Normas comunes sobre el procedimiento tributario: inicio, liquidación y notificación
Normas comunes sobre el procedimiento tributario
Las normas comunes sobre el procedimiento tributario se aplican a los tributos y exigen poner en conocimiento de la Agencia Tributaria todos los hechos que determinen la deuda. En algunos casos se exige presentar una declaración de hechos, como en el IRPF o en las autoliquidaciones, que puede acabar siendo solicitud si la cantidad de la deuda tributaria arroja una cantidad a devolver.
Para pedir la devolución de ingresos indebidos o la concesión de beneficios fiscales, el obligado se dirigirá a la Agencia Tributaria mediante solicitud. Si la denuncia es infundada puede archivarse o iniciarse actuaciones que driven en la apertura del procedimiento iniciado de oficio, y la denuncia por la que surgió no será incluida en el expediente del procedimiento.
Iniciación del procedimiento
El procedimiento puede iniciarse:
- De oficio, mediante notificación o comunicación (procedimiento de inspección y recaudación).
- A instancia de parte, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud u otro medio previsto en la normativa tributaria.
Se iniciarán todos en procedimiento de gestión. El contenido mínimo incluye: nombre y apellidos o razón social, NIF y datos del representante (si lo hubiera).
En supuestos de tributos de tramitación masiva, la Agencia Tributaria pondrá a disposición de los ciudadanos modelos normalizados. Hay supuestos en que hay que presentar autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones por medios electrónicos, registros de órganos administrativos a los que se dirigen, cualquier registro administrativo de la AGE, CCAA o EELL, oficinas de correos u oficinas consulares.
Derechos del obligado durante el desarrollo
Los derechos incluyen: no presentar documentos que se requieran si ya se presentaron o están en poder de la Agencia Tributaria (solo certificación); obtener copia, a su costa, de documentos del expediente; entre otros. La Agencia Tributaria está obligada a impulsar el procedimiento ya iniciado.
Trámites en fase de desarrollo
Incluyen la audiencia al interesado, de la que puede prescindirse cuando se suscribe un acto con acuerdo o cuando la normativa reguladora del procedimiento prevea trámite de alegaciones posterior a la propuesta de resolución. No es viable en el procedimiento en vía de gestión donde existan alegaciones posteriores a la propuesta, y en el procedimiento de inspección existe doble trámite de audiencia.
- Trámite de alegaciones: de 10 a 15 días.
- Documentación: comunicaciones, diligencias, informes y actos.
Terminación
A) Resolución: se lleva a cabo con acto de liquidación, debiendo estar motivado en actos de liquidación, comprobación de valores, que impongan obligaciones, que denieguen beneficios fiscales o suspensión de ejecución de actos, y otros que establezca la normativa.
Plazo: establecido por ley para cada procedimiento, sin sobrepasar 6 meses. Se contará desde el inicio del procedimiento (de parte o de oficio).
Falta de resolución: si el procedimiento se inició a instancia del obligado, en ausencia de resolución se produce silencio positivo, salvo en el procedimiento de ejercicio de dicha petición e impugnación de actos, que será negativo. De oficio, si hay efectos favorables será negativo, sin caducidad.
Caducidad: terminación del procedimiento por paralización o transcurso del periodo máximo establecido para su conclusión. Tiene dos tipos: en procedimientos iniciados a instancia de parte, cuando existe paralización por inactividad del interesado, transcurren 3 meses de paralización y se produce la caducidad; en procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables, cuando existe falta de resolución en plazo de la Agencia Tributaria. El transcurso del plazo para resolver sin que se haya producido resolución determinará la terminación del procedimiento por caducidad, lo que no implica que se tenga por extinguido el derecho o facultad que la Administración estaba ejerciendo; el procedimiento, si no se ha cumplido el plazo de prescripción, podrá iniciarse un nuevo procedimiento.
Efectos de la declaración de caducidad: cuando se compute el plazo de prescripción del derecho de la Agencia Tributaria en procedimiento caducado, el inicio del mismo interrumpe el plazo de prescripción; a este efecto se entiende no producido si el procedimiento caduca por falta de resolución en plazo. La apertura de procedimiento sobre obligación implica requerimiento previo y se anula la posibilidad de pagos espontáneos; a este efecto se entiende no producido en procedimientos caducados por falta de resolución en plazo. A partir del momento en que se superó el plazo para resolver sin dictar resolución devengarán intereses de demora. Acarrean caducidad los procedimientos en fase de gestión y sancionador, no así el procedimiento de inspección.
C) Cumplimiento de obligación que hubiera sido objeto de requerimiento.
D) Desistimiento y renuncia al derecho en que se fundamenta la solicitud: en ambos casos siempre que el procedimiento se inicie a instancia de parte.
E) Imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas.
F) Otra causa prevista en las leyes.
8. Liquidación
La liquidación es el acto resolutorio (sobre los hechos a los que se refiere) mediante el órgano competente de la Agencia Tributaria, que realiza operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda o de la cantidad que resulta a devolver (IRPF e IS cuando la cuota sea inferior a la cantidad ya adelantada mediante retenciones y pagos a cuenta). Constituye presupuesto para el inicio del procedimiento de recaudación.
Solo se utilizará en casos en que la Agencia Tributaria considere necesario rectificar autoliquidaciones previamente presentadas por el sujeto pasivo, también cuando el propio sujeto pasivo solicite a la Agencia Tributaria la rectificación de su propia autoliquidación. La Agencia Tributaria no está sujeta a los hechos declarados por el sujeto pasivo y no podrá rectificar esos hechos salvo prueba de que incurrió en error. Si la Agencia Tributaria no se atiene a esos hechos declarados o los rectifica, deberá exponerlo en la motivación. El efecto de la liquidación es causar estado en el procedimiento y se abrirá la vía de impugnación para el obligado.
Clases de liquidación
a) PROVISIONAL: susceptibles de ser rectificadas (nuevos elementos de hecho, sea por comprobación más profunda o nueva investigación), cuando no ha transcurrido el plazo de prescripción, mediante otra liquidación de otro procedimiento tributario. La Agencia Tributaria las dicta cuando aún no ha hecho comprobación total de datos. Se practican en procedimiento de inspección; cuando algún elemento de la obligación tributaria se determina en función de elementos de la obligación no comprobados, mediante liquidación definitiva que no fuera firme; o cuando hay elementos de la obligación cuya comprobación definitiva no ha sido posible durante el procedimiento.
b) DEFINITIVAS: no pueden ser rectificadas, cierran el procedimiento de aplicación de tributos. Los interesados podrán interponer recursos contra ellas o revisarlas en procedimientos especiales. Las dicta la Agencia Tributaria cuando ha hecho todas las comprobaciones, y luego la practica. Lo hace en procedimiento de inspección, previa comprobación e investigación de todos los elementos de la obligación. En ciertos casos con estas características se le puede otorgar carácter de provisional.
9. Notificación
Ley 30/1992, arts. 58.2/3/4. Las liquidaciones se notificarán a los obligados conteniendo: texto íntegro del acto administrativo e identificación del destinatario; elemento determinante de la cuantía (base, tipo y demás elementos cuantitativos para calcular el importe de la deuda y obligaciones accesorias; intereses de demora, cómputo de los retrasos y tipo de interés aplicable), así como los recargos del artículo 27; motivación; medios de impugnación existentes y órgano y plazo para hacerlo; lugar, plazo y forma para satisfacer la deuda; y carácter provisional o definitivo de la liquidación.
A) Plazo para emisión de notificación
Artículo 58.2: 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se dicta el acto que se pretende notificar. Recibida la notificación, el acto comienza a desplegar sus efectos. Si hay incumplimiento del plazo, no hay consecuencias jurídicas salvo que se deriven daños.
B) Notificación defectuosa
Artículo 58.3/4: tiene defecto en la forma de practicar su notificación o en su contenido. Lo serán siempre que causen perjuicio en la defensa del interesado, limiten el ejercicio de sus derechos, o produzcan indefensión, y no producirán efectos. Supuestos: ausencia de elementos esenciales de la liquidación, insuficiente acreditación del conocimiento, ausencia o errónea indicación de los recursos que pueden interponerse (de transcripción, informáticos o mecanográficos) o alegación de defectos en vía procesal.
C) Lugar de notificación
Artículo 110 LGT; 59.2 Ley 30/1992: cuando sean iniciados a solicitud del interesado será el lugar señalado o domicilio fiscal; cuando sean de oficio: domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar donde realice su actividad económica o cualquier otro adecuado para ello. Si se cambia de domicilio debe comunicarlo el obligado.
D) Personas legitimadas para recibir notificación
Artículo 111.1: si el obligado o su representante no están en el domicilio fiscal o en el lugar señalado, existe posibilidad de entregar la notificación a otras personas, siempre que se identifiquen: vecinos, porteros de fincas y edificios, conserje de edificio de oficinas, vigilante de seguridad o familiares.
E) Rechazo de notificación
Artículo 111.2: en caso de rechazo de la notificación se tendrá por notificado, continuando el procedimiento, y no habrá que intentarla de nuevo. Si otras personas legitimadas la rehúsan se considera intento fallido; cartero deberá volver a intentarlo en los 3 días siguientes en distinta franja horaria, y hacerlo al menos 2 veces, sin que se notificará por comparecencia, y si no es posible por notificación pública en boletines. Cuando hay rechazo debe dejarse constancia de ello en el expediente. En la notificación por comparecencia, el obligado, si se presentan, pueden negarse a recibir el documento que se les intenta notificar; el problema es que hay que probar que la notificación se ha intentado practicar y ha sido rechazada.
F) Medios de notificación
Artículo 112 LGT: los que permitan tener constancia de: recepción por el interesado o representante, fecha, identidad y contenido del acto administrativo. Pueden ser: agente, correo y telegrama. Por teléfono o fax no porque no quedaría constancia fidedigna de quien recibe la notificación, fecha y recursos que pueden interponerse.
G) Por medios electrónicos
Para ello el interesado tuvo que haber señalado previamente como preferente, o haberlo consentido expresamente, indicando su dirección electrónica. La notificación se entiende practicada en el momento en que se accede a su contenido. Pero, si teniendo constancia de la recepción de la notificación transcurren 10 días naturales sin que se acceda al contenido, se entiende rechazada, pero el procedimiento continúa, salvo que de oficio o a instancia de parte se compruebe imposibilidad técnica o material de acceso al contenido. Existe obligatoriedad de comunicarse con la Administración utilizando exclusivamente medios electrónicos, para casos concretos (grandes empresas). No podrán efectuarse en dirección electrónica notificaciones o comunicaciones que incluyan documentos no convertibles a formato electrónico y las que según leyes tengan que practicarse mediante personación en domicilio.
H) Notificación por comparecencia
Se produce cuando es imposible notificar al obligado por causas no imputables a la Administración. Requisitos: haber intentado al menos 2 veces en el domicilio fiscal y si el destinatario figura como desconocido vale un intento. Lo que hace la Agencia Tributaria es citar a los interesados mediante anuncios que se publican una vez: la sede electrónica o BOE, boletines de CCAA, provinciales, que se publican los días 5 y 20 de cada mes. Plazo: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en la Sede electrónica o en el boletín correspondiente. Si transcurre el plazo y no comparece, la notificación se entiende producida al día siguiente del vencimiento del plazo. Salvo excepciones, se le tendrá por notificado.