomas.

La estabilidad presupuestaria

Exige que se consigne el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a las Comunidades Autónomas, al tiempo que prevé la prórroga presupuestaria cuando no se aprueben los presupuestos antes del primer día del ejercicio, y establece la necesidad de que los presupuestos autonómicos se elaboren con criterios homogéneos, de forma que sea posible su consolidación con los presupuestos del Estado.

Comunidades Autónomas con régimen especial

País Vasco

El marco jurídico positivo que establece el régimen financiero del País Vasco arranca en la Constitución Española. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco se regularán por el distinto foral tradicional de concierto económico o convenio.

Navarra

Se rige por el sistema tradicional del convenio económico. De acuerdo con el mismo, Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. Rige en Navarra el sistema de cupo.