Raúl Alfonsín (1983-1989): derechos humanos, leyes de punto final y obediencia debida, y crisis económica

El Retorno a la Democracia y los Primeros Desafíos (1983)

La Ley de Purificación Nacional, que exculpaba a los miembros de las fuerzas armadas de los crímenes cometidos entre 1973 y 1982, fue un tema clave de la campaña electoral. Alfonsín prometió que el parlamento de la democracia derogaría la ley de amnistía. El 10 de diciembre de 1983, asume Raúl Alfonsín y se presenta como el portavoz de los valores democráticos y de la libertad política, iniciando así el retorno de la democracia en Argentina. La consigna de la campaña de Alfonsín fue la constitución de un Estado de derecho.

La Lucha Política por los Derechos Humanos y la Subordinación Militar

La lucha política por los derechos humanos y la subordinación del poder militar se centró en dos pilares fundamentales:

• La violación de los derechos humanos durante el gobierno militar.
• La subordinación de las fuerzas armadas al nuevo orden constitucional.

Los militares, que habían entregado el gobierno cuatro meses antes, no pudieron imponer condiciones al nuevo gobierno democrático.

La Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989)

El 10 de diciembre de 1983, después de casi veinte años, el radicalismo volvía al gobierno tras el triunfo de Raúl Alfonsín. Empujado por la fuerza de los organismos de derechos humanos que nacían tras la feroz represión militar, el líder radical abrió las puertas a las denuncias y a una primera investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Esta investigación se reflejó en el informe de la CONADEP y permitió que fueran juzgadas las cúpulas militares en el histórico Juicio a las Juntas.

Aunque insuficiente para algunos organismos, la política de derechos humanos de Alfonsín fue severamente atacada por amplios sectores militares, lo que produjo el movimiento Carapintada, los retrocesos hacia las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el último intento guerrillero que culminó en la masacre de La Tablada.

Desafíos Económicos y el Fin del Mandato

Lo que había cambiado sustancialmente eran las bases económicas. Con el creciente poderío de los grupos financieros y un mecanismo de endeudamiento externo incontrolable, Alfonsín cedió ante las recetas liberales y no logró reencauzar una economía desindustrializada y anémica. Con escaso apoyo social, frente a un peronismo conspirativo y con los grupos económicos en contra, la hiperinflación obligó a Alfonsín a renunciar antes de tiempo. Vendría el tiempo del “Menemato”.

Leyes Clave del Período Alfonsinista

Ley de Punto Final (1986)

Alfonsín presentó y obtuvo la sanción en 1986 de la llamada Ley de Punto Final. Esta ley argentina estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas —que involucró detenciones ilegales, violaciones, torturas y homicidios agravados o asesinatos— que tuvieron lugar durante el Proceso de Reorganización Nacional y que no hubieran sido llamados a declarar.

Ley de Obediencia Debida

La Ley de Obediencia Debida estableció una presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel, durante el terrorismo de Estado y la dictadura militar, no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida» (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).

Políticas Sociales y Económicas

Plan Alimentario Nacional (PAN)

Dentro de la política social de Alfonsín se destacó el Plan Alimentario Nacional (PAN), el primer plan social de la historia argentina. Consistía en la entrega mensual de 1.200.000 "cajas PAN" con alimentos que llegaban a cinco millones de personas empobrecidas, es decir, un 16 % de la población total.

Crisis Económica e Hiperinflación

La situación económica continuó empeorando y en 1988 la inflación volvió a duplicarse, alcanzando el 387 %. El gobierno intentó, sin lograrlo, retomar el control de las variables económicas mediante el Plan Primavera, lanzado el 1 de agosto de 1988. El objetivo económico de este plan era reducir la inflación y eliminar el fuerte déficit fiscal que en aquellos años era adjudicado a las empresas estatales. Sin embargo, a partir de febrero de 1989, comenzó una corrida cambiaria que desató la primera hiperinflación, con un enorme costo social, que alcanzó récords en materia de pobreza, desempleo y trabajo no registrado. La participación de los asalariados en el ingreso, que era del 43 % en 1974, se había reducido al 27 % en 1988 y caería a un mínimo histórico del 20 % a mediados de 1989.