El Estado Moderno y el Absolutismo Monárquico: Origen, Soberanía y Sucesión en la España del Antiguo Régimen
TMA 5
I. Monarquía y Estado
A)
El Estado moderno es la estructura política que, a partir del Renacimiento, encarna la organización del poder en los países occidentales europeos. El Estado del siglo XVI aparece como la institución que ostenta la exclusiva legitimidad del poder público. El Estado surge cuando concurren en la práctica una serie de factores (administración centralizada, sistema burocrático, etc.), mientras que en el plano teórico se reconoce la supremacía del monarca, que recibe el poder directamente de Dios.
Es fuente del poder social interior del cuerpo social y rechaza cualquier superioridad ajena. A lo largo del Antiguo Régimen, el Estado absoluto habría vivido en Europa tres etapas:
- Génesis y formación: desde los orígenes hasta la mitad del siglo XVI.
- Absolutismo problematizado: hasta mediados del siglo XVII.
- Absolutismo maduro: durante la segunda mitad de esa centuria y todo el siglo XVIII, cuyo prototipo se encuentra en el apogeo centralista del despotismo ilustrado.
El Estado es la creación del monarca, donde sobresale la preeminencia del príncipe.
Esta supremacía arranca de la interpretación del origen divino del poder real. Los reyes son vicarios de Dios, ya que ejercen en el mundo su poder en la esfera temporal.
El monarca es quien está facultado para declarar la guerra y quien puede impartir justicia entre los súbditos, sometidos a su autoridad. En esta preeminencia reside la soberanía, siendo soberano aquel príncipe “que después de Dios no reconoce a nadie superior a sí mismo”, según la clásica afirmación de Bodino en el libro primero de La República.
El fin genérico del Estado es la consecución del bien común, lo que significa proteger la religión y la fe, hacer cumplir el derecho y mantener la paz. La defensa de lo religioso no solo viene dada por el argumento doctrinal de que el poder y la misma existencia de la comunidad proceden de Dios, sino por la ética cristiana.
Al Estado corresponde gobernar con justicia y que el derecho sea respetado, por lo que el mismo monarca jura acatar las leyes y observar el ordenamiento jurídico de los reinos. El rey debe velar por la paz de la comunidad, tanto en la defensa ante posibles ataques como en el ejercicio de su derecho a declarar la guerra, que es así una guerra justa.
La unidad, el fortalecimiento y la imposición del Estado constituyen la razón suprema, la razón de Estado, a la que se subordinan todas las demás. Se justifica por sí misma y debe informar el comportamiento del príncipe que quiera gobernar con fortuna.
Este es el mensaje político de Maquiavelo. Su tesis suscitó agudas controversias en el pensamiento político europeo. El maquiavelismo propiamente dicho, como estrategia para lograr o conservar el poder a toda costa, fue objeto de permanentes censuras por los pensadores de los siglos XVI y XVII, e incluso del XVIII.
B1)
La escuela jurídica española del siglo XVI, con Vitoria a la cabeza, arbitró la solución conciliadora entre el absolutismo monárquico y el propio imperio de la ley, defendiendo la necesidad de que el príncipe se sujete a ella a fin de que el poder no degenere en tiranía. Las razones que justifican tal interpretación fueron dos:
- Pese a su supremacía, el monarca forma parte de la comunidad, por lo que la ley lo vincula también a él.
- La ley es concreción de un orden superior que tiene a Dios como punto de referencia, y el monarca sí depende de lo que la ley refleja.
Sánchez Agesta ha destacado la diferenciación existente entre la potestad absoluta o extraordinaria, que desvincularía al monarca de las leyes en casos graves, y la soberanía propiamente dicha, que supone su desvinculación con carácter normal y permanente.
La soberanía entraña la potestad de gobernar, el poder de declarar la guerra o asentar la paz, la potestad legislativa, la administración de justicia y la facultad o privilegio de dispensar del cumplimiento de las normas.
B2)
Hasta el siglo XVIII la sucesión a la corona se rigió por las normas de derecho castellano fijadas en las Partidas. Según ellas, la corona se transmite a los descendientes legítimos del monarca difunto, prefiriéndose los varones a las hembras y los de mayor a menor edad. En defecto de descendientes, heredan los padres, y si estos no viven entran en juego por línea colateral los hermanos del rey que ha fallecido. Se admite el derecho de representación, es decir, la transmisión a los descendientes del derecho al trono del heredero que muere sin reinar.
La Ley Sálica
En 1713, las Cortes promulgan a instancias de Felipe V la ley conocida como Ley Sálica, que derogó el antiguo régimen sucesorio. Esta otorgó preferencia absoluta a la rama masculina, estableciendo un minucioso sistema sobre la base de los derechos de primogenitura y representación.
Tan complejo sistema no sirvió de nada y el propio Felipe V fue el primero en incumplirlo. La Pragmática Sanción no fue promulgada, habiendo de transcurrir casi medio siglo hasta que se publicara en 1830.