Derecho al Honor y Protección de Datos: Conceptos y Garantías Legales

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El Derecho al Honor: Conceptos y Alcance

El derecho al honor es un bien esencial de la personalidad que puede ser abordado desde un doble punto de vista:

  • Concepción subjetiva: Es la conciencia y el sentimiento que tiene la propia persona de su valía y de su prestigio.
  • Concepción objetiva: Se identifica con la reputación, es decir, el juicio que los demás tienen sobre una persona.

La evolución histórica del derecho al honor ha transitado de la concepción subjetiva al plano claramente objetivo. Asimismo, el honor depende de una pluralidad de factores. El sujeto activo, titular de este derecho, es generalmente una persona física, aunque en determinados casos puede extenderse a la persona jurídica.

Garantías del Derecho al Honor

Existen diversos mecanismos para proteger estos derechos:

  • Garantías constitucionales: Protección de rango superior.
  • Garantía civil: Protección del honor, la intimidad personal, familiar y la propia imagen a través de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.
  • Garantías jurídico-penales: Garantías ordinarias mediante los tipos penales de la injuria y la calumnia.

La Limitación del Uso de la Informática

Estos derechos se configuran como límites de otros derechos, tal como se expresa en el artículo 20.4 de la Constitución Española. Esta materia está regulada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, que sustituyó a la Ley Orgánica 5/1992, de 9 de octubre.

El concepto de "Habeas Data"

El aspecto individual se define mediante el habeas data (derecho a conocer los datos propios), que comprende:

  1. Derecho de rectificación de los datos.
  2. Derecho a ser informado.
  3. Derecho al control de la fidelidad de los datos personales registrados.

Aspecto Institucional y Social

Comprende dos vertientes fundamentales:

  • a) Determinación de los sujetos gestores de la informática.
  • b) El control democrático de la informática, así como los métodos de elaboración de la misma.

La citada normativa crea, en su Título VI (artículos 35 y siguientes), la denominada Agencia de Protección de Datos, un organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley.

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