Derecho de la Unión Europea: Recursos, Instituciones y Fuentes del Derecho Comunitario

Procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1. Recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE)

Permite que la Comisión o un Estado miembro exijan que otro Estado cumpla sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión. Consta de una fase precontenciosa, que incluye la carta de emplazamiento y el dictamen motivado, y de una fase contenciosa, con procedimiento escrito y oral. El artículo 260 TFUE establece que, si el Estado no corrige su incumplimiento tras la sentencia, el Tribunal puede imponer sanciones pecuniarias, aunque el precepto no detalla cómo debe corregirse el incumplimiento.

2. Recurso de anulación (arts. 263 TFUE)

Su finalidad es garantizar la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión. Pueden ser objeto de impugnación los actos legislativos, los actos con efectos jurídicos frente a terceros y los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. No son impugnables los dictámenes ni los actos no vinculantes.

• Legitimación: los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (legitimación privilegiada); el Tribunal de Cuentas y el BCE (con fines específicos); y los particulares, cuando el acto les afecte directa e individualmente y sea un acto reglamentario que no requiera medidas de ejecución.
• Motivos: incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma de Derecho relativa a su aplicación, y desviación de poder.
• Plazo: dos meses desde la publicación, notificación o conocimiento del acto.
• Suspensión: puede solicitarse la suspensión de la ejecución del acto impugnado.
• Efectos: la anulación tiene efectos ex tunc (retroactivos), aunque el Tribunal puede mantener determinados efectos del acto anulado.

3. Recurso por omisión (art. 265 TFUE)

Procede frente a la inacción de una institución que infringe los Tratados al no adoptar un acto. Solo puede fundarse en motivos internos y, al igual que en el recurso de anulación, la legitimación de los particulares se limita a los actos que les afecten directa e individualmente.

4. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE)

Garantiza la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y constituye una cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales. Es un instrumento de origen jurisprudencial, derivado de los principios del Derecho comunitario.

• Legitimación: solo pueden plantearla los órganos jurisdiccionales nacionales competentes y cualificados.
• Carácter: facultativo, salvo para los órganos cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso judicial de Derecho interno, que están obligados a plantearla.
• Efectos: el proceso nacional queda suspendido; la sentencia es vinculante y tiene efectos erga omnes.
• Procedimiento de urgencia: disponible para situaciones que requieran una resolución rápida.

5. Recurso de casación (arts. 256 y 257 TFUE)

Permite impugnar ante el Tribunal de Justicia las resoluciones del Tribunal General, con el objeto de garantizar la buena aplicación y coherencia del Derecho de la Unión. Se configura como un control ulterior limitado a cuestiones de derecho (violación, desviación o irregularidades formales), quedando excluidos los hechos y las costas.

• Plazo: dos meses.
• Legitimación: cualquier parte, así como los Estados miembros, las instituciones y, en determinados casos, los coadyuvantes.
• Efectos: puede anular la resolución total o parcialmente. La interposición no suspende la ejecución de la sentencia del Tribunal General. Si el Tribunal de Justicia anula la resolución, puede devolver el asunto al Tribunal General para que lo resuelva o resolverlo él mismo.

Instituciones y órganos de la Unión Europea

1. Tribunal de Cuentas Europeo (arts. 285 a 287 TFUE)

Con sede en Luxemburgo, es una institución no judicial encargada de auditar las cuentas de la Unión, verificando el respeto de los principios de legalidad y regularidad de los ingresos y gastos, así como de la buena gestión financiera. Emite una declaración de fiabilidad sobre las cuentas.

• Composición: un miembro por Estado, con mandato de seis años renovable, sujeto a un régimen de independencia e incompatibilidades.
• Funciones: consultiva en el procedimiento legislativo y fiscalizadora, auditando ingresos y gastos frente a cualquier administración que gestione fondos de la UE.
• Formula conclusiones y recomendaciones, colabora con la OLAF en caso de fraude y elabora un informe anual.

2. Banco Central Europeo (art. 127 TFUE y Protocolo de Maastricht)

Integrado por los bancos centrales de los 20 países de la zona euro, tiene como objetivo principal la estabilidad de precios y actúa como pilar de la política monetaria. Dispone del derecho exclusivo de emisión de billetes en euros y de las operaciones de divisas.

• Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC): integrado por el BCE y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros.
• Eurosistema: compuesto solo por el BCE y los bancos centrales de los Estados que han adoptado el euro.
• Órganos rectores: Consejo de Gobierno, Comisión Ejecutiva y Consejo General.

3. Banco Europeo de Inversiones (BEI, art. 308 TFUE)

Los Estados miembros suscriben su capital en proporción a su peso económico. Es una entidad sin ánimo de lucro que financia proyectos que contribuyen al desarrollo regional y a la modernización de la economía, mediante préstamos y garantías. También actúa fuera de la Unión, en países candidatos y terceros.

Su financiación procede de los mercados financieros y no de los presupuestos de la Unión, y puede financiar hasta el 50% de cada proyecto.

4. Comité Económico y Social Europeo (CESE) y Comité de las Regiones (CDR) (arts. 300 a 307 TFUE)

Ambos órganos consultivos tienen como finalidad integrar los intereses diversos de la sociedad en el proceso de toma de decisiones. Fueron previstos en el Tratado de Roma de 1957 y reforzados por el Tratado de Maastricht.

• Número de miembros: máximo de 350.
• CESE: representa a la sociedad civil organizada, en tres grupos (art. 329 TFUE).
• CDR: representa a las entidades regionales y locales.
• Mandato: cinco años, renovable.
• Dictámenes: son preceptivos en los casos previstos por los Tratados, aunque no vinculantes; su omisión puede viciar el procedimiento. Tienen carácter consultivo y aportan expertise y opiniones especializadas.

Fuentes del Derecho de la Unión Europea

El ordenamiento jurídico de la Unión se caracteriza por los principios de primacía y efecto directo, y por su carácter evolutivo. Además, los Estados están obligados a aplicar el acervo comunitario. Este ordenamiento no sigue la jerarquía típica de las normas internas.

1. Derecho originario

Está formado por los tratados constitutivos, sus modificaciones, los actos de adhesión y los principios generales, entre ellos las cuatro libertades fundamentales. Se caracteriza por su indefinición en cuanto a su contenido. Su modificación puede realizarse mediante el procedimiento ordinario (art. 48 TUE) o el procedimiento simplificado. Se distingue entre el núcleo y la cúspide del ordenamiento.

2. Derecho derivado

Está constituido por los actos que adoptan las instituciones en el ejercicio de las competencias que los Tratados les atribuyen.

• Actos típicos obligatorios: reglamentos, decisiones y directivas (art. 288 TFUE), además de los acuerdos interinstitucionales.
• Actos típicos no vinculantes: recomendaciones y dictámenes.
• Actos atípicos vinculantes: reglamentos internos y estatutos.
• Actos atípicos no vinculantes: libros blancos y libros verdes, declaraciones e informes.

3. Derecho convencional

Está formado por los acuerdos celebrados por la Unión con terceros, de carácter mixto o exclusivo.