Interpretación de los derechos fundamentales, igualdad ante la ley y garantías constitucionales en España

Interpretación de los derechos fundamentales

La posición de los elementos básicos del ordenamiento jurídico que ocupan los derechos fundamentales hace que su interpretación cuente con características propias. Por una parte, la interpretación del ordenamiento jurídico en su totalidad debe realizarse a la luz de los derechos fundamentales. Esa interpretación del orden a la luz de los derechos fundamentales, y la interpretación de estos mismos, deben responder al principio de interpretación más favorable para su ejercicio. Por ejemplo, las interpretaciones restrictivas de derechos fundamentales constituyen una vulneración de éstos, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.

Junto al anterior criterio, la propia Constitución Española introduce otra regla de particular interés en la interpretación de los derechos fundamentales. El artículo 10.2 establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El precepto tiene una gran importancia desde el punto de vista de la interpretación de los derechos fundamentales, porque invoca valiosos elementos para determinar el contenido de las normas constitucionales e infraconstitucionales sobre derechos fundamentales.

Además, el artículo 10.2 de la Constitución sirve como elemento de integración de un instrumento de interpretación de derechos fundamentales de gran importancia: toda la labor en este sentido desarrollada por los órganos creados al amparo de tratados suscritos por España y, en especial, del Convenio Europeo de Derechos Humanos a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que además de representar una garantía última de los derechos fundamentales, aporta una doctrina que constituye uno de los instrumentos básicos con los que debe contarse a la hora de comprender el alcance de dichos derechos.

Por otra parte, la Unión Europea cuenta con una Carta de los Derechos Fundamentales, que se ha convertido en un elemento auxiliar de interpretación de los derechos fundamentales.

Igualdad ante la ley

Igualdad ante la ley: El primer efecto del derecho a la igualdad es la igualdad ante la ley. La ley es la misma para todos los ciudadanos, a quienes debe tratar a todos por igual. Esta doble exigencia constitucional implica que la ley, para que su universalidad, es decir, su validez, alcance a todos los ciudadanos, ha de poseer ciertos rasgos que aseguren la igualdad de trato a todos: además de universal, debe ser general y abstracta.

Así, el principio de igualdad ante la ley supone, en principio, excluir las leyes particulares o especiales con destinatarios concretos en razón de sus circunstancias personales o sociales. Pero el principio de generalidad de la ley puede ser roto cuando se encuentre objetiva y razonablemente justificado por los hechos. Dicho de otra forma, una ley singular será compatible con el principio de igualdad cuando la singularidad de la situación resulte de los hechos, de manera que el supuesto de la norma venga dado por ellos.

Por otro lado, también existen leyes con un contenido particular como consecuencia de una intervención del propio legislador, quien crea el supuesto que va a recibir una regulación específica, si bien su actuación se ha de fundamentar en circunstancias que hagan constitucionalmente admisible una regulación particular. En este segundo supuesto, el principio de igualdad actúa como límite para "evitar la creación arbitraria de supuestos de hecho, que sólo resulten singulares en razón de esa arbitrariedad".

Derechos de la esfera personal

Derechos de la esfera personal: Entre los derechos que garantizan un ámbito de libertad y privacidad frente al Estado, existen unos que de forma más directa afectan a la propia persona. Denominaremos a estos derechos de la esfera personal.

c) Límites de las libertades ideológica y religiosa

La Constitución establece determinados límites a la libertad ideológica y religiosa que afectan exclusivamente a las manifestaciones externas de las mismas. Así, el apartado 1 del artículo 16 de la Constitución establece que dichas libertades no tendrán más límite que "en sus manifestaciones, el necesario para el mantenimiento del orden público protegido por la ley". Esta noción de orden público comprendería la salvaguarda de la seguridad, la salud y la moralidad pública. Dicho precepto legal también califica como límite al ejercicio de la libertad religiosa la protección de los derechos de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales.

d) Nuevos contenidos

El Tribunal Constitucional ha incorporado la garantía de domiciliar algunos contenidos que suponen una evidente novedad respecto a la configuración tradicional del derecho. Como ejemplo, entendió que la existencia de un ruido molesto de una especial intensidad que perturbase gravemente la vida familiar del propio domicilio constituía una violación tanto respecto al derecho a la vida privada como el derecho al domicilio.

Las garantías de los derechos fundamentales. Tipos

a) Necesidad de las garantías

La experiencia histórica ha demostrado que el solo reconocimiento en una norma constitucional no es condición suficiente para el efectivo respeto de los derechos fundamentales. El reconocimiento de los derechos fundamentales debe ir acompañado de la intervención de mecanismos jurídicos que aseguren su protección efectiva. Por tanto, la efectividad de los derechos fundamentales depende tanto de su reconocimiento formal como de la existencia de mecanismos jurídicos susceptibles de garantizar su eficacia real. La Constitución Española establece un complejo sistema de protección y garantía.

b) Garantías genéricas y jurisdiccionales

El bloque garantista comprende distintos mecanismos de diversa índole. De acuerdo con su naturaleza, pueden catalogarse en dos grandes grupos. En el primero de estos grupos se integrarían aquellos mecanismos que atienden, en abstracto, a evitar que la actuación general de los poderes públicos pueda redundar en vulneración de los derechos fundamentales. A estos mecanismos se les ha denominado garantías genéricas. Otros mecanismos, sin embargo, revisten distintas características: se ofrecen a los ciudadanos para que, en cada caso singular en que se repute producida una vulneración de un derecho fundamental, puedan acudir a ellos. Se agrupan bajo la denominación de garantías jurisdiccionales.