Extinción de los Contratos Administrativos: Cumplimiento, Resolución y Suspensión (Art. 220-225)

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Extinción de los Contratos Administrativos

Tema 8: Extinción: cumplimiento o resolución (art. 221).

Cumplimiento (art. 222)

El contrato será cumplido cuando el contratista lo realice a satisfacción total de la prestación. Para ello, la Administración Pública realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el PCAP. En el contrato se fijarán plazo de garantía a contar desde la fecha de recepción; transcurrido el cual, sin objeción de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Salvo en el contrato de obras, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, el saldo resultante. De producirse demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir intereses de demora y a ser indemnizado.

Resolución

La resolución es la modalidad de extinción del vínculo contractual por cualquier causa distinta a su conclusión y cumplimiento.

Causas generales (art. 223)

  • Muerte o incapacidad del contratista o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
  • Declaración de concurso o insolvencia en otro procedimiento.
  • Mutuo acuerdo de la Administración y el contratista.
  • Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, o del de inicio del contrato cuando la tramitación del expediente sea urgente.
  • Demora en el pago por parte de la Administración superior a 8 meses.
  • Incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.

Renuncia expresa del contratista, formalizada en el contrato, constituye causa de resolución, sin necesidad de esperar a la demora en el cumplimiento del plazo fijado.

Se suprimió como causa de resolución la no constitución de la garantía definitiva, especial o complementaria; el incumplimiento de este requisito por causas imputables al contratista genera la declaración de decaimiento de la adjudicación provisional.

Concurrencia de causas de resolución

En los supuestos de concurrencia de causas de resolución hay que atender a la primera que se produjo. Las causas que motivan la resolución deben producirse en la ejecución del contrato y no deben darse a defectos en la tramitación del procedimiento de contratación.

En caso de concurrir causa de resolución e invalidez: si la causa de invalidez existía en el momento de formalización del contrato, tendrá preferencia sobre la causa de resolución; si el motivo de invalidez sobrevino durante la ejecución, no operará como tal causa de invalidez. Podrá aplicarse como causa de resolución solamente si fue expresamente pactada en el contrato.

Aplicación de las causas de resolución

Tramitación del expediente de resolución: requiere la instrucción de un expediente, tramitado de oficio o a instancia del contratista, en el que se dé audiencia a este, acordándose la resolución por acuerdo del órgano de contratación.

En las entidades públicas estatales, antes de la adopción del acuerdo deberá solicitarse informe del Servicio Jurídico correspondiente y el informe del Consejo de Estado o del órgano equivalente de la CCAA.

En la actualidad, como requisito de tramitación, además de lo establecido en la Ley, es necesario el trámite de audiencia del avalista o asegurador en plazo de 10 días naturales, si se propone la incautación de la garantía.

Efectos de la resolución

El art. 225 regula los efectos comunes de la resolución a todos los contratos. En los casos de muerte o incapacidad del contratista o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, la no continuación del contrato no dará derecho alguno a indemnización salvo el resto del contrato dejado de ejecutar. Si es por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo validamente estipulado por ellas.

Si el incumplimiento es de la Administración, esta deberá abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos. Si el incumplimiento es del contratista, daños y perjuicios que tiene que indemnizar a la Administración, esta lo llevará a cabo en decisión motivada, atendiendo a lo que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione para la Administración.

La resolución por causas establecidas en el contrato tendrá las consecuencias que en este se establezcan, sin perjuicio de las previsiones de la Ley. En todo caso, el acuerdo de resolución deberá contener el pronunciamiento sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución y cancelación de la garantía que hubiese sido constituida.

Suspensión de los Contratos Administrativos (art. 220)

Si la Administración acordase la suspensión del contrato o tuviese lugar por la aplicación del art. 200, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la motivaron y la situación en su ejecución. La Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este.

1. Naturaleza jurídica, clases y requisitos de la suspensión

Adjudicado y formalizado un contrato administrativo, debe iniciarse su ejecución en los términos que se deriven de la Ley y de los documentos contractuales que lo rigen. Para establecer los plazos en los que deberá efectuarse la ejecución del contrato habrá de atenderse a lo dispuesto en la documentación contractual.

A la hora de determinar la procedencia de la suspensión: solo es admisible por acuerdo entre las partes, no por decisión unilateral del adjudicatario ni por voluntad discrecional de la Administración contratante, y es una modalidad de modificación de los contratos, sometida a los requisitos esenciales de los modificados.

Principio de suspensión de mutuo acuerdo

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista debe cumplirlo con sujeción a sus cláusulas y estipulaciones, entre las que se incluye el respeto a los plazos de ejecución. Cualquier suspensión del plazo de ejecución, en principio, no resulta asumible. Solo un supuesto de suspensión unilateral por parte del contratista se prevé en la ley: cuando la Administración demorase el pago del precio en más de cuatro meses.

Fuera del caso mencionado no existe norma legal que permita al contratista suspender el plazo de ejecución. La ley no concede a la Administración la facultad discrecional de suspender el contrato, de oficio o a solicitud del contratista, porque: la Administración tiene la obligación de pagar los daños y perjuicios sufridos por el contratista como consecuencia de la suspensión; solo procederá tal abono cuando la causa de la suspensión sea imputable a la Administración y no al contratista; y la suspensión es una de las formas de modificación contractual y carece de naturaleza discrecional.

2. Modalidades

  • Por decisión unilateral de la Administración (art. 220).
  • Por demora en el pago superior a cuatro meses o superior a 8 meses, si el contratista no opta por la resolución del contrato.
  • Consentida por el adjudicatario.

Es una resolución contractual originada por la suspensión o demora en la iniciación de la prestación por plazo superior a 6 meses debido a decisión unilateral de la Administración, con derecho del adjudicatario a una indemnización.

3. La suspensión como modificación contractual

Serán susceptibles de producirse cuando, de forma unilateral, las acuerde la Administración por razones de interés público y para atender a causas imprevistas. La suspensión del plazo de ejecución de un contrato es en sí misma un supuesto de modificación. La suspensión por mutuo acuerdo es una alteración del plazo previsto en el pliego, constituye una modalidad de modificación contractual y debe someterse a unos requisitos.

4. Suspensión convencional o consentida por el adjudicatario

Nace de un pacto entre las partes y no de la decisión unilateral de la Administración o del contratista.

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