La Estructura Constitucional de Italia: Federalismo, Regiones y Administración Pública (Post-2001)

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Las Regiones y la Estructura Territorial

La Constitución establece que las Regiones, las Provincias y las Comunas son las divisiones políticas y administrativas de la República. La llamada Ley Constitucional sobre el Federalismo, que modifica el Título V de la Constitución y fue ratificada en octubre de 2001, atribuye más poderes a las Regiones. Estas son sus principales innovaciones:

  1. Establece que la República está compuesta por Comunas, Provincias, Ciudades metropolitanas, Regiones y por el Estado. Concede a Roma la condición de Capital.
  2. Prevé la atribución de nuevas competencias a las Regiones, por ley del Estado, a iniciativa de aquellas y oídos los entes locales.
  3. Invierte el criterio anterior de reparto de competencias entre el Estado y las Regiones, por lo que estas tendrán competencia legislativa plena en todas las materias no reservadas al Estado.
  4. Establece autonomía fiscal de ingresos y gastos para las Comunas, las Provincias, las Regiones y las Ciudades metropolitanas, y prevé la existencia de un fondo de compensación para las Regiones con menor capacidad fiscal por habitante.
  5. Se crea el Consejo de Autonomías Locales en cada Región, como órgano de consulta entre la Región y las Provincias y Comunas.
  6. Una norma transitoria permite que el Parlamento establezca una representación de las Regiones, Provincias y Comunas en la Comisión para Cuestiones Regionales.
  7. Se introduce la obligación de que las Regiones promuevan la paridad entre hombres y mujeres en la vida económica y social y en el acceso a los cargos electivos.

Las Regiones tendrán la posibilidad de concluir acuerdos con entes territoriales de otro Estado, y las legislaciones estatal y regional regularán conjuntamente las relaciones de las Regiones con la UE.

El Estatuto Regional y la Intervención Estatal

Cada Región posee un Estatuto, que establece su organización interna, regula el ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de referéndum consultivo o de abrogación sobre leyes regionales, etc.

Estos Estatutos serán discutidos y aprobados por mayoría absoluta en el Consejo Regional. El Gobierno puede promover la cuestión de legitimidad constitucional ante la Corte Constitucional acerca del Estatuto, el cual será sometido a referéndum si lo solicita el 20% de los electores regionales o 1/5 de los miembros del Consejo Regional.

El Gobierno de la República puede asumir los poderes de los órganos regionales, de las Provincias y de las Comunas si no respetan las normas y tratados comunitarios o internacionales, si peligra la seguridad pública, o cuando lo exija la unidad jurídica o económica del país.

Órganos de Gobierno de las Regiones

Los órganos de gobierno de las Regiones son:

El Consejo Regional (Poder Legislativo)

  • El Consejo Regional es el órgano legislativo de la Región, elegido por sufragio universal, por un sistema mixto (80% por representación proporcional en las provincias y 20% por sistema mayoritario a una vuelta en la circunscripción regional).
  • El Consejo elige a su Presidente, tiene iniciativa legislativa ante las Cámaras, y cinco Consejeros Regionales pueden proponer un referéndum abrogativo.
  • Sus miembros designan electores para la elección del Presidente de la República.

La Junta Regional (Poder Ejecutivo)

  • La Junta Regional es el órgano ejecutivo regional.
  • Su Presidente representa a la Región, dirige la política de la Junta y es responsable ante el Consejo. Además, promulga las leyes y reglamentos regionales.
  • El Presidente es elegido por sufragio universal directo, y nombra y revoca a los miembros de la Junta.

Provincias y Comunas

Las Provincias y las Comunas son entes autónomos en su ámbito, así como circunscripciones de descentralización estatal y regional. En Italia hay 65 Provincias y más de 8.000 Comunas.

La Administración Pública

Según la Constitución, los organismos de la administración pública se organizan de acuerdo con las disposiciones legales, para asegurar el buen funcionamiento y la imparcialidad de la administración, exigiendo la intervención de la ley, del Parlamento, por encima del Gobierno.

También se encomienda al poder legislativo regular la Presidencia del Consejo y determinar el número, las atribuciones y la organización de los ministerios.

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