Expropiación forzosa: pago, toma de posesión y garantías del expropiado

Pago, Toma de Posesión e Inscripción de Bienes

Una vez fijado el justiprecio, su pago ha de hacerse dentro de los seis meses siguientes, en dinero y mediante acta. Si bien la legislación urbanística autoriza a la Administración expropiante, se puede hacer en especie. En caso de negativa del expropiado a recibir el pago o de existencia de algún litigio, la parte del justiprecio objeto de discordia debe consignarse en la Caja General de Depósitos a disposición de la autoridad o tribunal competente.

La toma de posesión tiene lugar mediante la ocupación de la finca o el ejercicio del derecho. La toma perfecciona el efecto jurídico de la expropiación y sin ella el procedimiento no puede entenderse culminado.

Garantías del Expropiado

1. Intereses de Demora

Transcurridos seis meses desde la iniciación del expediente expropiatorio sin haberse determinado el justiprecio, empiezan a contar los intereses de demora. Pasados otros seis meses desde que se fijó el justiprecio sin que se abone, comienzan de nuevo a computarse los intereses legales. Se debe hacer esto reiteradamente hasta que se pague el justiprecio. En la expropiación urgente obliga a computar los intereses legales desde la fecha en que se ocuparon los bienes.

2. Retasación

Si el retraso en el abono del justiprecio es prolongado puede que no basten los intereses de demora. La Ley de Expropiación Forzosa (LEF) incorporó una garantía adicional: la retasación, que consiste en que si pasa más de dos años sin que la Administración pague, se valoran los bienes de nuevo.

3. Derecho de Reversión

Consiste en un derecho que asiste al expropiado para recuperar todo o parte de los bienes expropiados. De acuerdo con la LEF, la reversión se producirá cuando:

• No se ejecute la obra o no se establezca el servicio.
• Realizada la obra, quede alguna parte sobrante de los bienes expropiados.
• Desaparezca la afectación de los bienes y derechos a las obras y servicios que motivaron la expropiación.

No hay reversión cuando la afectación cambie pero siga siendo de interés social o utilidad pública, y si en diez años no ha cambiado el fin desde que se acabaron las obras.

Cuando proceda la reversión, debe producirse dentro de los tres meses siguientes a que la Administración haya notificado a los expropiados su propósito de no ejecutar la obra o implantar el servicio. Si la Administración no hace declaraciones expresas, se establecen otros plazos para el ejercicio de este derecho:

• Cuando se produce un exceso de expropiación y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión.
• Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.
• Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de dos años sin que se produjera por parte de estos ningún acto expreso para reanudarlos.

Por último, el ejercicio del derecho de reversión comporta el deber del expropiado de restituir a la Administración el valor de los bienes que se recuperan. Es decir, es presupuesto para el derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo en el periodo comprendido entre la fecha de iniciación del expediente del justiprecio y la ejecución del derecho de reversión.