La Primera Guerra Carlista y la Crisis del Liberalismo en España (1833-1868)

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Regencia de María Cristina y el inicio de la Primera Guerra Carlista

Tras la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, la corona de Isabel II, de tres años de edad, fue sustituida por la regencia de su madre, María Cristina. Este hecho desencadenó la Primera Guerra Carlista, un conflicto civil que enfrentó a quienes defendían los derechos sucesorios de Isabel y a quienes apoyaban a Carlos María Isidro, hermano del difunto monarca.

El conflicto tuvo una fuerte dimensión ideológica: el liberalismo se convirtió en el apoyo de Isabel, mientras que el carlismo agrupó a los sectores conservadores del Antiguo Régimen, como el campesinado, la baja nobleza y el clero rural.

Desarrollo del conflicto

La regente, para conseguir apoyos, adoptó una serie de reformas liberales que condujeron a la implantación de un sistema constitucional. Se unieron a la causa isabelina las burguesías comerciales y manufactureras, así como parte de la nobleza. Además, Isabel contó con el respaldo de Gran Bretaña, Francia y Portugal a través de la Cuádruple Alianza, así como de Rusia y Austria en otros aspectos.

La larga duración del conflicto y el consecuente debilitamiento del Estado, unidos a la crisis económica de los años 30 y a las dificultades de la hacienda pública, impidieron sofocar las revueltas, lo que dio paso a una guerra abierta.

Zumalacárregui y el giro del conflicto

El general Zumalacárregui unificó las partidas carlistas y las convirtió en un ejército regular. Su muerte durante el asedio de Bilbao supuso un duro golpe para el carlismo y la guerra entró en una nueva fase, caracterizada por la organización de expediciones militares, con las que las tropas carlistas recorrían gran parte del territorio nacional.

El Convenio de Vergara

En 1837, el ejército liberal, dirigido por Espartero, tomó la iniciativa gracias al apoyo económico del Estado y a nuevos reclutamientos. Asimismo, la división del bando carlista resultó decisiva: los transaccionistas, liderados por el general Maroto, buscaban un acuerdo para terminar la guerra, mientras que los intransigentes se empeñaban en defender al pretendiente en el trono.

La firma del Convenio de Vergara entre Maroto y Espartero puso fin a la guerra en 1839, y Carlos María Isidro abandonó España, aunque el general Cabrera continuó la lucha durante algún tiempo.

Consecuencias

La guerra supuso una enorme pérdida de vidas humanas y de recursos económicos, retrasó la industrialización, dificultó el comercio y agravó la crisis agraria. Sin embargo, sus consecuencias más importantes fueron de carácter político: se propició la aceleración de la revolución liberal y el ejército adquirió un protagonismo notable en la vida del país. El carlismo no desapareció, sino que resurgió en periodos críticos con dos nuevas guerras, en 1846 y 1872.

El gobierno de Bermúdez y las reformas liberales

Bermúdez de Castro, jefe del gobierno a la muerte de Fernando VII, continuó con una política basada en el reformismo ilustrado. Adoptó la división provincial con la que se pretendía la centralización y unificación del territorio, hasta entonces fragmentado en distintas jurisdicciones: señoríos, eclesiásticos, realengos y otros. Cada provincia tenía un jefe político.

Sin embargo, las reformas resultaron insuficientes para los liberales, que exigían cambios más profundos. Tras la amnistía decretada por María Cristina, regresaron del exilio y la regente se vio obligada a llamar a Martínez de la Rosa para realizar una transición hacia el liberalismo. Se otorgó el Estatuto Real, una carta otorgada sin intervención de las Cortes constituyentes, en la que no aparecía el principio de soberanía nacional.

La gestión de Martínez de la Rosa y su caída

La gestión de Martínez de la Rosa fue descontenta tanto por los liberales progresistas, que la consideraban reacia al cambio, como por los sectores más conservadores. Su caída llegó en un contexto de crisis política, crisis agraria y epidemia de cólera, que provocaron revueltas populares.

Los disturbios populares se hicieron incontrolables: se quemaron conventos, se asesinó a frailes por su adhesión al absolutismo y se difundió el rumor de que los religiosos propagaban la epidemia. La movilización política fue liderada por la burguesía liberal más radical, que contaba con dos instrumentos básicos: la Milicia Nacional, cuerpo armado creado en las ciudades para defender del ataque carlista, y las Juntas, que ocuparon el vacío de poder de un Estado debilitado por la guerra y las dificultades económicas, contando con el apoyo popular.

El gobierno de Mendizábal

El ambiente de crisis dio lugar a la aparición de juntas que exigían la convocatoria de Cortes constituyentes, libertad de prensa y ampliación de las milicias urbanas. La regencia puso a Mendizábal al frente del gobierno, de tendencia progresista. Su intento de sacar a flote al Estado se tradujo en la desamortización de bienes eclesiásticos, la reorganización del ejército, la supresión de la Inquisición y la colocación de militares progresistas. Sin embargo, no mejoró la situación económica ni la guerra, y su sustitución intensificó los movimientos revolucionarios.

La crisis obligó a la regente a firmar la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista dirigido por Calatrava, que continuó con la obra de Mendizábal.

La Constitución de 1837

Las Cortes constituyentes elegidas en 1836 tenían como objetivo revisar la Constitución de 1812. El resultado fue un nuevo texto legal que establecía una monarquía constitucional, en la que la soberanía nacional era compartida entre las Cortes y la Corona, y un parlamento bicameral (Congreso y Senado) mediante sufragio censitario. El deseo de las Cortes de conciliar en un mismo texto a progresistas y moderados resultó muy frustrante para ambos.

Inestabilidad política y el ascenso de Espartero

Tras la victoria en las elecciones de 1838, se sucedieron varios gobiernos cuya escasa duración reveló la inestabilidad del periodo. Las diferencias entre moderados y progresistas se resolvían mediante acciones violentas. María Cristina apoyó a los moderados y los progresistas buscaron apartar a la regente. Espartero obligó a María Cristina a abandonar la regencia y huir a Francia, desde donde conspiró para revertir la situación política.

Espartero facilitó que los progresistas obtuvieran mayoría en las Cortes, que lo eligieron como regente. Se inició entonces la práctica del control del poder político por parte de los militares. Espartero se rodeó de un grupo de armados, y su gestión, de carácter autoritario, provocó inestabilidad y conflictos que crearon sus propias medidas. Dentro del propio progresismo se produjo una división interna, al margen del gobierno, y también encontró la oposición de los moderados, que buscaban su derrocamiento.

La revolución de Barcelona y el ascenso de Isabel II

Tras la firma del tratado de libre comercio con Gran Bretaña, se produjo un levantamiento en Barcelona, con bombardeo de la ciudad y represión del movimiento. La regencia de Espartero perdió apoyo. La alianza de progresistas y moderados realizó un pronunciamiento militar dirigido por Narváez, que derrotó a las tropas gubernamentales y a las fuerzas de Espartero, quien tuvo que salir hacia Inglaterra.

Isabel ocupó el trono con 13 años y encargó el gobierno a Narváez, iniciando un periodo de 25 años bajo el dominio del partido moderado.

La década moderada (1844-1854)

El liberalismo doctrinario se materializó con la Constitución de 1845, en la que se consagraba una soberanía compartida entre el monarca y las Cortes. Se mantuvo el sistema bicameral, aunque los miembros del Gobierno eran elegidos por la reina, que favoreció a los moderados. Hasta 1851, Narváez ocupó la presidencia con un poder autoritario y represivo.

Tras la dimisión de Narváez, desbordado por la crisis financiera y los enfrentamientos con la camarilla real, se produjo la quiebra del partido moderado. El movimiento revolucionario, dirigido por O'Donnell, derrocó al gobierno en el pronunciamiento de Vicálvaro (1854), dando paso al llamado Bienio Progresista.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El gobierno, presidido por Espartero y con O'Donnell como ministro de Guerra, tenía como objetivo iniciar un proceso de modernización sobre dos reformas: la redacción de una nueva constitución y medidas económicas. La Constitución de 1856 (nonata) no llegó a entrar en vigor. Las principales reformas económicas destacaron por la Ley de Desamortización General de Pascual Madoz, que puso en venta los bienes propios y comunales de los municipios, así como la ley de ferrocarriles, de crédito y banca, y de sociedades anónimas.

El bienio se caracterizó por la inestabilidad política, con enfrentamientos entre Espartero y O'Donnell. Las revueltas sociales de la época, protagonizadas por grupos desfavorecidos que no habían obtenido beneficios de la revolución, se multiplicaron. La crisis agraria de 1855 obligó a elevar los precios, lo que provocó motines en las ciudades, con el descenso de la producción y el aumento del paro. Se produjo incluso una huelga general en Barcelona.

Las desavenencias entre O'Donnell e Isabel II llevaron de nuevo a Narváez a la jefatura del gobierno. Este período estuvo marcado por la situación política y la crisis económica. O'Donnell ocupó el poder con el partido moderado y la Unión Liberal, grupo creado en torno a O'Donnell que reunía a políticos más a la izquierda de los moderados y a la derecha de los progresistas. Desde entonces se produjo una alternancia en el gobierno.

Crisis final del reinado de Isabel II (1865-1868)

Narváez restableció las instituciones vigentes en la década moderada y mantuvo el orden a toda costa, aunque la trayectoria económica de sus cinco años de gobierno fue tranquila. Los moderados volvieron al poder en el último año del reinado de Isabel II con Narváez a la cabeza hasta su muerte, momento en el que se produjo la quiebra del sistema.

Dos acontecimientos anunciaron la crisis definitiva. En 1865, la llamada "Noche de San Daniel", con la destitución de dos catedráticos que desacreditaban la actuación de la reina, reprimida por el gobierno con doce muertos y doscientos detenidos, aumentó las críticas contra la monarquía. En 1866, la sublevación del Cuartel de San Gil se saldó con doscientos muertos.

Entre 1865 y 1868, la crisis política se agravó: los moderados ampliaron la base de enemigos de la Corona, los progresistas se negaron a participar en la vida política y buscaron la oportunidad en la sublevación, protagonizada por Prim, líder del progresismo, y por militares de la Unión Liberal, que también se alejaron de la vida política. Todo acabó en el Pacto de Ostende, donde se produjo el acuerdo de las fuerzas contrarias a la monarquía: progresistas, demócratas y unionistas liberales, que finalmente derrocaron a la Corona y acabaron con la Constitución de 1845.

A esta situación se sumaron dificultades económicas que atravesó el país por una triple crisis: agraria, financiera y textil.

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