Objeción de conciencia: concepto, ámbitos y manifestaciones en el derecho español

Objeción de conciencia

Objeción de conciencia es la negativa a cumplir un deber jurídico por motivos de conciencia. Se producen cuando existe discordancia entre el deber moral y una obligación establecida por un legislador, de modo que el sujeto afirma que, en conciencia, no puede cumplirla. Los motivos deben ser nobles y justos.

Características

1. Conducta no violenta y pasiva, que consiste en no realizar un determinado comportamiento que la ley obliga.
2. No tiene como objetivo primario modificar la ley; solo pretende salvaguardar la conciencia del objetor, ya que se produce porque la ley es injusta, pero no para que deje de serlo.
3. Tiene vocación de legalidad, pretendiendo que del cumplimiento de sus imperativos de conciencia no se deriven sanciones jurídicas.

Concepción jurídica de la objeción de conciencia

Se concibe como valor informador del ordenamiento constitucional, como derecho que deriva de la libertad ideológica, como derecho consistente, derecho fundamental y derecho subjetivo no fundamental.

Existen dos ámbitos:

1. Normativo: solo lo encontramos cuando la ley habla expresamente de objeción en el ámbito militar.
2. Jurisprudencial:
   • STC 15/1982: afirma que, al formar parte de la libertad ideológica, es un derecho general.
   • STC 53/1985: también reconoce un derecho general a la objeción de conciencia.
   • STC 160/1987 y STC 161/1987: sostienen que, si no está regulada, no se admite.

Se observa una contradicción entre estas resoluciones, que puede explicarse por el temor a una explosión de objeciones de conciencia. Por ello, el concepto debe situarse en su hábitat: la sensibilidad jurídica.

Manifestaciones

1. Objeción fiscal

Consiste en la pretensión de no pagar impuestos. El objetor no quiere eludir el pago, sino destinar esa cantidad a un fin distinto al previsto por el Estado.

• Derecho comparado: se han planteado proyectos que no han prosperado (cuáqueros, menonitas, bautistas alemanes).
• Derecho español: no existe ninguna norma que regule esta cláusula. Los casos planteados en España han sido siempre contra el Ministerio Fiscal, y los argumentos han sido la libertad ideológica.

La jurisprudencia ha rechazado siempre estos casos con tres argumentos:

1. No puede admitirse porque es una cuestión política que corresponde al Parlamento aprobar o no.
2. Mientras no esté reconocida legalmente, no puede ejercerse amparándose en la libertad religiosa e ideológica.
3. Si se admitiese, supondría quebrar el principio de no afectación financiera.

2. Objeción al aborto

Consiste en negarse a realizar prácticas abortivas, motivada por la convicción del objetor de que constituyen una infracción grave de la ley moral.

• Derecho comparado: reconocida en casi todas las legislaciones donde existe despenalización del aborto. En EE. UU., todos los estados han establecido cláusulas sobre el aborto; se prohíbe la discriminación del personal médico que lo plantee y, si se lleva a cabo, puede sancionarse en el ámbito civil o penal. Por otra parte, se establece que los hospitales privados pueden establecer prohibiciones. En Europa, todos contemplan la despenalización menos Suecia, que deja en manos de los directores de hospitales tener en cuenta o no las convicciones morales y religiosas de su personal.
• Derecho español: la primera vez que se reguló la práctica del aborto fue en Cataluña, sin hablar de objeción de conciencia. Posteriormente se aprobó una ley que la reguló temporalmente. Actualmente, la LO 2/2010 sí contempla la posibilidad de que los médicos planteen la objeción, aunque limitada a los profesionales.

3. Tratamientos médicos

Se rechazan determinados tratamientos por cuestiones religiosas. Se produce un conflicto entre dos creencias: la conciencia deontológica del médico (obligado a salvar la vida del paciente) y la conciencia del paciente, que lo rechaza.

• Testigos de Jehová: consideran la ingestión de sangre vetada por prohibición divina.
• Christian Science: no admiten ningún tratamiento médico, porque consideran que todas las enfermedades tienen solución mediante la oración, y solo admiten algunos medicamentos.

En estos casos entran en juego distintos derechos de la persona, como el de intimidad personal y familiar, la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos y el derecho al propio cuerpo. Además, confluyen dos intereses: el interés del Estado por preservar la salud de la ciudadanía y el interés de mantener la integridad ética de los profesionales médicos, cuyo objetivo es procurar la salud.

Derecho comparado: según el caso, si el paciente es mayor de edad y capaz, debe respetarse su voluntad, siempre que no existan circunstancias que, a juicio jurídico, hagan necesario algún tratamiento médico. Dentro de este ámbito entra la familia y, de forma más importante, los niños, que dependen económica, emocional y educativamente de la persona adulta. Otro caso es el del menor de edad: la jurisprudencia establece que no hay que respetar la decisión del menor ni de los padres si el tratamiento es imprescindible para salvar la vida del menor.

Derecho español: siempre han existido temas de transfusión de sangre, que solo se han visto en vía penal. Existen dos supuestos resueltos por el Tribunal Constitucional: STC de 26/07/1978 y STC de 22/12/1983.