Evolución de la Jurisdicción Mercantil y los Casos de Corte en el Derecho Castellano

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Pragmática de los Reyes Católicos y el Origen de la Jurisdicción Mercantil

Los consulados eran instituciones gremiales de comerciantes (universidades) cuya actividad constituía en el siglo XV la base más firme de la economía castellana de corte mercantilista. La Corona encontraba en los impuestos detraídos de esa actividad una sólida fuente de recursos y protegió e impulsó, por ello, a este tipo de instituciones gremiales jerarquizadas con autoridades propias. Pero la medida más efectiva, en este sentido, fue dotar a los consulados de una capacidad normativa y jurisdiccional que, aunque era limitada, confería al trato mercantil operatividad y eficacia.

Desde el punto de vista normativo, a partir de ese momento los nuevos consulados tendrán la facultad de elaborar sus propias disposiciones, llamadas ordenanzas, que, superando lo estrictamente gremial, regularán las instituciones mercantiles de mayor importancia, tales como documentos cambiarios, seguros, etc., aunque siempre correspondiera al rey su aprobación.

También serán los consulados, a partir de ese momento y desde el punto de vista jurisdiccional, tribunales especiales para resolver litigios mercantiles surgidos entre sus miembros, pudiendo establecer un orden procesal a seguir ante sus propios jueces: el «prior», que se halla al frente de ellos, y varios cónsules, elegidos todos por los comerciantes de la ciudad. El prior y los cónsules juzgaban en primera instancia todos los litigios de índole mercantil que se originaban entre comerciantes, y sus sentencias se podían apelar ante el corregidor, quedando a cargo de las autoridades ordinarias la ejecución de las sentencias.

La pragmática constituye, por tanto, el punto de arranque de la diferenciación entre la jurisdicción mercantil y la jurisdicción ordinaria, convirtiendo a la primera en una jurisdicción especial. Destinada originariamente al Consulado de Burgos, creado en el año 1494, fue extendida en 1511 al Consulado de Bilbao, que pronto se convertiría en el más importante de la península al especializarse el puerto de esa ciudad en el transporte de mercancías castellanas —principalmente la lana— desde el Cantábrico a otros puertos europeos.

El Consulado de Bilbao, a partir del núcleo de concesiones recibidas en 1511, fue ampliando paulatinamente el ámbito de ordenanzas hasta 1531, año en el que se elaboran las primeras ordenanzas generales de este consulado, llamadas a convertirse en el modelo de jurisdicción mercantil de mayor influencia en los demás ordenamientos consulares de la península.

Ordenanzas Reales de Castilla y los Casos de Corte

Texto procedente de las Ordenanzas Reales de Castilla (fuente jurídica inmediata con carácter de ley, de ámbito territorial, datada en el año 1484). Pertenece al sistema jurídico de la recepción del derecho común. La fuente de la que procede —una recopilación castellana— no confiere por sí misma un valor de ley al texto comentado, pues dicho valor ya lo poseía desde el momento de la promulgación de la ley recopilada. Aunque no pueda dudarse de la fiabilidad de la fuente, cabe señalar que en su tiempo fue objeto de críticas debido a que la selección de textos se realizó de forma un tanto caprichosa y, al parecer, no recibió la aprobación real definitiva, razones que motivaron el encargo de nuevas recopilaciones. Ello confiere a la fuente —no así al texto normativo objeto de estudio— cierto grado de relatividad.

El texto establece que, para los llamados «casos de corte» (delitos expresamente tipificados), los vecinos de ciudades, villas y lugares deben ser demandados ante los juzgados de la localidad. En él se citan las siguientes instituciones jurídicas:

  • Alcaldes de fuero.
  • Alcaldes de corte.
  • Delitos constitutivos de «casos de corte».
  • Emplazamiento procesal al demandado.

La regulación específica contenida en el texto sobre las instituciones antes citadas habrá de referirse únicamente a los delitos que constituyen los «casos de corte». Su tipificación refleja la continuidad del catálogo existente en el sistema jurídico altomedieval («según estilo antiguo»): muerte segura, mujer forzada, tregua quebrantada, casa quemada, camino quebrantado, traición, entre otros. Este hecho no resulta extraño, puesto que la fuente recopilatoria incluyó determinada legislación real y de cortes que ya se encontraba en desuso en la época de la recepción. Si se tratara de un texto con plena vigencia en el sistema jurídico de la recepción —tesis considerada como la más probable—, debe tenerse en cuenta que esta se produjo de modo progresivo, integrando y adaptando los diversos derechos preexistentes bajo los principios, instituciones y sistematización del derecho común.

Por último, los alcaldes de fuero y los alcaldes de corte tienen encomendada la función jurisdiccional: los primeros en el ámbito local, y los segundos como jueces de apelación o de primera instancia para los delitos de corte. Se trata de instituciones originadas en el sistema jurídico altomedieval que perviven en los albores de la recepción del derecho común, coexistiendo con una organización judicial más evolucionada como las cancillerías y audiencias.

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