Desamortización en España: de la Ley Agraria a Godoy

Antecedentes Históricos de la Ley Agraria

La agricultura llamó la atención de los ilustrados debido al aumento demográfico, la elevación de los precios agrícolas, el incremento de la renta en los arrendamientos y al descrédito de la Mesta, junto a las doctrinas fisiocráticas en auge. El expediente de la Ley Agraria de 1766 pedía a los intendentes que expusieran sus ideas respecto a los problemas del campo. Las respuestas constituyeron la base sobre la que debía redactarse la deseada Ley Agraria, que nunca llegaría a nacer.

Olavide y Jovellanos coincidían en la idea de convertir las tierras concejiles en bienes de propiedad privada, aunque diferían en el procedimiento. El "Plan" de Olavide se refería solo a la desamortización de los bienes baldíos. Mientras que Jovellanos distinguía entre los baldíos y "tierras concejiles", aconsejando la reducción de todas estas fincas a bienes de propiedad privada.

Legislación Desamortizadora de Carlos III

Esta legislación concierne solo a los bienes municipales y tiene su raíz en la crisis agraria y los motines de 1766. Aranda mandaba que los baldíos y las tierras labrantías se dividiesen en arrendamiento entre los vecinos, atendiendo a los braceros y jornaleros. Su fin principal era el beneficio común, el fomento de la agricultura y el facilitar a los braceros terreno propio que cultivar. En 1770 fueron derogadas, y las tierras que quedaban por repartir se entregaron a los labradores de una, dos y tres yuntas.

Leyes Desamortizadoras de Carlos IV

Ante la crisis fiscal progresiva, Godoy buscó una solución. En 1798 mandó que se enajenasen, a beneficio de la Real Hacienda, los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos, cofradías y patronatos de legos, bajo el interés anual del 3% a los desposeídos.

Se iniciaba así la desamortización mediante la apropiación por parte del Estado de bienes inmuebles, la venta de los mismos y la asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda. Frente al planteamiento de los ilustrados, surge el de Godoy: desamortizar para sanear la Hacienda Pública, de tal suerte que, a partir de ahora, se impondrá, por encima de los intereses de las clases rurales, el de la Hacienda Pública.