Decretos, actos administrativos y presunción de legitimidad en el Derecho Administrativo

1. Decretos y Decretos Ley: Similitudes y Diferencias

Los decretos son actos obligatorios de carácter general emitidos por el Poder Ejecutivo (PE) sobre materias que deben ser reguladas por ley formal. Los PE de facto emitieron decretos de ley, justificándose en la necesidad de asegurar la vida del Estado. Más adelante, ya instaurado el Estado de derecho, estos decretos ley siguieron vigentes y nunca se ratificaron expresamente por el Poder Legislativo (PL). Entonces, la diferencia entre el decreto y el decreto ley sería que este último se refiere a los actos de los gobiernos de facto.

2. Acto Jurisdiccional: Régimen Normativo

Un acto jurisdiccional es la decisión expresa y fundada que se dicta cuando un administrado presenta un reclamo, en donde se reconoce o deniega el derecho invocado, sin importar el órgano que actúa. Esta acción está contemplada dentro de la actividad administrativa y, más precisamente, en la clasificación jurisdiccional según la naturaleza de la actividad.

3. Diferencias entre Acto Administrativo General Normativo y No Normativo

Ambos tienen alcance general, pero la diferencia radica en que el normativo crea una regla de derecho. Cuando se aplica a las personas indeterminadas, no se consume con su aplicación, sino que se sigue aplicando en el futuro. Por otro lado, en el no normativo, no se crea una regla de derecho, ya que esta se consume con su aplicación. Un ejemplo de estos últimos es cuando la administración contrata para construir una obra a empresas de acuerdo a las reglas: llama a licitación y establece reglas que van a regir la selección, preparando pliego de bases y condiciones. Si desea construir otra obra en el futuro y contratar a empresas, no utiliza las mismas bases que ya se agotaron con la aplicación del caso anterior.

4. ¿Qué es la Ratificación?

Los actos administrativos anulables son susceptibles de saneamiento. Esta es una técnica por la cual se puede superar un vicio leve, es decir, que no llega a impedir la existencia de alguno de los elementos esenciales de un acto administrativo, por lo cual solo puede sanearse un acto anulable. Las formas son la ratificación y la confirmación. La ratificación se realiza por el órgano superior, cuando el acto ha sido emitido con incompetencia en razón del grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución sean procedentes.

5. Avocación: Casos en los que No Procede

La avocación es la técnica de carácter transitorio mediante la cual el órgano superior asume la competencia para conocer y decidir en un acto o asunto que le corresponde a las facultades atribuidas al órgano inferior. Es el proceso inverso de la delegación. El artículo 3 dice que será precedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Es decir, no procede si una norma atribuye competencia exclusiva al inferior.

6. Privilegios del Estado en una Sociedad de Economía Mixta

Las sociedades de economía mixta son aquellas integradas por el Estado y por capitales privados. Estas sociedades no podían ser declaradas en quiebra, y el alcance de la responsabilidad del Estado solo comprendía el aporte societario.

7. Caducidad del Acto Administrativo: Concepto y Régimen Normativo

La caducidad de un acto administrativo, según el artículo 21, puede ser declarada unilateralmente por la Administración Pública (AP) cuando el interesado no cumpla con las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario al efecto. Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a la previsión social, aquellos que la AP considere que deben continuar por sus particulares circunstancias y cuando esté comprometido el interés público.

8. Presunción de Legitimidad: Concepto, Régimen Legal y Fuente Jurisprudencial

La presunción de legitimidad se encuentra en el artículo 7. Se presume que el acto emanado de autoridad administrativa es legítimo, es decir, que fue dictado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Es una presunción iuris tantum, no puede discutirse su legitimidad salvo prueba en contrario. Recién luego de dictado el acto, quien se sienta con derecho a ello puede presentar un recurso para impugnar su legitimidad. Hasta 1941, la Corte aplicaba las reglas del Código Civil sobre nulidades del acto jurídico. Luego, con el fallo Los Lagos, se empieza a aplicar una teoría autónoma.