Leyes de las Comunidades Autónomas y función legislativa de jueces y tribunales en España
Leyes de las comunidades autónomas
Las leyes autonómicas son aquellas que proceden de las asambleas o parlamentos de las distintas comunidades autónomas (CCAA) de España, y que pueden dictar en virtud de su «autolegislación». Ahora bien, solo podrán hacerlo para regular los asuntos que sean de su competencia, siendo inválidas en otros casos.
Es la propia Constitución la que establece cuáles son esas competencias sobre las que podrán legislar las CCAA, y lo hace de la siguiente manera:
a) Competencias estatales
En su artículo 149 enumera qué competencias o asuntos seguirán siendo regulados por leyes estatales de las Cortes Generales. La lista es amplia: código penal, leyes mercantiles, Código Civil, leyes de sanidad, etc. Por tanto, solo en lo no reservado al Estado podrán las CCAA ejercer su potestad de aprobar leyes propias. Así lo dispone la Constitución en otro artículo, el 148, sobre las competencias que podrán asumir las CCAA.
b) Estatutos de autonomía
La Constitución exige además que en cada Estatuto de Autonomía de cada CCAA se establezcan qué competencias asume finalmente cada comunidad como propias. Los estatutos de autonomía son leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales.
Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 10 y 11, dice:
Artículo 10: Corresponde a la CCAA de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias:
- Organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
- Ordenación del territorio y del litoral.
- Obras públicas de interés para la Región dentro de su propio territorio y que no sean de interés general del Estado ni afecten a otras CCAA.
- Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Región de Murcia, y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios, por cable y tubo.
- Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general, en los términos del artículo 149.1.20 de la Constitución.
Artículo 11: En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la CCAA el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias:
- Sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la Constitución.
- Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.
- Protección del medio ambiente y normas adicionales de protección.
- Régimen minero y energético.
- Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
Es pues, para regular estas materias, para lo que la Asamblea regional podrá dictar leyes regionales. Las leyes regionales tienen también fuerza o valor de ley, si bien solo son válidas y obligatorias en el respectivo territorio de cada CCAA que las dicta.
c) Legislación concurrente
En ocasiones, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía afirman que determinada materia será regulada conjunta y de forma concurrente por la ley estatal y una ley regional. En ese caso, la ley estatal contiene normas básicas y obligatorias para todas las CCAA, y las leyes de cada CCAA contendrán normas complementarias. En este caso, se habla de potestad legislativa concurrente entre el Estado y las CCAA.
d) Leyes orgánicas de transferencia
Por último, es necesario aclarar que la propia Constitución permite que, no solo a través de la reforma de un Estatuto de Autonomía, sino también mediante la aprobación por las Cortes Generales de una «ley orgánica de transferencia» (artículo 150.2), el Estado podrá transferir competencias propias para que pasen a ser competencia de una CCAA.
Legislación y función judicial
También resulta conveniente dar una parte de la función legislativa a los jueces y tribunales, para que sirvan de control y contrapeso al poder legislativo y, por otro lado, también complementen y ayuden a la creación de leyes y derecho.
Respecto a lo primero, las constituciones atribuyen a los jueces y tribunales la posibilidad de juzgar si las leyes aprobadas por el Parlamento respetan o no la Constitución, en especial las normas constitucionales que garantizan derechos y libertades.
El control de constitucionalidad de las leyes impediría que fueran válidas y se aplicaran normas legales que resulten contrarias a derechos, libertades u otras obligaciones impuestas al legislador en la Constitución. En unos Estados, cualquier juez o tribunal puede realizar este juicio constitucional sobre la ley y, si la considera inconstitucional, no la aplica en su sentencia.
En nuestro Estado español, este control de constitucionalidad de las leyes no se permite a jueces y tribunales, sino que se asigna a un único órgano llamado Tribunal Constitucional (TC), al que pueden recurrir especialmente los partidos de la oposición.
Además de esta participación de los jueces en la función legislativa, los jueces y tribunales también contribuyen a complementar las normas legales aprobadas por el Parlamento. En muchas ocasiones, las expresiones utilizadas en dichas normas necesitan ser aclaradas. Son los jueces y tribunales quienes, al juzgar y resolver los casos ante ellos planteados y al aplicar esas normas legales, pueden perfilar y mejorar el significado concreto de tales normas. A esta función se le conoce como jurisprudencia.