Pactos y Acuerdos en la Administración Pública: negociación, validez y vigencia
Resumen
El texto regula los Pactos y Acuerdos que las Administraciones Públicas pueden concertar con los sindicatos en las Mesas de Negociación para fijar las condiciones de trabajo de los funcionarios. Explica su ámbito y validez, su eficacia cuando afectan a materias reservadas a ley, el procedimiento de renegociación, el contenido mínimo, la publicación, la falta de acuerdo, así como su cumplimiento, prórroga y derogación.
Puntos clave
- Los Pactos se negocian en las Mesas de Negociación y se firman con las organizaciones sindicales legitimadas para determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios.
- Los Pactos solo pueden versar sobre materias del ámbito competencial del órgano que los suscribe y se aplican directamente al personal de ese ámbito.
- Los Acuerdos requieren aprobación expresa y formal de los órganos de gobierno para tener validez y eficacia.
- Si un Acuerdo trata materias reservadas a ley, carece de eficacia directa y el órgano con iniciativa legislativa debe elaborar y remitir la norma en el plazo acordado.
- Ante la falta de ratificación o una negativa expresa, la renegociación debe iniciarse en el plazo de un mes si lo solicita al menos la mayoría de una de las partes.
- Los Pactos y Acuerdos se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa, y los que suceden a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo lo que expresamente se mantenga.
Pactos y Acuerdos en la Administración Pública
En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.
Ámbito y Validez
Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.
Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos.
Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.
Eficacia y Renegociación
Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas en el plazo que se hubiera acordado.
Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes.
Contenido Mínimo y Seguimiento
Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.
Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen.
Publicación
Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial.
Falta de Acuerdo
En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en la ley.
Estructura de la Negociación Colectiva
Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.
Cumplimiento, Vigencia y Derogación
Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo en casos excepcionales y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas.
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.
Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.
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PDF Word HTMLPreguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un Pacto y un Acuerdo en la negociación pública?
Los Pactos se aplican directamente al personal del ámbito correspondiente y versan sobre materias de la competencia del órgano que los suscribe. Los Acuerdos versan sobre materias de competencia de los órganos de gobierno y requieren su aprobación expresa y formal para tener validez y eficacia.
¿Qué ocurre si un Acuerdo trata materias reservadas a ley?
Su contenido carece de eficacia directa. En ese caso, el órgano de gobierno con iniciativa legislativa debe elaborar, aprobar y remitir la norma a las Cortes Generales o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en el plazo acordado.
¿Qué pasa si no hay acuerdo en la negociación?
Tras agotar, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponde a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios, con las excepciones previstas en la ley.
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