Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea: recursos y cuestiones prejudiciales
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Espacio de libertad, seguridad y justicia
El espacio de libertad, seguridad y justicia es el conjunto de políticas y actuaciones que la Unión Europea despliega, dentro y fuera de sus fronteras, para lograr el objetivo de crear una zona compartida entre sus Estados miembros donde se alcance un alto grado de cooperación y coordinación política, policial y judicial que facilite la seguridad interior, una justicia eficaz y una fuerte protección de las libertades para sus ciudadanos.
Recursos ante el Tribunal de Justicia
Recurso de anulación
Los Estados miembros, determinadas instituciones de la Unión y las personas físicas y jurídicas (bajo ciertos requisitos) pueden interponer este recurso para que el Tribunal declare nula cualquier medida adoptada por una institución de la UE que consideren que viola sus derechos. El Tratado de Lisboa ha introducido, además, en uno de sus protocolos, un recurso por violación del principio de subsidiariedad que, en la práctica, es un recurso de anulación.
Recurso por omisión
A través de este recurso, las instituciones de la UE, los Estados miembros y las personas físicas y jurídicas (bajo ciertos requisitos) pueden demandar a algunas instituciones y órganos por no haber adoptado un acto jurídico que tenían obligación de adoptar en virtud de los tratados.
A diferencia del recurso por incumplimiento, la violación de los tratados consiste en una abstención, cuando había obligación de actuar. Este recurso va precedido por una fase precontenciosa, que se insta a la institución a que actúe. Si pasados dos meses la omisión persiste, se puede pasar a la fase judicial en otros dos meses.
Recurso por incumplimiento
La Comisión Europea o un Estado miembro pueden demandar a otro Estado miembro si consideran que este ha incumplido las obligaciones que le vienen impuestas en virtud de los tratados sobre los que la UE se funda.
La Comisión interpone el recurso con sus propios medios, por comunicación de los Estados miembros o por comunicación de particulares.
Cuestiones prejudiciales
Una de las labores más importantes del TJUE es la que se desarrolla a través de las cuestiones prejudiciales. Aunque el TJUE es el supremo intérprete del derecho de la UE, no es el único que debe aplicarlo: en virtud de los principios de primacía y aplicabilidad directa, todos los jueces de los Estados miembros deben aplicarlo también.
Su carácter prejudicial deriva de que el juez nacional plantea esta cuestión en el marco de un proceso que conoce y que será suspendido hasta que el TJUE se pronuncie. El objetivo primordial de este recurso es garantizar la interpretación uniforme del derecho de la UE, bajo la autoridad del TJUE.
Aunque todos los órganos judiciales de la UE tienen derecho a presentar la cuestión prejudicial, algunos tienen también la obligación de hacerlo. Así ocurre cuando la decisión del juez nacional será definitiva, por no existir ulterior recurso en el derecho interno de ese Estado miembro.
La excepción es que el juez nacional considere que el acto jurídico de la UE no reviste dudas en cuanto a su validez o interpretación, o porque el TJUE ya se haya pronunciado con anterioridad sobre la misma cuestión.
Del mismo modo, estará obligado a plantear la cuestión prejudicial todo juez que parta de la ineficacia del acto de la UE, ya que solo el TJUE es competente para decidir sobre su ineficacia.