Posesión y usucapión: casos prácticos de Derecho Civil resueltos
Caso práctico nº 1
1.- En relación a cada uno de los sujetos model, indicar qué posesión tienen atendiendo a la clasificación siguiente y qué efectos se derivan de cada una de estas posesiones:
a) Ius possidendi e ius possessionis
Esta distinción se basa en que tenga título o no en la posesión. Cuando en la posesión hay título, hablamos de ius possidendi; por el contrario, si el poseedor no tiene título, se trata de ius possessionis.
El único que tiene ius possidendi es Luis Martínez, mientras que los otros dos sujetos, "Gaspar" y la empresa agrícola "El Huerto", tienen ius possessionis porque no tienen título: el primero porque adquiere la posesión por ocupación, ya que ocupa la finca, y luego alega que lo hace en virtud de un derecho de usufructo mediante manifestaciones públicas.
La empresa "El Huerto" también tiene título, ya que esta adquisición es derivativa (trae causa de otro poseedor). En virtud del principio de que nadie puede adquirir más derechos de los que transmite, quien constituyó el arrendamiento no lo tiene, y por tanto esta empresa también.
b) Posesión en concepto de dueño y posesión en concepto distinto de dueño
El artículo 432 del Código Civil trata sobre esta distinción. Hay que indicar que la posesión en concepto de dueño no se identifica exclusivamente con la posesión como propietario, ya que debe entenderse también como posesión en concepto de titular de un derecho real.
Por tanto, en función de lo establecido en los artículos 947 y 941 del Código Civil, en relación con el artículo 1930 del Código Civil,
así, por usucapión se adquiere el dominio y otros derechos reales. Por tanto, el poseedor en concepto de dueño es Gaspar, y la poseedora en concepto distinto de dueño es la empresa "El Huerto", ya que posee en virtud de un contrato de arrendamiento, es decir, en virtud de un derecho de crédito.
c) Posesión mediata y posesión inmediata
Sobre un mismo bien pueden concurrir varias posesiones que se tienen en conceptos distintos.
Dentro de los distintos poseedores, solo uno tiene la detentación de la cosa. En este caso, la empresa "El Huerto" tiene esa detentación en virtud del contrato de arrendamiento, siendo poseedor inmediato.
Por tanto, Gaspar y Luis son poseedores mediatos.
d) Posesión de buena fe y posesión de mala fe
Posesión de buena fe y posesión de mala fe: artículos 433 a 435 del Código Civil.
Poseedor de buena fe es la empresa "El Huerto", que ignora que en el contrato existe un vicio. Además, el artículo 434 del Código Civil dispone que la buena fe se presume siempre. Poseedor de mala fe es D. Gaspar, que se inventa el título aprovechando la ausencia de su hermano. Esta distinción es importante en relación con la liquidación de la gestión posesoria una vez vencido en la posesión por su hermano.
Caso práctico nº 1 (continuación)
2.- D. Arturo Alba, empleado de la empresa, habita la casa ubicada en la finca y dirige la explotación de la finca, realizando todos los actos y negocios que considera necesarios, como comprar las semillas para la siembra, contratar a los trabajadores de siembra, cultivo y recolección, pagar a los obreros, vender las cosechas, etc. ¿Es considerado poseedor de la finca?
No sería poseedor, sino servidor de la posesión (artículo 443 del Código Civil). Los menores e incapacitados pueden poseer por medio de un representante. La posesión admite la representación (artículo 439 del Código Civil), que se refiere a la posesión voluntaria. Por tanto, la posesión admite que se nombre un representante para realizar actos.
Por lo tanto, Arturo Alba está subordinado al poseedor, actuando de acuerdo con las pretensiones de este. Sería un instrumento y servicio de "El Huerto". No está protegido por interdicto posesorio.
Caso práctico nº 1 (continuación)
3.- D. Octavio Morataya, ¿será poseedor? En caso afirmativo, ¿de qué clase? ¿Cuenta D. Gaspar con alguna acción para impedirlo?
En este caso hay una posesión tolerada. Así, Octavio es poseedor por voluntad y tolerancia de la empresa "El Huerto"; la posesión tolerada se deriva de un comportamiento sin fundamento en título.
Así, se aplica el artículo 444 del Código Civil, que establece que los actos tolerados no afectan a la posesión, y de la que pueden ser despojados y no están protegidos por interdicto. No será poseedor respecto a quien lo tolera, pero sí frente a terceros que quieran introducir su ganado.
4.- Una vez que ha regresado D. Luis, ¿podrá ejercitar el interdicto de recobrar contra los poseedores de la misma para recuperar la posesión?
El artículo 439.1 en relación con el artículo 250.1.4 de la LEC establece un plazo muy breve para la caducidad, que es de un año. Esto está recogido por el artículo 1968.1 del Código Civil. Así, cuando regresa el propietario no tiene posibilidad de este interdicto, ya que es una acción de defensa inmediata, pero sí podrá interponer la acción negatoria.
Caso práctico nº 2
1.- ¿Se debe considerar como fecha de interrupción de la posesión la de interposición o presentación de la demanda?
Según el Tribunal Supremo, por analogía con el artículo 1945 del Código Civil, el momento de interrupción legal de la posesión es a partir de la citación, momento posterior en el cual el poseedor sabe que otro le está reclamando la posesión. Por lo tanto, desde la citación. También ha considerado el Tribunal Supremo como causa de interrupción el requerimiento notarial en el que se exige que se le entregue la cosa.
2.- Comente la afirmación del juez, según la cual, la interrupción legal de la posesión convierte a un poseedor de buena fe en poseedor de mala fe. Diga si Luis ha sido poseedor de buena o de mala fe.
No es suficiente la interrupción legal para que un poseedor de buena fe se convierta en poseedor de mala fe. Así, el artículo 451 se limita a establecer que el poseedor de buena fe hace suyos los frutos hasta que se le cita, pero no que se convierta por ello en poseedor de mala fe.
Según el Tribunal Supremo, la conversión de poseedor de buena fe en poseedor de mala fe no es un efecto automático que se produzca con la citación, ya que cualquier poseedor demandado se ve sometido a una coacción injustificada.
Por tanto, para que sea considerado de mala fe, es imprescindible que lo declare el juez, porque debe existir una razón o prueba justificada o fundamentada, es decir, una prueba plena que demuestre que posee sin título.
En este caso, Luis es poseedor de buena fe porque no se ha probado la posesión de mala fe, y se le aplicarán las normas de los artículos 451 a 458 del Código Civil para el poseedor de buena fe.
3.- ¿Qué clase de frutos se consideran en el caso planteado? ¿A quién pertenece la cosecha del año 2009? ¿Y la del 2010?
Hasta el momento de la interrupción legal de la posesión, los frutos percibidos pertenecen al poseedor de buena fe, y los frutos percibidos incluyen a todos los que hasta ese momento hayan sido, por tratarse de frutos naturales, sacados o alzados, tal y como dispone el artículo 451.2.º del Código Civil. Por tanto, la cosecha de 2009 se considera frutos percibidos y pertenece al poseedor de buena fe.
Los frutos de 2010 son frutos pendientes (no han sido alzados) y, según el artículo 452.2.º, pertenecerán al poseedor vencido y al que lo venza en la posesión, prorrateando el valor de los frutos, descontando a ello los gastos que cada uno de ellos haya invertido en producirlo, atendiendo al momento en que se produce la interrupción.
4.- Supongamos que Natalia concede… ¿Cómo se resolvería en tal supuesto la cuestión de los frutos pendientes?
El artículo 452, párrafo 3.º, del Código Civil da respuesta a esta cuestión; por tanto, pierde el derecho a la indemnización de otro modo. Si se le concede un derecho de opción al que vence para que decida si deja al vencido que recoja los frutos.
Si Luis no acepta continuar con la posesión hasta que se recoja la cosecha, no tendrá derecho ni a que se le abonen los gastos de producción que hizo en el olivar, ni tampoco a recibir lo que le correspondería en su prorrateo del producto líquido obtenido de los frutos por el tiempo que estuvo poseyendo. Lo perderá todo.
5.- ¿Qué calificación merecen los gastos sufragados por Luis? ¿Tiene derecho a su reembolso? Y, en su caso, ¿tiene derecho de retención?
En este caso, los gastos sufragados por Luis son gastos útiles. El poseedor de buena fe puede no abandonar la finca hasta que se le pague todo lo sufragado para el mantenimiento de la finca (artículo 453.2.º). Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe por aquellos que haya adquirido la cosa. En nuestro caso, hay que abonar como gastos útiles los que hizo antes de la interrupción; a partir de la interrupción, el Tribunal Supremo considera que no son gastos útiles, ya que los considera arriesgados por cuenta y cuenta del poseedor, porque según el Tribunal Supremo existe una duda razonable de que no o sí pueda tener título para poseer, y no se puede disponer del dinero ajeno, que es lo que ocurre si hace gastos sin saber si tiene título.
Estos gastos no se abonan al poseedor de mala ni de buena fe, sino que se le concede la facultad de retirarlos siempre que no dañen la finca o cosa a la que esté unida, siempre y cuando quien lo venza no esté dispuesto a abonarle el importe de dichos gastos.
6.- Luis, condenado a devolver el tractor, el tractor queda inservible. ¿Es responsable Luis de estos daños?
En la liquidación también habrá que liquidar los deterioros o pérdidas del objeto de la posesión. A esto se refiere el artículo 457 del Código Civil, distinguiendo entre poseedor de buena fe y de mala fe. El de buena fe, que es el caso, solo responde de los deterioros o pérdidas producidos por una actuación dolosa. En nuestro caso no hay intencionalidad ni dolo, sino negligencia, pero en ningún caso se puede entender que sea un comportamiento doloso; sería una culpa grave, que no equivale al dolo. El precepto exonera de responsabilidad al poseedor de buena fe cuando intervenga culpa en su comportamiento.
Caso práctico nº 3
1.- ¿Obstan los actos posesorios del aparcero y la pretensión de subasta por parte de la fundación a la calificación de pacífica de la posesión del demandado?
Artículo 1941 del Código Civil: para adquirir por usucapión la posesión debe ser pacífica, en concepto de dueño, pública e ininterrumpida. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre lo que debe entenderse por posesión pacífica no es uniforme; encontramos sentencias que dicen que la existencia de contienda implica que la posesión no es pacífica, pero también encontramos sentencias que dicen que posesión pacífica no es equivalente a posesión discutida, sino a posesión violenta. Para la mayoría de la doctrina es lo segundo, porque lo contrario de posesión pacífica es la posesión violenta, es decir, la obtenida mediante la fuerza o violencia, cuando quien posee ha despojado al que estaba poseyendo empleando algún tipo de violencia física o psíquica. El despojado podrá interponer el interdicto de recobrar, que podrá ejercitar en el plazo de un año desde que cesó la violencia; pasado el año sin ejercitar el interdicto, el despojante se convierte en poseedor.
Por lo tanto, hay posesión pacífica porque Juan Arnás, que es el poseedor, ha adquirido porque el otro le vendió la finca, cosa distinta es que quien se la vendió no era su verdadero dueño, que había adquirido de la subasta que hizo el albacea.
2.- ¿Cuál es el título en que se apoya la usucapión de don Juan Arnás? ¿Se trata de un título verdadero y válido?
Si posee cumpliendo los requisitos del artículo 1940 del Código Civil, estaríamos ante una usucapión ordinaria. ¿Qué se entiende por justo título y qué requisitos ha de tener? Artículo 1952 del Código Civil: "Se entenderá por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trata". Luego por justo título solo han de entenderse las adquisiciones derivativas, cuando el usucapiente ha adquirido de un anterior titular o de un anterior poseedor, cuando su posesión trae causa de otro sujeto. El justo título sería el contrato de compraventa, porque es un tipo de adquisición derivativa. El artículo 1954 del Código Civil dice que el justo título nunca se presume; podrá probarlo enseñando la compraventa. El artículo 1953.2.º dispone que "el justo título ha de ser verdadero y válido, pero no dice qué se entiende por ello". Y por verdadero hay que entender que el título sea real, existente. Además de que sea verdadero, dice que tiene que ser válido, entendiendo por válido que reúna todos los elementos o requisitos intrínsecos para la validez del contrato: que exista consentimiento, objeto posible, lícito y determinado, y que exista una causa lícita. En nuestro caso, se trata de un título que reúne todos los requisitos: es justo título, verdadero y válido a los efectos de la usucapión ordinaria.
3.- ¿Hay algún dato que demuestre que el demandado ha poseído en concepto de dueño?
Hay dos clases de manifestaciones: los requerimientos que hacen considerándole verdadero propietario, no permitiendo que nadie perturbe su derecho de propiedad o se produzca perturbación alguna, ejercitando las facultades que le corresponden a este.
4.- ¿Ha existido buena fe por parte de don Juan Arnás durante toda la posesión o, por el contrario, ha dejado de ser poseedor de buena fe cuando la fundación empieza a perturbarle en su posesión?
Ha sido durante todo el tiempo poseedor de buena fe. Los artículos 1950 y 1951 del Código Civil se refieren a la buena fe como otro requisito que ha de concurrir con el justo título para la usucapión ordinaria. Se remite a los preceptos que regulan la buena fe en la posesión (artículos 433 a 436 del Código Civil); el 434 dispone que la buena fe se presume siempre, y quien la niegue le corresponderá la carga de la prueba. En nuestro caso, lo que alega en la demanda para recuperar la posesión es que don Juan Arnás no puede adquirir por usucapión porque no posee pacíficamente.
5.- A resultas de todo lo anterior, ¿cumple o no todos los requisitos para adquirir por usucapión? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
Cumple todos los requisitos: ha poseído en concepto de dueño, ha realizado actos propios del contenido del derecho de propiedad, ha poseído de forma pública, pacífica e ininterrumpida desde que adquirió la posesión hasta que se interrumpe por la demanda, ha poseído con justo título y de buena fe. Luego, como el plazo para adquirir por usucapión ordinaria es de 10 años entre presentes, que es el caso, y lleva 13 años, Juan Arnás ha adquirido por usucapión.
Caso práctico nº 4
1.- ¿Qué pretensión prosperará?
Si se tratara de un supuesto de usucapión ordinaria, la habría adquirido conforme a los requisitos establecidos y el cumplimiento de los mismos.
Si se cumple esto, sobraría la pretensión de adquisición por la construcción del otro. Para adquirir extraordinariamente se requiere el plazo de 30 años para adquirir la propiedad. Ahora bien, existe un requisito, además de si tiene o no buena fe, diferente a que el título sea verdadero.
Esto no lo ha señalado el Tribunal Supremo; se trata de una diferente identidad entre la finca que se está usucapiendo y la extensión que aparece en los documentos. Dice el Tribunal Supremo que no hay tal coincidencia, así que la parte no se verá afectada por la usucapión ordinaria. Por lo tanto, aquí no habría usucapión ordinaria, puesto que la parte invadida no era parte de la adquisición de uno de ellos.
Lo que construye invadiendo una parte de la finca colindante que no es de su propiedad, parte el tribunal que le permita adquirir esa parte, y la otra parte solicita que se destruya la parte del otro que recae en su prioridad (artículos 358 a 365 del Código Civil). Sin embargo, el Tribunal Supremo, desde la sentencia de 31 de mayo de 1959, ha declarado que esa normativa que regula la acción de mayor o menor, en base al principio mencionado, sentencia referida a supuestos en los que la construcción se realiza íntegramente en suelo ajeno. Cuando la construcción ocupa suelo propio y ajeno estamos ante un supuesto no regulado en el Código Civil: construcción extralimitada. En este caso se aplicará un principio, adquisición en suelo construido ajeno, accesión invertida, en este caso el constructor adquiere el suelo invadido ajeno. Para ello el Tribunal Supremo exige 4 requisitos:
1.- Que el terreno invadido sea de menor extensión que el propio donde se asienta la construcción.
2.- Que entre el suelo invadido, el suelo propio y lo construido exista una unidad indisoluble.
3.- Que lo construido en suelo ajeno tenga más importancia que el suelo ocupado.
4.- Que se trate de un constructor de buena fe.
Caso práctico nº 5
¿Es procedente la acción de deslinde y amojonamiento? ¿Por qué?
Se intenta llegar a una solución a través del expediente de deslinde, a través de un acuerdo para establecer por dónde han de ir los linderos (artículos 2020 y siguientes de la LEC de 1881, procedimiento de jurisdicción voluntaria, que no se regula en la vigente LEC). No se puede llegar a un acuerdo; no hay más opción que acudir al juicio en el que las partes hacen valer sus derechos.
En este supuesto:
a) Para que sea la acción ejercitable, la acción de deslinde tiene que tener entre fincas a) confusión de linderos. Con ello también indicamos que en la zona limítrofe tiene que tener la posesión promiscua; en este caso no se dan estos requisitos, porque, tal y como dice el Tribunal Supremo, no hay confusión de linderos ni posesión promiscua cuando hay elementos de cierre, y aquí hay una alambrada que separa ambas fincas, lo que impide que se ejercite la acción de deslinde.
b) Hay usurpación de una franja de terreno que pertenece al vecino: se tiene que ejercitar la acción reivindicatoria para recuperar aquello que se le arrebató. Por tanto, la acción que hay que ejercitar es la acción reivindicatoria, no la de deslinde.
2.- ¿Tenía que haber ejercitado la acción reivindicatoria? ¿Con qué problema se podría encontrar para que prosperara?
La acción reivindicatoria está dirigida a recuperar. Además, cumpliría con todos los requisitos que la jurisprudencia establece:
- Dominus.
- Puede probar que el título dominical se corresponde con su trozo de terreno, sin el cual la propiedad tiene menor cabida.
Problema:
Lo cual justifica que haya interpuesto la acción de deslinde: la acción reivindicatoria ya ha prescrito, porque cuando se invadió la finca, en 1975, han transcurrido más de 30 años. El artículo 1963.1 del Código Civil señala el plazo de 30 años para la prescripción de las acciones reales. Se puede encontrar que el demandado oponga excepciones; la reivindicatoria no la interpone porque tiene alta probabilidad de que sea rechazada, y se da por terminado el procedimiento por haber prescrito la acción.
Caso práctico nº 6
1.- ¿Son válidas las cuotas asignadas a las viviendas que se reserva para sí D. Marcelo?
Para que quede constituida una urbanización privada en régimen de propiedad horizontal es necesario un requisito de forma, que es el título constitutivo de este régimen de propiedad horizontal. No se exige que conste en escritura pública, pero sí que se exige que, sea pública o privada, se haga por escrito. Para que pueda inscribirlo en el Registro de la Propiedad es necesario que conste en documento público. La ley promueve la elevación del documento privado en que conste el título a escritura pública, bien:
a) Impidiendo que el título surta efectos frente a terceros si no se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad.
b) Facultando a los posteriores adquirentes del piso o local en que quedó dividido el inmueble y deseen inscribir la titularidad de su piso, para exigir del propietario originario la inscripción del inmueble.
El título lo puede otorgar distintos sujetos: el promotor, los propietarios existentes de pisos o locales, el juez mediante resolución judicial, los dueños del edificio y el testador. Normalmente lo otorga el promotor o constructor, aunque no antes de iniciar su venta, el adquirente debe también intervenir en su otorgamiento. Para que quede válidamente constituido el edificio privado en régimen de propiedad horizontal, el artículo 5 de la LPH establece requisitos:
a) Descripción detallada del inmueble.
b) Cuota de participación de cada piso o local.
c) Fijación de la cuota de participación.
d) El presidente de la comunidad de propietarios.
¿Qué cláusulas de las establecidas en los estatutos son válidas y cuáles no lo son?
Cláusula estatutaria, mediante la cual el promotor se reserva el derecho a colocar carteles publicitarios en la fachada del edificio. Además de los regímenes que deben constar en el título constitutivo de la propiedad horizontal, se pueden incluir en los estatutos particulares siempre que no se opongan a la ley; estos suelen incluirse para establecer límites de uso de los elementos privativos, en beneficio del promotor que constituye la propiedad horizontal, o consentimiento de uso.
Limitaciones: prohibición de establecimiento en los bajos, locales de uso.
Como consentimiento de uso: sería nuestro caso.
Por tanto, la a) sería válida, según la STS de 21 de marzo de 2007, que dice que sería válida, porque si bien cuando se procedió a la venta de pisos o locales en el contrato no aparecía este consentimiento de uso, al encontrarse esto en los estatutos y estos inscritos en el Registro de la Propiedad, el Tribunal Supremo entendió que podían ser conocidos por el adquirente.
Y en cuanto a la b), esta cláusula también está recogida en los estatutos: el promotor, en el momento en que procede a la venta de los pisos, se queda con la propiedad asignándole una cuota de participación.
Caso práctico nº 7
1.- ¿Prosperarán ambas pretensiones?
El usufructo es un derecho esencialmente temporal, pero la duración del usufructo depende del Código Civil, es decir, del caso en que se beneficie del usufructo una persona física o jurídica.
En cuanto a la persona física: el artículo 469 del Código Civil distingue que el usufructo se haga constituido a favor de una persona física individual o que se constituya a favor de una pluralidad de personas físicas. En el primer caso, el usufructo señalado en el artículo 513.1 del Código Civil como plazo de duración es la vida del usufructuario; luego este, para tener como plazo máximo carácter vitalicio, no puede transmitirlo mortis causa. El Código Civil va a establecer, a su vez, como regla general de la duración de este usufructo establecido en beneficio de varias personas, la regla general hasta la muerte de estos; por lo tanto, lo tiene mientras viva alguna, artículo 521 del Código Civil, que nos permite deducir que lo que sobrevivan a alguno de los cotitulares tras la muerte irá acrecentando su cuota. Esta es la regla general.
El artículo 637 del Código Civil señala que la muerte de alguno de los donatarios usufructuarios extinguirá el usufructo en la parte que le correspondiera. También puede ser llamado a beneficiarse un usufructo en beneficio de varias personas para que, en vez de ser titular simultáneo, lo sea sucesivamente (artículos 640 y 787 del Código Civil). El 787, al que remite el artículo 640 del Código Civil, señala un límite al usufructuario sucesivo: lo establece el artículo 781 del Código Civil para las sustituciones. En este precepto dice que se podrá alegar en testamento un bien para que lo haga adquisición sucesivamente los llamados en beneficio de todas las personas, considerados todos ellos con el límite de que vivan en el momento del fallecimiento. En el caso de que se constituya a favor de una persona jurídica, el artículo 515 del Código Civil establece como límite temporal más de 30 años. Pese a que el artículo 515 no establece una sanción distinta a la del artículo 6.3 del Código Civil, la doctrina ha interpretado la sanción del artículo 6.3 del Código Civil de forma restrictiva.
Caso práctico nº 8
Califique la situación jurídica que crea la mencionada cláusula sexta y responda si prosperarán o no las alegaciones expuestas en la demanda, justificando las respuestas.
1.- Se trata en este caso de la acción confesoria, que es la que interpone alguien de una servidumbre frente a quien pretende vulnerar tal servidumbre. ¿Esta alegación prosperará? No debe prosperar, porque es irrelevante que en el contrato de adquisición se haga referencia a que tiene predio dominante y sirviente, ya que en este caso todos son predios sirvientes y predios dominantes, siendo la servidumbre recíproca. La cláusula obligacional, clasificada así por el Registro Mercantil, no tiene relevancia, porque se beneficiará de efectos a terceros que provoca la publicidad registral, teniendo eficacia erga omnes. Por otra parte, la única posibilidad de que esta cláusula tenga eficacia contra terceros es que aparezca inscrita en el Registro, porque, al ser una servidumbre no aparente, no habría otra forma de conocerla.
2.- La segunda cláusula, en el contrato de compraventa, por lo que se adquiere: este tipo de cláusulas es habitual encontrarla, no puede proclamar efectos contra terceros que no han sido parte, estaríamos admitiendo el contrato con daños a terceros, cosa que no distingue nuestro ordenamiento jurídico. Aunque no estuviera inscrito, el contrato solo surte efectos entre las partes contratantes. En todo caso, en este contrato podrá la parte compradora impugnarlo por ser anulable (artículos 1265 y 1269 del Código Civil).
3.- Tampoco prosperará esta alegación. Solo tendría que ver si se cumplen requisitos del ámbito administrativo, pues la licencia administrativa tiene carácter reglado.
Caso práctico nº 9
1.- ¿Qué podía hacer el acreedor hipotecario para impedir que disminuyera el valor de la finca R y, por tanto, la garantía de su crédito?
Uno de los riesgos característicos de la hipoteca es que no se produce un desplazamiento posesorio; por lo tanto, el poseedor de la cosa u objeto hipotecado puede perjudicar la cosa produciéndole una desvalorización, perjudicando de esta manera al acreedor hipotecario si, llegado el momento del cumplimiento, no lo hace y si se produce o se llega a la fase de ejecución, puesto que la cosa tiene menos valor.
La Ley Hipotecaria, ante este caso concreto, prevé la acción regulada en el artículo 117 LH, que es la acción de devastación. El acreedor hipotecario tiene que probar que, si la cosa objeto de la hipoteca está sufriendo un perjuicio que baja su valor, el juez podrá obligar a que cese la conducta o bien ponerla en administración judicial.
2.- ¿Se extiende la hipoteca sobre la finca R al edificio construido en ella?
El artículo 110 LH, al referirse a la extensión de la hipoteca, excluye los edificios construidos después de constituida la hipoteca y las nuevas agregaciones de terreno. Teniendo el pacto en contrario, el cual establece que en el título se puede establecer la extensión de la hipoteca a nuevo edificio o agregación de terreno; por tanto, se trata de normas positivas (artículo 1.4). Esto encuentra su fundamento en la autonomía privada. El problema lo encontramos con el pacto mencionado anteriormente, a lo que no responde el artículo 110.1 puesto que parece que el mismo promueve la construcción.
3.- Adjudicada la finca J a D. Domingo por ejecución de la segunda hipoteca, ¿subsiste la primera hipoteca constituida?
El artículo 107.3 LH establece que sobre un mismo bien inmueble se pueden constituir más de una hipoteca, y que se pueden constituir hipotecas de forma indefinida.
4.- ¿Cómo puede afectar a D. Domingo el hecho de que la deuda de D.ª Bienvenido frente a D. Alfredo no esté cubierta por el valor de la finca R?
Domingo sería un tercer poseedor que adquiere un bien hipotecado, si bien no asume la obligación. El tercer poseedor responde hasta donde alcance el valor del bien, no responde con su patrimonio propio. La doctrina resuelve la situación del tercer poseedor diciendo que responde con el bien que adquiere, pero no es el deudor del acreedor hipotecario (artículo 126 LH).
5.- Si el valor en venta de ambas fincas fuese insuficiente para hacer efectivo su derecho, ¿podría hacer D. Alfredo?
Bienvenida es la deudora hipotecante, que responde de la deuda con el bien más su patrimonio personal de los bienes (artículo 1911 del Código Civil).