La Constitución de 1978 y la Transición a la Democracia en España

La Constitución de 1978 y el Consenso Político

Para la formación de la Constitución de 1978, participaron varios diputados, a excepción de los vascos. Se inició la política de consenso mediante la negociación y el acuerdo entre los políticos; esta adoptó un carácter progresista, aunque con ciertos rasgos antiguos. Fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y mantiene su validez hasta el día de hoy. Define a España como un Estado social y democrático de derecho, organizado como una monarquía parlamentaria. Establece el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una declaración de derechos fundamentales y libertades. Asimismo, se recogen los principios rectores de la política social y económica, y se establece el derecho a la autonomía.

El Estado de las Autonomías

El Título VIII de la Constitución daba la posibilidad de la creación de estas entidades. La primera preautonomía se le concedió a Cataluña, donde regresó Tarradellas; después, en el País Vasco, se formó un Consejo General Vasco y en Galicia se creó una Xunta. La Constitución establecía que todas las regiones se convirtieran en comunidades autónomas regidas por un Estatuto de Autonomía, dotándolas de sus propios parlamentos y gobiernos autónomos.

Consolidación Democrática (1978-1982)

La segunda legislatura se marcó por la consolidación y también por el declive del gobierno, sumado a un intento de golpe de estado. El gobierno continuó la actividad reformista con el Estatuto de los Trabajadores. A los problemas internos del partido se le sumó el fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas; los partidos de izquierda constituyeron ayuntamientos en las grandes ciudades, mientras que en Cataluña y el País Vasco perdieron la mitad de los votos. La oposición ganaba fuerza, produciendo una moción de censura en las Cortes, lo que llevó a la dimisión de Adolfo Suárez el 29 de enero de 1981.

El Intento de Golpe de Estado: 23F

El 23 de febrero (23F), mientras se realizaba la votación de investidura de Calvo-Sotelo, un grupo de Guardias Civiles al mando de Tejero retuvo a los diputados, a la vez que Milans del Bosch sacaba los tanques en Valencia. En esta trama estaban implicados Guardias Civiles, altos jefes militares y políticos con objetivos confusos, pero con la clara intención de parar el proceso democrático. La comparecencia del Rey en televisión apoyando al régimen constitucional fue decisiva para abortar el golpe.

El Declive de la UCD

Leopoldo Calvo-Sotelo fue investido nuevo jefe de gobierno; su política era continuista respecto a la de Suárez. El gobierno firmó con las organizaciones empresariales y sindicales el Acuerdo Nacional de Empleo. Asimismo, la Ley de Divorcio fue aprobada, pero la Ley de Autonomía Universitaria fue retirada. Una de las decisiones más trascendentales fue la petición de ingreso en la OTAN, que se dio el 30 de mayo de 1982, a la que se opuso el PSOE. La amplia descentralización de España hizo que UCD y PSOE hicieran un pacto y aprobaran la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) con el objetivo de impedir que fueran desbordados los límites de los poderes entregados a las autonomías. Calvo-Sotelo no consiguió frenar el declive de su partido y, sin alcanzar un acuerdo con Adolfo Suárez, este abandonó la UCD para crear su propio partido: el Centro Democrático y Social (CDS).

Crisis Económica y los Pactos de la Moncloa

El gobierno tuvo que hacer frente a una crisis económica derivada de las actitudes violentas de quienes pretendían obstaculizar el proceso de transición democrática. A la subida del petróleo se le sumó la incertidumbre política y el retraso en las medidas contra la crisis, lo que generó un proceso inflacionario; el déficit de la balanza comercial se duplicó. La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial debido a:

• El aumento de los costes.
• El elevado peso de los bienes de consumo en la industria española.

El paro aumentó un 10% y la renta anual por habitante creció apenas un 1%. Ante esto, se firmaron los Pactos de la Moncloa por parte de los principales partidos. Estos contenían:

• Una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía.
• Una regulación de la vida pública (libertad de expresión, reunión y asociación).
• La reducción de la inflación mediante un conjunto de reformas para repartir los costes de la crisis.
• Un programa para racionalizar el consumo de energía.
• Una moderación salarial y el compromiso de una reforma fiscal.
• Una reforma tributaria y de la Seguridad Social, junto con un incremento de su financiación pública.