España en el Siglo XIX: Reformas Liberales, Constitución de Cádiz y el Impulso del Ferrocarril
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Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
Composición y Contexto de las Cortes de Cádiz
La composición de las Cortes de Cádiz fue variando con el tiempo. La mayoría de sus miembros procedía de las capas medias urbanas. También participaron un centenar de eclesiásticos y unos cincuenta miembros de la aristocracia. En Cádiz abundaban los partidarios de las reformas.
La Constitución de 1812: Principios y Estructura
Los diputados proclamaron que representaban la soberanía nacional. La Constitución de 1812, conocida como "La Pepa", es un texto de gran extensión que formulaba los derechos del individuo. Se empieza por afirmar que la soberanía reside esencialmente en la Nación, se establece la división de poderes y se declara el Estado como una monarquía moderna hereditaria.
El poder ejecutivo lo ejercía el rey, quien nombraba libremente a sus secretarios, pero con limitaciones. El poder legislativo residía en las Cortes junto al rey; las leyes eran elaboradas por las Cortes y el rey las promulgaba y sancionaba, disponiendo también de derecho de veto. Se estableció que las Cortes fueran unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los varones mayores de 25 años. El poder judicial correspondía a los tribunales y se reconocían dos fueros especiales: el militar y el eclesiástico.
La Constitución reconocía expresamente la confesionalidad del Estado y la exclusividad de la religión católica. Se estableció un ejército permanente y una milicia nacional. Respecto a la administración del Estado, se estableció la elección popular de los alcaldes.
Una importante legislación ordinaria complementó las decisiones incluidas en el texto constitucional. En agosto de 1811 se decretó la abolición del régimen señorial jurisdiccional. Se decretó también la eliminación del mayorazgo y se declaró la libre propiedad. Asimismo, fueron suprimidos los gremios y se estableció la libertad de imprenta.
El Desarrollo Ferroviario en España
La Ley General de Ferrocarriles de 1855 y el Boom Ferroviario
En 1855 se aprobó la Ley General de Ferrocarriles, que fijaba condiciones muy favorables para su desarrollo. Esta ley regulaba las compañías de construcción, garantizaba las inversiones extranjeras, eximía de aranceles a los materiales necesarios para tender las líneas, subvencionaba hasta un tercio del coste de construcción y permitía a las compañías emitir obligaciones.
Entre 1855 y 1865 se produjo un auténtico boom ferroviario con la construcción de las primeras líneas. En aquellos años de euforia, gran parte del ahorro nacional y de los recursos del Estado se invirtieron en el ferrocarril.
Crisis y Repercusiones del Ferrocarril
La crisis financiera internacional de 1866 prácticamente paralizó la construcción. Esta crisis se debió, en parte, al hundimiento de las sociedades ferroviarias: habían invertido mucho dinero en líneas que no siempre eran rentables, lo que causó pánico en la bolsa y llevó a muchas empresas a la quiebra.
A pesar de la crisis, el ferrocarril cambió considerablemente el coste y la velocidad del transporte y, a largo plazo, tuvo una repercusión económica positiva en España.