Derechos y Garantías Procesales en la Constitución de Cádiz de 1812

Garantías Procesales y Derechos en la Constitución de 1812

La Constitución de 1812 no presenta un catálogo de derechos formalmente estructurado. Sin embargo, buena parte de las garantías que ofrece son garantías procesales frente a la administración de justicia.

La Inviolabilidad del Domicilio

El Artículo 306 establece: “No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del Estado”. Este es un caso evidente que recoge un derecho fundamental: la inviolabilidad del domicilio.

El Jurado y la Influencia del Common Law

El Artículo 307 es un artículo complejo que permite vislumbrar la filosofía de Cádiz: “Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente”. Este artículo, aunque no utiliza explícitamente la palabra, se refiere al jurado sin mencionarlo directamente.

Representa una piedra de toque y sitúa al legislador ante una tesitura, ya que implica la introducción de una institución extranjera propia del “common law” (típica de los sistemas inglés y americano) como algo fundamental. La introducción del jurado debe ser establecida por las Cortes, como órgano superior, y deberá ser aprobada por el Parlamento cuando se considere oportuno en el futuro.

Las Cortes de Cádiz tienen el mérito de haberse dado cuenta de la relevancia del jurado. El jurado representa una justicia ciudadana dentro de la administración de justicia y el ámbito civil.

Conciliación y Justicia Arbitraria

Es necesario tener en cuenta el Artículo 280 en relación con el Artículo 306:

• El “no podrá” del Art. 306 va dirigido a los poderes públicos.
• El “no se podrá” del Art. 307 se orienta a terminar con las diferencias individuales, introduciendo una suerte de justicia arbitraria respecto a la fundamental.

Por su parte, el Artículo 282 dispone: “El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador; y el que tenga que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto”. Esto implica que, antes de interponer una demanda, es obligatorio acudir al alcalde para una conciliación. En este contexto, la autoridad municipal es considerada una autoridad constitucional, elegida por sufragio.

La Potestad Judicial y la Separación de Poderes

La estructura judicial queda definida en los siguientes artículos:

• Artículo 242: “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales.”
• Artículo 243: “Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.”
• Artículo 245: “Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.”

Unidad Legislativa e Igualdad ante la Ley

La Constitución busca la uniformidad jurídica en todo el territorio: “El código civil, el código criminal y el de comercio, serán lo mismo para toda la monarquía.”

Finalmente, el Artículo 248 establece: “En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas”, lo cual asienta las reglas de igualdad ante la ley. No obstante, el Artículo 249 señala: “Los eclesiásticos continuarán”