Derecho de Obligaciones y Contratos: Teoría General, Cumplimiento e Incumplimiento

Relación Obligatoria y Concepto General

El cuarto libro, título primero del Código Civil (artículos 1088 a 1253), contiene la reglamentación general de las obligaciones. El artículo 1088 encabeza esta materia al establecer que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

La obligación se define como una relación jurídica entre un deudor y un acreedor. El acreedor es el titular del derecho de crédito y exige la prestación; si el deudor incumple, podrá proceder contra los bienes de dicho deudor y defender sus intereses. Por su parte, el deudor es el titular de la deuda, por lo que debe observar el comportamiento debido y soportar las consecuencias de su falta.

Como relación jurídica, la obligación sirve para que las personas puedan realizar actividades de cooperación social e intercambiar bienes y servicios. Es decir, es el vínculo jurídico establecido entre dos partes y dirigido a que una de ellas obtenga determinados bienes o servicios a través de la cooperación de otra, o bien al intercambio recíproco de bienes y servicios mediante dicha cooperación.

En cuanto a su naturaleza, la relación obligatoria posee un carácter orgánico. No se reduce únicamente al derecho de un contratante a exigir y al deber de otro de realizar una prestación.

Deuda y Responsabilidad

Toda obligación comprende un binomio fundamental: deuda y responsabilidad.

• La deuda: Es el deber de realizar una prestación.
• La responsabilidad: Es la sumisión al poder coactivo del acreedor, quien ostenta un poder de agresión sobre el patrimonio del deudor para forzar la satisfacción de su interés (artículo 1911 del Código Civil).

Antiguamente no se distinguían con claridad, pero el derecho moderno sí lo hace. La responsabilidad encuentra su justificación a través de la idea previa de deber jurídico: se es responsable por deber; no existe responsabilidad sin un previo deber.

Deuda sin Responsabilidad: Obligaciones Naturales

En el derecho romano no se podía exigir su cumplimiento, pero una vez pagadas no se podía repetir o reclamar lo entregado. Más tarde fueron identificadas como deberes morales sin constituir una relación jurídica propiamente dicha. En nuestro ordenamiento se regulan en el artículo 1901, que establece que frente a quien reclama la devolución de lo indebidamente pagado por no existir causa que justifique el desplazamiento, el accipiens puede oponer justa causa (por ejemplo, el juego ilícito).

Esto es consecuencia de la denegación de la acción cuando el contrato tiene causa torpe o ilícita, o la imposibilidad de reclamar intereses pese a no existir pacto expreso sobre la obligación de pagarlos (lo que puede deberse a que el Código Civil presuma que se convino aquel pacto). El pago de una deuda prescrita se explica bajo la premisa de que la prescripción no es más que una facultad que la norma concede al deudor para excepcionarla frente a la reclamación del acreedor, pero sin transformar la obligación civil en otra distinta.

Responsabilidad sin Deuda

Se da en el supuesto de alguien que garantiza una deuda ajena: asume la responsabilidad pero no debe. Así, puede quedar obligado subsidiariamente o en el mismo grado (solidaridad). El artículo 1822 dispone que por fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, siendo el fiador un obligado al pago.

Deuda con Responsabilidad Limitada

A veces el incumplimiento no pesa sobre todo el patrimonio del deudor, sino exclusivamente sobre determinados bienes (como prevé el artículo 140 de la Ley Hipotecaria).

La Patrimonialidad como Elemento de la Obligación

Según la doctrina tradicional, se exigía la patrimonialidad como requisito esencial de la obligación, al igual que en el derecho romano, donde la obligación exigida judicialmente debía convertirse, a través de una estimación, en una cantidad de dinero.

El derecho moderno admite la ejecución específica sin necesidad de trasladar a dinero la obligación. Basta con que la obligación responda a un interés serio y digno de tutela, aunque la prestación sí deba tener valor patrimonial, aun cuando este no sea estrictamente económico. Un facere incoercible queda fuera del ordenamiento jurídico. Por tanto, la prestación puede carecer de un valor puramente económico, siempre que se acompañe de medios a través de los cuales se logre una satisfacción económica en caso de incumplimiento.

Igualmente, es admisible la existencia de una prestación sin contenido patrimonial dentro de una relación obligatoria compleja en la que existan otras prestaciones de carácter patrimonial. Al estar inserta en aquel conjunto, sigue el régimen del contrato, de modo que su violación constituirá un incumplimiento de la ley del contrato.

Fuentes de las Obligaciones

El artículo 1089 del Código Civil enumera las fuentes de las obligaciones:

1. La Ley (artículo 1090): Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Solo son exigibles las expresamente determinadas en el Código Civil o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido y, en su defecto, por las disposiciones del propio Código Civil.
2. El Contrato (artículo 1091): Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.
3. Los Cuasicontratos (artículo 1887): Son los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los cuales resulta obligado su autor para con un tercero y, a veces, una obligación recíproca (por ejemplo, la gestión de negocios ajenos).
4. Los Delitos y Faltas (artículo 1092): Nacen de las normas del Código Penal; generan la obligación de restituir las cosas objeto del delito y de resarcir los daños y reparar los perjuicios causados por él.
5. Los Actos y Omisiones en los que interviene culpa o negligencia (artículo 1093): El Código Civil los regula en los artículos 1902 y siguientes, imponiendo la obligación de indemnizar a quien por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia (cuasidelitos).

El artículo 1089 tiene un alcance normativo general. Respecto al cuasicontrato, aunque hoy pueda considerarse una categoría obsoleta, la ley sigue siendo la principal fuente de obligaciones, imponiéndolas de manera directa o indirecta al producirse los supuestos de hecho previstos.

La Voluntad Unilateral como Fuente de Obligaciones: La Promesa Pública de Recompensa

En principio, una persona que quiera quedar obligada en favor de otra sin el consentimiento de esta no genera una eficacia vinculante directa, puesto que nadie adquiere lo que no quiere. Sin embargo, en ciertos supuestos el derecho perfectiona el vínculo con anterioridad a la aceptación y no cabe la revocación unilateral de quien realizó la declaración.

La doctrina se inclina por exigir la aceptación, requiriendo que la promesa tenga una causa lícita conforme al artículo 1274, la cual puede incluir la existencia previa de un deber moral. El único supuesto claro es el credendi causa, que se da cuando se recompensa una actividad que se confía o espera obtener, como ocurre en la promesa pública de recompensa.

Una promesa realizada solvendi causa (para cumplir una obligación anterior) no constituye una nueva fuente de obligación, sino un reconocimiento de la anterior. Aquella con causa donandi quedará sujeta al régimen de las donaciones (incluyendo la aceptación del donatario).

Aunque el Código Civil no regula de forma general la promesa pública de recompensa (salvo previsiones especiales como el artículo 521 del Fuero de Navarra), el Tribunal Supremo confirma que constituye un supuesto excepcional de eficacia de la declaración unilateral de voluntad. La vinculación nace desde que se acepta la promesa o se cumple la condición, aun cuando el tercero no la hubiera buscado específicamente.

El Enriquecimiento Injusto o Sin Causa

Todo desplazamiento patrimonial debe encontrar su justificación en una situación previa considerada suficiente por el ordenamiento jurídico (un contrato, la ley, una sentencia, etc.). Todo desplazamiento debe fundarse en una causa justa para ser lícito; de lo contrario, quien lo recibió indebidamente queda obligado a restituirlo, surgiendo una acción en favor del empobrecido.

Sujetos de la Relación Obligatoria

Toda relación obligatoria requiere al menos dos sujetos: el acreedor y el deudor, los cuales pueden ser personas físicas o jurídicas (artículo 38 del Código Civil). Las partes pueden estar integradas por más de una persona. En las relaciones sinalagmáticas, los sujetos son acreedores y deudores de manera recíproca.

Para ser parte en una relación obligatoria es necesario poseer capacidad de obrar. Si bien la regla general exige la determinación de los sujetos desde el momento de la constitución de la obligación, se admite una indeterminación transitoria en determinados casos:

• Determinación por connotación individual: Los sujetos están perfectamente determinados con nombres y apellidos desde el inicio.
• Determinación indirecta: La obligación nace con una indeterminación inicial, pero se determinará mediante criterios establecidos en la propia fuente de la obligación.
• Determinación per relationem: Se produce cuando el deudor o el acreedor vienen determinados por la titularidad de un derecho real (obligaciones propter rem, que cambian de obligado al mismo tiempo que cambia el titular del derecho).

Pluralidad de Personas: Solidaridad, Mancomunidad y Parcialidad

Cuando existe más de un acreedor se habla de pluralidad activa; si son varios los deudores, de pluralidad pasiva; y si concurren ambos extremos, de pluralidad mixta. El Código Civil regula la mancomunidad y la solidaridad como formas organizativas de esta pluralidad.

Solidaridad

El artículo 1137 dispone que habrá solidaridad cuando cualquiera de los acreedores tenga derecho a exigir y recibir del deudor el cumplimiento total de la prestación (solidaridad activa), o cuando cualquiera de los deudores deba realizar la prestación íntegra al acreedor (solidaridad pasiva), o cuando concurran ambas circunstancias (solidaridad mixta).

Mancomunidad y Parcialidad

El artículo 1138 presume la mancomunidad (en su vertiente de parcialidad) mientras el texto de las obligaciones no indique lo contrario. El crédito o la deuda se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.

Se caracterizan por la división y la independencia: cada acreedor solo puede exigir su parte y cada deudor solo está obligado a pagar la suya. Por el contrario, la obligación mancomunada en sentido estricto (o en mano común) se origina cuando el crédito o la deuda pertenecen conjuntamente al grupo, de modo que la prestación debe ser exigida por todos los acreedores conjuntamente o cumplida por todos los deudores a la vez (artículo 1139, aplicable cuando la prestación es indivisible o así se ha pactado).

Regla de No Presunción de Solidaridad y Presunción de Fragmentación

En aplicación del principio favor debitoris, el deudor es considerado la parte débil y debe ser favorecido. Por ello, el artículo 1137 establece que la solidaridad no se presume, sino que debe constar expresamente o deducirse claramente de la voluntad de las partes o de la ley.

• Solidaridad Negocial: Aunque el artículo 1137 exige que conste en el pacto, la jurisprudencia realiza una interpretación flexible, bastando con que se deduzca la intención de los contratantes o que la finalidad del contrato sea común.
• Solidaridad Legal: Aquella impuesta directamente por la ley (por ejemplo, el artículo 1731 respecto a los mandantes). El principio de no presunción de solidaridad no se aplica al ámbito extracontractual cuando se trata de reparar daños causados por la conducta negligente de varias personas, donde la jurisprudencia tiende a declarar la solidaridad judicial.

Obligaciones Solidarias

En las obligaciones solidarias, cada acreedor puede pedir el todo y cada deudor debe prestarlo por entero. El artículo 1140 aclara que la solidaridad puede existir aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo ni por los mismos plazos y condiciones.

Relaciones Externas

Se rigen por tres efectos principales:

1. Cobro y Pago: Cada acreedor puede exigir y recibir la totalidad de la prestación, y el deudor se libera pagando a cualquiera de ellos (ius electionis), facultad que cesa cuando es judicialmente demandado (artículo 1142).
2. Actos de Conservación y Defensa: Cualquier acreedor puede realizar actos que beneficien a los demás (artículo 1141.1), tales como la interrupción de la prescripción (que perjudica a todos los deudores solidarios, artículo 1974) o la constitución en mora.
3. Poder de Disposición: Un acreedor solidario puede extinguir o modificar el crédito, siempre que resulte beneficioso para los demás, respondiendo en caso contrario frente a ellos. El artículo 1143.1 contempla formas de extinción como la novación, compensación, confusión o remisión.

Relaciones Internas

El acreedor que cobre o extinga la obligación responderá ante los demás de la parte que les corresponda (artículo 1143.2). En la solidaridad pasiva, el deudor que paga por entero puede reclamar de sus codeudores la parte correspondiente a cada uno, con los intereses del anticipo (artículo 1145). Si un codeudor resulta insolvente, su falta será suplida por los demás a prorrata.

Obligaciones Parciarias y Mancomunadas

• Obligaciones Parciarias (Artículo 1138): El crédito o la deuda se encuentran divididos en tantos créditos o deudas independientes como sujetos haya. No existen relaciones internas y la culpa de uno no se comunica a los demás.
• Obligaciones Mancomunadas (Artículo 1139): El crédito o la deuda corresponden conjuntamente a todos los acreedores o deudores (titularidad colectiva). En la mancomunidad activa se exige el ejercicio conjunto para los actos prejudiciales. En la mancomunidad pasiva, el cumplimiento requiere la actuación conjunta frente a todos los deudores, y el incumplimiento de uno de ellos genera una indemnización de daños y perjuicios en la que los deudores cumplidores no responden más allá de su porción.

El Pago o Cumplimiento

El pago es la realización exacta de la prestación debida, constituyendo el modo ordinario de extinción de las obligaciones (artículo 1156) y la forma de satisfacer el interés del acreedor. El acreedor está obligado a recibir el pago si este cumple estrictamente con los principios de identidad e integridad.

Sujetos del Pago

El pago puede ser realizado por el deudor (o sus herederos y representantes, salvo obligaciones personalísimas del artículo 1161) y recibido por el acreedor o persona autorizada. Tanto el solvens (quien paga) como el accipiens (quien recibe) deben tener la capacidad legal necesaria.

Pago por Tercero

Cualquier tercero puede pagar por el deudor, tenga o no interés en la obligación, y con o sin su conocimiento o aprobación (artículo 1158), salvo en las obligaciones personalísimas. Genera diversas consecuencias jurídicas según se realice con consentimiento del deudor (acción de reembolso y subrogación legal), contra su expresa voluntad (acción de utilidad) o ignorándolo.

Requisitos Objetivos del Cumplimiento

• Principio de Identidad (Artículo 1166): El deudor no puede obligar a su acreedor a recibir cosa diferente, aun cuando sea de igual o mayor valor.
• Principio de Integridad (Artículo 1169): El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales, salvo pacto expreso en contrario.

Circunstancias y Destino del Pago

• Tiempo y Plazo: Las obligaciones son exigibles desde el momento de su constitución (artículo 1113), salvo que se haya estipulado un plazo en beneficio de acreedor y deudor (artículo 1127).
• Lugar: Se rige por lo designado en la obligación y, subsidiariamente, por las reglas del artículo 1171 (domicilio del deudor, lugar de origen de la cosa, etc.).
• Gastos: Los gastos extrajudiciales del pago corren a cargo del deudor, conforme al artículo 1168.
• Imputación de Pagos: Cuando un deudor tenga varias deudas de una misma especie frente a un solo acreedor, podrá declarar a cuál de ellas debe aplicarse el pago (artículo 1172), aplicando subsidiariamente las reglas de onerosidad del artículo 1174 y la regla del artículo 1173 (imputación preferente a intereses antes que al capital).

Formas Especiales de Pago

• Dación en Pago: Entrega de una cosa distinta a la convenida con el consentimiento del acreedor, produciendo la extinción de la obligación principal.
• Cesión de Bienes a los Acreedores (Artículo 1175): El deudor cede sus bienes a los acreedores para que estos los tomen y los vendan, aplicando el producto a la satisfacción de sus créditos (pro solvendo).
• Ofrecimiento de Pago y Consignación: Mecanismo coactivo de liberación del deudor cuando el acreedor se niega injustificadamente a recibir el pago (artículos 1176 y siguientes).

Incumplimiento de la Obligación

El incumplimiento representa una lesión del derecho de crédito. Puede manifestarse como un simple retraso (mora), un cumplimiento defectuoso o un incumplimiento definitivo (imposibilidad sobrevenida o frustración del fin del negocio).

Mora del Deudor (Artículo 1100)

Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación, salvo en los supuestos de mora automática previstos por la ley o el pacto. Sus efectos principales son la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por el retraso y la asunción del riesgo por caso fortuito (perpetuatio obligationis).

Imposibilidad Sobrevenida y Exoneración

La obligación se extingue cuando la prestación resulte legal o físicamente imposible sin culpa del deudor y antes de que este haya incurrido en mora (artículos 1182 y 1184). El caso fortuito y la fuerza mayor eximen de responsabilidad al deudor, salvo en los casos expresamente señalados por la ley o pactados por las partes (artículo 1105).

Culpa y Dolo como Fundamentos de la Responsabilidad

La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de la diligencia exigida por la naturaleza de la obligación y correspondiente a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (artículo 1104). El dolo (infracción voluntaria y consciente del deber jurídico) agrava la responsabilidad del deudor conforme al artículo 1107.

Convenios Modificativos de la Responsabilidad

Son válidos los pactos que modifican el régimen de responsabilidad al amparo del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255), con el límite infranqueable de la prohibición de renunciar a la acción para exigir responsabilidad por dolo (artículo 1102) y el respeto a las leyes, la moral y el orden público.