Ámbito objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público: contratos administrativos y privados

Ámbito objetivo de la ley y régimen jurídico de los contratos del sector público

T1. Ámbito objetivo de la ley: hace referencia a qué tipo de contratos se aplica esta ley. Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de Derecho administrativo o de Derecho privado.

Esta distinción parte de la relación con la doble capacidad jurídico-pública o jurídico-privada del ente del sector público:

• El ente del sector público actúa con capacidad jurídico-pública cuando el ordenamiento le atribuye poderes exorbitantes (la idea de potestad).
• El ente público actúa con capacidad jurídico-privada cuando, en el ejercicio de la facultad que le confiere el ordenamiento, no le otorga ningún poder sino que, por el contrario, actúa en relación con otras personas con las que se relaciona en posición de igualdad.

Un contrato del sector público será administrativo cuando dimane de la capacidad jurídico-pública que corresponde al ente público y confiera prerrogativas exorbitantes para garantizar la satisfacción del interés público. Será privado cuando dimane de la capacidad jurídico-privada y, en su ejecución, carezca de prerrogativas.

Artículo 25 (contratos administrativos)

Tendrán carácter administrativo los siguientes contratos, siempre que se celebren por las Administraciones Públicas (AAPP):

• a) Contratos de obra, concesiones de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros y aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
• b) Contratos declarados como tales por ley, y aquellos de objeto distinto de los anteriores que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante.

Artículo 26.1 (contratos privados)

Tendrán consideración de contratos privados:

• a) Los que celebren las AAPP cuyo objeto sea distinto de los previstos en el artículo anterior.
• b) Los celebrados por entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no reúnan las condiciones de AAPP.
• c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.

Régimen jurídico

Contratos administrativos (art. 25.2): se regirán, en cuanto a preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán el resto de normas de Derecho administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho privado.

Contratos privados (art. 26.2, párrafo primero): en cuanto a preparación y adjudicación, por la ley de contratos del sector público; en cuanto a efectos, modificación y extinción, por el Derecho privado.

En el caso de contratos privados celebrados por entes adjudicadores que no tengan la categoría de AAPP, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la ley, se regirá: en cuanto a preparación y adjudicación, por la legislación de contratos del sector público; y en cuanto a efectos y extinción, por las normas de Derecho privado.

Orden jurisdiccional competente

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para conocer de las siguientes cuestiones:

• a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.
• b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las AAPP.

Ente público contratante

Será siempre un ente del sector público que ostente la cualidad de Administración pública o de poder adjudicador. Tiene especial relevancia el órgano de contratación, que es quien ostenta la representación del ente, pudiendo ser unipersonal o colegiado. Podrá delegar sus competencias de conformidad con las normas que le sean de aplicación, cuando estemos ante órganos administrativos.

También es responsable del contrato, por lo que designa al órgano encargado de supervisar la ejecución, adoptar decisiones y dictar instrucciones con el fin de asegurar la correcta realización de aquel.

Perfil del contratante

No nos encontramos ante un elemento subjetivo que intervenga en el contrato, sino ante una obligación que tiene el ente del sector público de publicitar, a través de internet, la información y documentación relativas a la actividad contractual que vaya a desplegar, para asegurar la transparencia. Esta obligación no es incompatible con otros medios de publicidad adicionales.