Aplicación directa de los derechos fundamentales, libertad de expresión y derechos de participación política en la Constitución Española

La aplicación directa de los derechos fundamentales

El primer mecanismo de garantía es la especial naturaleza jurídica de los derechos fundamentales. Estos preceptos son directamente aplicables, con independencia de que exista o no una norma que los desarrolle.

La aplicabilidad directa de los artículos que nos ocupan se deriva de la propia Constitución Española. El artículo 53.1 establece que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I vinculan a todos los poderes públicos. Esta aplicación directa de los derechos fundamentales ha sido consagrada por la jurisprudencia constitucional y ordinaria, y ha quedado consagrada en la legislación ordinaria.

El artículo 20 de la CE: naturaleza de la libertad de expresión

El artículo 20 tiene por objeto el reconocimiento y protección de la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones. Se reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Son cuatro las diferentes manifestaciones de la libertad de expresión reconocidas de forma autónoma por la CE:

• La libertad de expresión en sentido estricto (apartado 1.a).
• La libertad de creación literaria, artística, científica y técnica (apartado 1.b).
• La libertad de cátedra o derecho a la libre expresión de los docentes (apartado 1.c).
• La libertad de información o derecho a transmitir y recibir información veraz (apartado 1.d).

Libertad de expresión en sentido estricto: artículo 20.1.a)

a) La libre expresión o difusión de opiniones: La libertad de expresión ampara cualquier expresión o difusión de ideas u opiniones. Como tal derecho subjetivo, protege al actor, sea cual sea el marco en el que este se expresa. La actividad de expresar o difundir ideas u opiniones ha de ser libre; cualquier restricción previa proveniente de poderes o entidades de carácter público constituiría una modalidad de censura, prescrita de forma taxativa por el artículo 20.2. En cuanto a restricciones procedentes de particulares, quedan excluidas, así como las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión.

b) Objeto de la libertad de expresión: La CE describe el objeto de la libertad de expresión con tres términos. El artículo 20.1.a) ampara la expresión por parte de un individuo de cualquier idea o concepción sobre personas, opiniones, hechos o ficciones. Cualquier concepción de la mente humana ya protegida por la libertad de pensamiento queda protegida por la libertad de expresión.

c) Los medios: la palabra, el escrito o cualquier otro medio: La CE contempla los posibles medios que sirven para comunicar en el ejercicio de la libertad de expresión. Se mencionan expresamente los de mayor trascendencia, la palabra y el escrito, para luego añadir todos los restantes. Lo esencial es que estemos en presencia de un hecho expresivo.

El significado de los derechos políticos

Son derechos de ámbito político la libertad de reunión y también el derecho o régimen jurídico de los partidos políticos. Tienen una relación directa con los derechos de participación, es decir, con los derechos de sufragio.

Sin las libertades de reunión y asociación, los derechos de participación se verían privados de su sustrato. Hay que advertir, no obstante, que los derechos de reunión y asociación tienen un ámbito de vigencia más general que el estrictamente político, porque están encaminados a expresar la sociabilidad humana en todas sus dimensiones y no solamente en la política. Por otro lado, es necesario subrayar la conexión de los mismos con algunas libertades civiles básicas, como la libertad ideológica y religiosa o la libertad de expresión, pues estas se proyectan necesariamente en actividades que jurídicamente revisten la forma de reunión o asociación.

Participación política y democracia

La definición constitucional del Estado español como un Estado democrático tiene como consecuencia obligada el reconocimiento del derecho a participar en la forma de volución estatal. La forma tradicional en que se expresaba el status activae civilitatis era el derecho a elegir y ser elegido en asambleas representativas y a ocupar cargos públicos. Tales derechos son también reconocidos en la CE.

La CE manifiesta también la voluntad de establecer una sociedad democrática avanzada y traduce tal voluntad en una extensión de la participación de los ciudadanos, que va más allá de las formas tradicionales, referente a la participación en la designación de representantes políticos. La CE establece un mandato a los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Derecho de sufragio pasivo y acceso a cargos públicos (artículo 23.2)

La CE viene a reconocer este derecho en sus dos dimensiones de acceso a funciones y cargos públicos, electivos o no, con los requisitos que señalen las leyes. El legislador podrá restringir el ámbito de los cualificados para optar por una función o cargo público, estableciendo unos requisitos. Esta libertad de configuración legal se ve limitada por una exigencia: que se mantenga el principio de igualdad. Ahora bien, se establece una igualdad entre aquellos que cumplan los requisitos previstos. Los requisitos no podrán ser discriminatorios.