Decreto-ley y legislación delegada en España: Constitución de 1978, control parlamentario y límites

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1. La potestad legislativa del Gobierno tras la Segunda Guerra Mundial

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el tradicional poder legislativo, es decir, el Parlamento, deja de tener el monopolio de la legislación, ya que parte de esta potestad se atribuye también al Gobierno. Así, la Constitución de 1978 reconoce al Gobierno la competencia para elaborar y aprobar normas con fuerza de ley, al disponer en su artículo 86.1 que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes…».

Dada la importancia de que al Gobierno se le reconozca ejercer esta competencia, sin que en principio nada tengan que decir las cámaras legislativas, solo por lo que la Constitución establece los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad. Ahora bien, se trata de ver si, en la práctica, los gobiernos se han limitado a hacer uso de esta potestad en casos extraordinarios y urgentes o, por el contrario, si se han extralimitado en sus funciones.

2. El presupuesto habilitante: extraordinaria y urgente necesidad

El Gobierno solo puede dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», condición que el constituyente quiso restringir al máximo los supuestos de sustracción a las Cortes Generales de la potestad legislativa que les corresponde. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Constitución hasta la actualidad, los gobiernos han recurrido de forma habitual a la figura del decreto-ley para regular situaciones que ni eran extraordinarias ni eran urgentes.

Puede decirse que esta práctica, por parte de los gobiernos, encuentra incluso apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que desde sus comienzos viene interpretando la extraordinaria y urgente necesidad como un supuesto de discrecionalidad, es decir, de un margen de apreciación de los mismos, incontrolable salvo que se incurra en arbitrariedad.

3. Materias excluidas del decreto-ley

Continúa el artículo 86.1 de la Constitución estableciendo que el decreto-ley no podrá afectar al «ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general».

El principal problema que se plantea es qué debe entenderse por el término «afectar», es decir, si debe realizarse una interpretación restrictiva o expansiva del mismo. En el primer caso, mediante decreto-ley, el Gobierno no podría regular ninguna de las materias a las que hace referencia el art. 86.1 CE en ninguno de sus ámbitos (ni de fondo ni accesorios); sin embargo, la tesis expansiva de la limitación contenida en dicho artículo sí permitiría regular mediante decreto-ley algunos aspectos de esas materias.

4. La convalidación o derogación del decreto-ley

El apartado número 2 del artículo 86 de la Constitución establece que los decretos-leyes deben «ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad —sin que sea posible la presentación de enmiendas— al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación…».

Al tratarse de una norma provisional, el Congreso debe convalidar o derogar el decreto-ley mediante un procedimiento especial y sumario previsto en el Reglamento de la Cámara.

Si el Congreso convalida el decreto-ley, este no se transforma en ley formal del Parlamento, sino que pasa de ser una norma provisional a ser una norma definitiva. Sin embargo, si el Congreso no convalida el decreto-ley, este desaparece definitivamente del ordenamiento jurídico.

El problema que aquí se plantea es si esta expulsión del ordenamiento jurídico produce efectos desde la promulgación misma del decreto-ley por parte del Gobierno o si, por el contrario, se le considera expulsado desde la no convalidación por el Congreso, lo que supondría que desde la promulgación hasta la derogación el decreto-ley produciría efectos jurídicos.

5. La «conversión» en ley

Tras la convalidación de un decreto-ley, el Congreso puede iniciar la tramitación del mismo como proyecto de ley, aunque, según parte de la doctrina, existen serias dudas sobre el sentido de tal tramitación.

6. Los decretos legislativos: concepto y tipos

Los decretos legislativos suponen una excepción al principio general de que no se puede delegar lo delegado, pues se trata de una norma dada por el Gobierno en base a la delegación previa del Parlamento (que es titular de la potestad de legislar y que la ha sido delegada por el pueblo).

Así, la Constitución prevé la posibilidad de que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre determinadas materias, que en ningún caso podrán ser las reservadas a ley orgánica. Los decretos legislativos podrán regular ex novo una materia determinada o limitarse a refundir normas preexistentes; en todo caso, el Gobierno deberá seguir las pautas dadas por las Cortes en la correspondiente ley de delegación.

7. Límites

La legislación delegada presenta límites, tanto respecto de las leyes de delegación (la delegación debe ser expresa, otorgarse al Gobierno sobre materia concreta, etc.) como de los decretos legislativos (el Gobierno no puede delegar en otros órganos, debe legislar en un plazo determinado, etc.).

8. El control de la legislación delegada

Los controles a los que se someten los decretos legislativos son varios:

  • Control previo: dictamen del Consejo de Estado respecto al proyecto elaborado por el Gobierno.
  • Control posterior: puede ser llevado a cabo tanto por el Congreso, por los tribunales ordinarios, como por el Tribunal Constitucional; pudiendo además establecer las Cortes en la ley de delegación fórmulas adicionales de control.

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