Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en el Siglo XIX Español

Las Desamortizaciones del Siglo XIX en España

El proceso desamortizador en España constituyó una de las reformas económicas y sociales de mayor envergadura del liberalismo del siglo XIX, orientado a la disolución de los bienes de manos muertas y a la recaudación fiscal del Estado.

1. La Desamortización de Mendizábal (1836-1844)

La Desamortización de Juan Álvarez Mendizábal se centró primordialmente en los bienes eclesiásticos y se estructuró en dos fases principales:

• Bienes del clero regular: El decreto de febrero de 1836 afectó directamente a las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a frailes y monjas, incluyendo sus conventos, monasterios, bibliotecas y demás pertenencias.
• Bienes del clero secular: El decreto de Mendizábal de 1837 comprendía los bienes de diócesis y parroquias. Este decreto no fue aplicado en un primer momento al ser suspendido por los moderados tras su llegada al poder en 1837; sin embargo, más tarde fue reactivado y ejecutado en 1841 durante la regencia de Baldomero Espartero.

Objetivos de Mendizábal

Los objetivos fundamentales del decreto eran los siguientes:

• Disminuir la deuda pública del Estado español.
• Obtener fondos para financiar el ejército liberal y ganar la Primera Guerra Carlista, garantizando y sosteniendo el trono de Isabel II.
• Fomentar la riqueza nacional mediante la liberalización de la propiedad. Se pretendía expropiar las tierras improductivas amortizadas en manos muertas para posibilitar su explotación eficiente por parte de nuevos propietarios particulares.
• Crear una base social sólida (burguesía terrateniente) comprometida con la causa y la estabilidad del nuevo régimen liberal.

Mecanismo de venta y financiación

El sistema de enajenación empleado fue la subasta pública:

• Las fincas se tasaban a un precio inferior a su valor real de mercado con el propósito de acelerar las ventas.
• El acceso a las subastas quedó reservado en la práctica a aquellos sectores que contaban con un determinado nivel de renta y liquidez.
• En un primer momento, se estipulaba que el 20% del importe debía abonarse en efectivo (metálico) como fianza y garantía de solvencia para afrontar la compra.
• El 80% restante podía satisfacerse de forma aplazada, bien en metálico o bien mediante títulos de la deuda pública.
• Dichos títulos de deuda pública se hallaban fuertemente devaluados en el mercado secundario. Por ejemplo, un título con valor nominal de 5.000 reales podía adquirirse en el mercado por 4.000 reales, pero el Estado lo aceptaba a la par por su valor nominal original. Esta circunstancia implicó un notable beneficio y ahorro para los compradores, aunque supuso una pérdida patrimonial considerable para la Hacienda pública.

Evolución y resultados económicos

Las desamortizaciones eclesiásticas se extendieron hasta 1844, fecha en la que quedaron temporalmente suspendidas tras el regreso de los moderados al poder (con el inicio de la Década Moderada), si bien volvieron a reactivarse en 1855 con el retorno de los progresistas. La desamortización de Mendizábal logró recaudar cerca de 4.500 millones de reales; no obstante, no consiguió saldar la deuda pública estatal, que por entonces ascendía a unos 14.000 millones de reales.

2. La Desamortización General de Madoz (1855)

La conocida como Ley de Desamortización General de Pascual Madoz se promulgó el 1 de mayo de 1855 en el marco del Bienio Progresista bajo el reinado de Isabel II.

Alcance del decreto

Esta desamortización tuvo un carácter civil y general, afectando a múltiples propiedades colectivas e institucionales:

• Las propiedades eclesiásticas que aún no habían sido vendidas durante la etapa moderada.
• Bienes pertenecientes a cofradías, obras pías y santuarios.
• Bienes raíces de las órdenes militares.
• Propiedades del Estado.
• Tierras de titularidad municipal, tanto los bienes de propios (arrendados por los concejos para sufragar gastos) como los bienes comunales (de aprovechamiento vecinal directo).

Objetivos de Madoz

• Completar la liberalización definitiva de la propiedad rústica y urbana en España.
• Erradicar de manera decisiva el déficit crónico de la Hacienda pública.
• Financiar el desarrollo de infraestructuras clave, especialmente la construcción de la red ferroviaria.

Condiciones de venta y consecuencias

El sistema de venta fue similar al de Mendizábal, introduciendo la novedad de que era necesario desembolsar únicamente un 10% inicial para formalizar la adquisición de la propiedad, liquidándose el resto en efectivo de manera aplazada.

A cambio de la pérdida de sus fincas, el Estado se comprometió a transferir recursos financieros a los ayuntamientos, si bien estas compensaciones resultaron sensiblemente inferiores a las rentas anuales que los municipios percibían previamente por la explotación de sus tierras comunales y de propios.

El decreto se aplicó de forma intensiva entre 1856 y 1858, logrando recaudar aproximadamente 8.000 millones de reales, superando con creces los ingresos obtenidos durante la etapa de Mendizábal.