Derecho de Desistimiento y Régimen Jurídico del Comercio Electrónico
El Derecho de Desistimiento en la Contratación con Consumidores
El derecho de desistimiento es la facultad de los consumidores y usuarios de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna.
Elementos Esenciales
- Facultad extintiva de la relación obligatoria perfeccionada.
- Facultad temporal que permite extinguir la relación contractual solo durante un determinado lapso de tiempo (el denominado periodo de reflexión).
- Facultad discrecional de resolver la relación que resulta ejercitable mediante una simple notificación.
- Ausencia de penalización: no puede imponerse ningún tipo de sanción o penalización económica.
- Carácter no general: no es un derecho atribuido con carácter general y abstracto a todos los contratos celebrados por consumidores.
Vías de Atribución
El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente, y cuando así se le reconozca expresamente en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato.
Régimen en el TRLGCDU
Conforme al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGCDU), el consumidor y usuario que contrate a distancia podrá desistir del contrato, si bien el empresario podrá exigirle que asuma el coste directo de devolución del bien o servicio prestado. Serán nulas de pleno derecho aquellas cláusulas que impongan al consumidor una penalización por el ejercicio de este derecho.
Plazos para su Ejercicio
Se prevé un plazo mínimo de 7 días hábiles computados desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración del mismo tratándose de prestaciones de servicios. Si el empresario no hubiera cumplido debidamente con el deber de información y documentación relativo al derecho de desistimiento, dicho plazo se ampliará a 3 meses.
Obligación de Informar por Parte del Empresario
El empresario contratante debe informar por escrito, de forma clara, comprensible y precisa, acerca del derecho de desistir del contrato, así como de los requisitos y consecuencias derivadas de su ejercicio. Asimismo, está obligado a suministrar al consumidor un documento de desistimiento debidamente formalizado.
Excepciones al Derecho de Desistimiento
El derecho de desistimiento decae en los siguientes supuestos:
- Contratos relativos a bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones del mercado financiero.
- Contratos de servicios de apuestas y loterías.
- Contratos de suministro de prensa, publicaciones periódicas o revistas.
- Suministro de productos personalizados o confeccionados a medida del consumidor, o que por su naturaleza puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
- Contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado con el consentimiento del consumidor.
- Grabaciones sonoras, de vídeo, discos o programas informáticos que hayan sido desprecintados por el consumidor.
Atribución y Garantías Contractuales
El consumidor que ejercite el desistimiento no tendrá en ningún caso la obligación de indemnizar al empresario por el desgaste del bien debido exclusivamente a su examen o prueba necesaria para tomar una decisión sobre la adquisición definitiva. Asimismo, el empresario no podrá exigir ningún anticipo de pago ni la constitución de garantías adicionales durante el lapso de reflexión.
Efectos del Desistimiento
Las partes deberán proceder a la restitución recíproca de las prestaciones: el consumidor deberá restituir el bien con sus correspondientes frutos, y el empresario devolver las cantidades abonadas con sus intereses legales. De igual modo, deberán reembolsarse al consumidor todos aquellos gastos necesarios que hubiere sufragado desde la recepción del bien para mantenerlo en su normal función económica.
Devolución de Sumas por el Empresario
El empresario queda obligado a devolver las cantidades percibidas sin retención indebida de gastos en un plazo máximo de 30 días. En caso de superarse dicho término, el consumidor se encuentra legitimado para reclamar la devolución de la suma duplicada.
Pérdida no Culpable del Bien
Cuando el consumidor no pueda devolver la cosa por pérdida, destrucción involuntaria u otra causa que no le resulte jurídicamente imputable, subsistirá la obligación del empresario de devolver íntegramente el precio abonado.
Sanción y Diligencia para el Empresario
A favor del usuario, el estándar de diligencia exigido al empresario se acentúa notablemente cuando concurre el incumplimiento de sus deberes esenciales de información y documentación sobre el derecho de desistimiento.
Acción de Nulidad o Resolución
La omisión o falta de ejercicio del derecho de desistimiento en el plazo previsto legal o contractualmente no será obstáculo para el ulterior ejercicio de las acciones de nulidad o resolución contractual procedentes con arreglo a Derecho.
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
Servicios de la Sociedad de la Información (SSI)
Se define como Servicio de la Sociedad de la Información (SSI) todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
Quedan comprendidos dentro del concepto de SSI:
- La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- El envío de comunicaciones comerciales y publicitarias.
- La organización y gestión de subastas por medios telemáticos.
- La gestión de compras conjuntas en la red por grupos de personas.
- El suministro de información por vía telemática.
- Las actividades de intermediación, entendidas como aquellos servicios prestados para facilitar el acceso a la información o la utilización de otros servicios de la sociedad de la información.
Excepciones (No constituyen SSI): quedan excluidos de esta calificación los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus funciones públicas, así como los servicios de defensa y representación desempeñados por abogados y procuradores.
Concepto de Comercio Electrónico
Constituye comercio electrónico cualquier modalidad de transacción o intercambio de información comercial que consiste en la transmisión de datos a través de redes telemáticas. Comprende el tráfico negocial de mensajes dentro de una red encaminado a la negociación, perfección y ejecución de contratos mercantiles. Todo acto de comercio en el que interviene de modo determinante un soporte o canal electrónico queda catalogado como comercio electrónico.
Clasificación del Comercio Electrónico
- Por su objeto: comercio electrónico directo (entrega y descarga en línea de bienes intangibles o servicios) e indirecto (pedido telemático con entrega física del producto).
- Por los sujetos intervinientes: entre empresarios (B2B), entre empresario y consumidor (B2C), o entre empresario y administración pública (B2A).
- Por el ámbito geográfico: comercio nacional y comercio internacional.
- Por el entorno de red: comercio abierto (redes públicas o de acceso general) o cerrado (redes privadas o restringidas entre contrapartes predeterminadas).
Principios Básicos del Comercio Electrónico
1. Principio de Equivalencia Funcional
Determina que toda tecnología que permita cumplir de forma análoga las funciones asignadas a una figura o institución jurídica tradicional debe producir los mismos efectos normativos. Así, cuando la legislación exija que la información conste por escrito, dicho requisito formal se considerará plenamente satisfecho mediante un mensaje de datos.
Límites y excepciones al principio de equivalencia funcional:
- Se predica estrictamente respecto de documentos privados escritos o declaraciones verbales.
- No impide que la legislación interna regule excepciones específicas donde la equivalencia resulte inasumible jurídicamente.
- El soporte electrónico no convalida ni produce el saneamiento intrínseco de una declaración de voluntad viciada.
2. Principio de Neutralidad Tecnológica
Exige que la normativa jurídica evite favorecer, discriminar o imponer tecnologías determinadas, debiendo redactarse con suficiente abstracción técnica.
3. Principio de Buena Fe
Constituye una manifestación de la inalteración de los principios contractuales clásicos preexistentes y se erige como pilar básico a la hora de interpretar y ejecutar contratos de compraventa, especialmente en el plano internacional.
4. Principio de Regulación Mínima
Persigue impedir la sobrerregulación de las transacciones electrónicas, fomentando la autorregulación y la fluidez del tráfico comercial.
5. Principio de Libre Prestación de Servicios
Garantiza la prestación y el libre flujo de servicios electrónicos en el mercado interior sin trabas u obstáculos desproporcionados.