Fundamentos del Derecho Penal: Principios de Ofensividad y Mínima Intervención

Principios Fundamentales del Derecho Penal Moderno: Ofensividad e Intervención Mínima

El Principio de Ofensividad (Lesividad o Exclusiva Protección de Bienes Jurídicos)

En el seno del Derecho penal liberal, y con la finalidad esencial de separar Derecho y moral, nace el principio de ofensividad, también conocido como principio de lesividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos.

El Dogma Nullum Crimen Sine Iniuria

De este modo se expresa el dogma nullum crimen sine iniuria, según el cual todo delito comporta la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Esta idea responde a una doble exigencia:

1. Toda infracción penal requiere la exteriorización y materialidad de un hecho.
2. Este hecho debe lesionar o poner en peligro un bien jurídicamente tutelado.

Se traza así la frontera entre el ilícito penal, de un lado, y, de otro, las actitudes internas y los hechos carentes de lesividad, los cuales quedan totalmente impunes.

La norma no puede caer en el vacío; debe responder a algo, y ese algo son las exigencias de garantizar la existencia, conservación y desarrollo de la vida social. Por consiguiente, e incluso desde el punto de vista conceptual, el principio de ofensividad se contrapone al llamado principio de subjetividad o desobediencia.

Por ello, hoy se afirma pacíficamente que una teoría del delito solo puede partir del bien jurídico. Para poder declarar una conducta como delito no basta que infrinja una norma ética, moral o divina, sino que es necesario, ante todo, la prueba de su carácter lesivo para intereses materiales de otras personas. Como afirma Hassemer, «la conducta humana solamente puede ser injusto punible si lesiona un bien jurídico».

La Función del Principio de Ofensividad como Límite

El principio de ofensividad debe operar también como límite de la labor del intérprete, y especialmente de aquel que aplica la ley. Entramos así en la función dogmática y exegética del bien jurídico. De suerte que también el intérprete se encuentra limitado por la vigencia del principio de lesividad: lo primero a realizar es la fijación del objeto tutelado, y si este no ha sido lesionado deberá quedar impune, pues no existirá tipo.

Vigencia en el Ordenamiento Jurídico

En nuestro Derecho penal vigente no se encuentra ninguna proclamación expresa del principio de ofensividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos. Sin embargo, como es bien sabido, tanto nuestra jurisprudencia constitucional como la doctrina dominante no dudan en proclamar su vigencia en base a la misma esencia del Estado de Derecho, donde el postulado general de la libertad individual de acción implica la imposibilidad de restringirla mediante una norma penal, si no es por la necesidad de dotar «de protección a valores, bienes o intereses que sean constitucionalmente legítimos en un Estado social y democrático de Derecho».

Nociones del Principio de Intervención Mínima

El principio de intervención mínima se articula en torno a tres exigencias fundamentales:

1. Principio de Ultima Ratio (Necesidad): El Derecho Penal ha de intervenir solo y en la medida en que otras normas no sean eficaces para restituir el orden jurídico (principio de “imprescindibilidad”).
2. Adecuación: El Derecho Penal ha de intervenir solo en tanto que sea eficaz para restituir el orden jurídico.
3. Principio de Proporcionalidad (en sentido estricto): La medida de la reacción punitiva ha de limitarse a la necesidad de restitución.

El Derecho penal constituye el mínimo ético indispensable para la convivencia en sociedad por llevar aparejado el máximo reproche social, tanto en su faceta retributiva como en la pedagógica, así como por las duras consecuencias que determina la imposición de una pena, cuyo carácter infamante y su repercusión en el futuro (a través de los antecedentes penales) la hacen especialmente gravosa.

Requisitos de Aplicación

Esta concepción se ha traducido en el principio de intervención mínima, una de las bases del Derecho penal moderno, en virtud del cual el aparato punitivo reserva su actuación para aquellos comportamientos o conflictos cuya importancia o trascendencia no puede ser tratada adecuadamente más que con el recurso a la pena. Tan grave decisión se funda, a su vez, en la importancia de los bienes jurídicos en juego y en la entidad objetiva y subjetiva de las conductas que los ofenden.

El principio de intervención mínima exige que el Derecho penal únicamente se utilice:

• Para proteger los bienes jurídicos más importantes.
• Contra los ataques más intolerables.
• Solo cuando las otras ramas jurídicas no pueden salvaguardar eficazmente los intereses dignos de amparo.