El Tribunal Constitucional español: funciones, composición y procedimientos

Francés72,1 KB

TMA 9: El Tribunal Constitucional.

Lección 9. El Tribunal Constitucional

1. Las razones para un Tribunal Constitucional en España

Se acepta que la necesidad de la existencia del órgano no puede entenderse sino por la concurrencia de un cúmulo de condiciones que ya se habían manifestado en otros procesos constituyentes de nuestro entorno y que se habían identificado de manera reiterada, entre las razones históricas que propician el nacimiento de la justicia constitucional.

Aparecieron grandes razones para la justicia constitucional:

  • La apuesta por conseguir un modelo de Estado territorialmente descentralizado.
  • La segunda, conectada con los grandes procesos transicionales, mediante la identificación de la justicia constitucional como un instrumento de probada efectividad para la defensa del modelo democrático y su continuidad.
  • La implantación de la idea de supremacía de la Constitución como norma jurídica, acompañada del fenómeno de la generalización de la rigidez constitucional.

2. Las características del modelo de justicia constitucional en España

El modelo está regulado en el Título IX, que se complementa con un necesario desarrollo normativo por ley orgánica, exigido en el propio artículo 165. En cumplimiento de dicho mandato se aprobó la LO 2/1979, de 3 de octubre (LOTC).

2.1. El Tribunal Constitucional como órgano constitucional del Estado

Manuel García-Pelayo describió al TC como un órgano constitucional del Estado.

El TC (órgano del Estado) ejerce, con jurisdicción en todo el territorio nacional, una serie de competencias con las que contribuye a la formación de la voluntad del Estado y a su correcto funcionamiento. Ejerce sus competencias en pie de igualdad con el resto de los órganos del Estado, no estableciéndose entre ellos relaciones de supra o infraordinación. "Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente Ley orgánica" (art. 1.1).

Además de como órgano del Estado, se configura como un órgano constitucional. La Constitución coloca a dicho órgano al mismo nivel que a las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial.

  • Rasgos básicos de su composición (art. 159 CE)
  • Régimen jurídico (arts. 159 y 165 CE)
  • Funcionamiento (arts. 162 y 164)
  • Competencias (arts. 95, 161, 163)

La Constitución no ha garantizado el status del TC, pues le ha concedido el monopolio del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley.

2.2. El modelo derivado de la Constitución

El TC se configura como un órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional, al que se define como el máximo intérprete de la Constitución y al que se atribuye, por tanto, la última palabra en los asuntos que conoce (arts. 161.1 CE y 1 LOTC).

El TC no pertenece al Poder Judicial. Es un órgano independiente que solo ejerce las competencias que la Constitución y su Ley le atribuyen. La concurrencia de estas notas —independencia de los demás poderes, sujeción orgánica y funcional de los tribunales ordinarios y competencias delimitadas por atribución— tiene varias consecuencias sobre la configuración y el funcionamiento del TC.

La composición del TC responde a las pautas marcadas en su día en la propuesta de Kelsen en sus trabajos sobre la justicia constitucional. Se configura como un órgano no muy numeroso (12 magistrados, art. 159.1 CE), integrado por especialistas en derecho y elegido por varios órganos del Estado con legitimidad democrática mediata o inmediata.

Se organiza en Pleno, Salas y Secciones, y no actúa de oficio, sino a instancia de parte, como cualquier otro órgano de justicia rogada, y su control es siempre represivo o a posteriori.

En el ámbito del control de constitucionalidad, y la correspondiente nulidad, puede alcanzar a otros artículos de la disposición con rango de ley, aunque aquellos que se sometieron a su control por la vía adecuada.

Únicamente se recoge en la CE un supuesto de control preventivo de la constitucionalidad: el de los tratados internacionales con estipulaciones que puedan ser contrarias a la CE (art. 95 CE).

2.3. El Tribunal Constitucional y sus funciones

El TC ha recibido en la CE la tarea de desempeñar las 3 funciones básicas que tradicionalmente ha asumido:

  • Controla la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones con rango de ley.
  • Resuelve conflictos territoriales entre órganos.
  • Garantiza subsidiariamente los derechos fundamentales y las libertades públicas.

El control directo de constitucionalidad se canaliza a través del recurso de inconstitucionalidad. Mientras que con una relevancia más limitada puede considerarse también control directo el recurso previo contra tratados internacionales. El control indirecto se realiza a instancia de jueces y tribunales a través de la cuestión de inconstitucionalidad.

La LOTC ha dado carta de naturaleza a otros procedimientos en los que se efectúa también un juicio represivo de constitucionalidad. A partir de este recurso de amparo se origina la cuestión interna de constitucionalidad o autocuestión; el conflicto en defensa de la autonomía local.

Los procesos de conflictos son 2: 1) conflicto de competencias constitucionales entre el Estado y las CCAA, y entre estas mismas. 2) Conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales.

Por último, el artículo 161.2 CE ha dado lugar a una vía para la impugnación no conflictual de disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas.

3. Los límites de actuación del TC

A lo largo de su historia ha tenido el problema de la legitimidad del órgano: las tareas del TC le obligan a intervenir en el ejercicio de las funciones constitucionales de órganos como las Cortes Generales, el Gobierno, las instituciones de autogobierno de las CCAA o los órganos del PJ, y llegado el caso, a corregir sus decisiones.

Se entraría por tanto en conflicto con órganos que desde una perspectiva democrática se encuentran conectados de manera más directa con la voluntad de los ciudadanos. La legitimidad del Tribunal Constitucional procede de una doble fuente: la defensa de la Constitución, y la selección de sus miembros por órganos que tienen una legitimidad democrática directa o indirecta.

Los tratados internacionales traen como consecuencia que el incumplimiento de sus estipulaciones provoque para el Estado el nacimiento de responsabilidades ante otros Estados.

Las disposiciones gubernamentales que tratan de poner en marcha aspectos parciales del programa político se convierten en un acto jurídico con imprevisibles consecuencias de alcance político.

Estas dificultades descritas marcan el modelo de nuestra justicia constitucional y son las reglas del juego con las que tiene que convivir el Tribunal Constitucional, como lo tiene que hacer el resto de los poderes del Estado.

4. La selección de los miembros del TC: número y cualificación

4.1. Número

El art. 159.1 CE ha fijado el número de miembros del TC en doce magistrados elegidos: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial.

El número de magistrados ha facilitado la estructuración del tribunal en dos Salas, compuestas por seis miembros, y en cuatro Secciones, integradas por tres magistrados, que agilizan las tareas del Tribunal Constitucional.

4.2. Cualificación

Los miembros del TC tendrán que ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Todos ellos deben ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional (art. 159.2 CE), a lo que se añade una exigencia a través del artículo 18 LOTC: la nacionalidad española.

Los órganos proponentes disponen de plena discrecionalidad a la hora de elegir entre todas las categorías posibles, sin tener en cuenta ningún criterio adicional.

5. Composición del TC

El art. 159.1 de la CE dispone que: el TC se compone de 12 magistrados nombrados por el Rey: de ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Se trata del TC menos numeroso de todos. Hay que resaltar que, para que cualquiera de las cámaras pueda designar un magistrado, tiene que generar un consenso similar al que hace falta para reformar la Constitución. Es la mejor de las garantías que pueden exigirse, y la que mejor ha funcionado hasta el momento en los países que conocen este órgano.

Para mayor garantía, la CE no deja libertad absoluta en la designación a los órganos del Estado a los que encarga esta tarea, sino que les impone que la elección se lleve a cabo entre determinadas categorías de ciudadanos.

Además, los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las CCAA en los términos que determine el reglamento de la Cámara. Esta previsión trata de dar al Senado el cauce a través del cual las CCAA puedan participar.

La LO 6/2007 ha previsto, junto a la anterior, que los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes comisiones en los términos que dispongan los respectivos reglamentos. Se abre la vía para que los candidatos tengan que explicar en el Congreso y en el Senado sus posiciones sobre temas de interés constitucional y sus proyectos sobre la forma en que ejercerán sus cargos como magistrados del TC.

Una vez fijada la composición del TC, así como la de quiénes son electores y elegibles, por decirlo de manera gráfica, la CE se ocupa de garantizar la independencia de los magistrados en el ejercicio de su función. Y para ello regula los siguientes extremos:

  • Duración del mandato: los miembros del TC serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. La LOTC prohíbe la reelección de manera inmediata, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años.
  • Incompatibilidades: todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en un partido político o sindicato o el empleo al servicio de los mismos, ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil.
  • Inamovilidad: los miembros del TC serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

5.2. Estatuto jurídico

El art. 159.4 CE establece que "los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de sus funciones". Una vez nombrados, los magistrados resultan independientes del órgano que los propuso, así como de cualquier otro.

La destitución o suspensión de los magistrados solo se produce por las causas tasadas en la LOTC y se decide en el interior del propio TC.

La LOTC completa estas previsiones destacando además que los magistrados ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma (art. 22 LOTC).

5.2.1. Régimen de incompatibilidades

Según el artículo 159.4 CE, el cargo de magistrado del TC es incompatible:

  • Con todo mandato representativo.
  • Con los cargos políticos o administrativos.
  • Con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos.
  • Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
  • Con cualquier actividad profesional o mercantil.

La LOTC precisa esta lista en el art. 19.1, estableciendo que el mismo cargo es incompatible con:

  • El cargo de Defensor del Pueblo.
  • Diputado o senador.
  • Cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunidades autónomas, las provincias y otras entidades locales.
  • El ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal.
  • Empleos de cualquier clase en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional.
  • El desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, y con toda clase de empleo al servicio de los mismos.
  • Desempeño de actividades profesionales o mercantiles.
  • Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen todas las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

A diferencia de los miembros del Poder Judicial, solo les resulta incompatible el ejercicio de una función directiva o de un empleo en los partidos políticos y sindicatos, no estando vedada la mera militancia o afiliación a los mismos.

5.2.2. Cese

El art. 23 LOTC detalla las causas de cese de los magistrados:

  • Renuncia aceptada por el Presidente del TC.
  • Expiración del plazo de su nombramiento.
  • Por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial.
  • Por la incompatibilidad sobrevenida.
  • Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo.
  • Violar la reserva propia de su función.
  • Por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.
5.2.3. Suspensión

Puede producirse, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas por la LOTC. La suspensión requiere el voto favorable de las 3/4 partes de los miembros del tribunal reunido en Pleno.

5.2.4. Inviolabilidad

No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Se garantiza la absoluta libertad de los mismos a la hora de expresar su opinión en el desempeño de sus tareas (art. 22 LOTC). Como sucede con las prerrogativas parlamentarias, no se trata de una garantía personal, sino funcional: no va destinada a proteger al magistrado en sí, sino la función que desempeña.

5.2.5. Fuero jurisdiccional

La responsabilidad criminal solo será exigible ante la Sala de lo Penal del TS. Al igual que sucede en el caso de los miembros de las Cortes Generales, se atribuye la responsabilidad al máximo órgano jurisdiccional en la creencia de que se evitará el desarrollo de cualquier acción con motivaciones políticas (art. 26 LOTC).

5.3. Mandato

La duración del mandato es de 9 años y no cabe reelección inmediata salvo que el magistrado haya ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años (art. 16 LOTC). Un magistrado puede volver a serlo, pero habrá que dejar pasar un tiempo entre el fin de su mandato y la reelección. Un magistrado no puede ocupar su cargo más de 9 años seguidos si no lo ha ocupado durante más de 3 años. Esta circunstancia puede producirse cuando un magistrado es nombrado a causa del cese de otro en fecha anterior a la expiración de su mandato y desempeña su cargo durante un periodo inferior a 3 años.

6. Estructura y funcionamiento

El TC dispone de un poder reglamentario propio. De tal poder reglamentario del TC hace en términos generales uso el Reglamento de organización y personal, y también en circunstancias particulares, cuando ha estimado oportuno que tenía que dictar normas relativas a la tramitación de determinados asuntos cuya resolución se le confiaba. Tal poder reglamentario no es decisivo para el conocimiento de la institución.

Presidente y Vicepresidente

El TC está presidido por uno de los magistrados que la componen. Es nombrado por el Rey a propuesta de los propios magistrados por un periodo de 3 años, reelegible por otros 3.

Para la elección es necesaria la mayoría absoluta en la primera votación y la simple en la segunda. En caso de empate le corresponde la presidencia al candidato con mayor antigüedad y en caso de igualdad al de mayor edad. Por el mismo procedimiento se designa al Vicepresidente.

Las funciones del Presidente son: convocar y ordenar las sesiones del Pleno, ordenar el trabajo del TC, ejercer su representación y jefatura administrativa… El Vicepresidente sustituye al Presidente en caso de vacante o ausencia.

Pleno, Salas y Secciones

El TC actúa en Pleno, en Sala o en Sección. El Pleno y las Salas constituirán Secciones. La LOTC ha introducido importantes modificaciones en el reparto de funciones entre el Pleno, la Sala y las Secciones, tendentes a reforzar los dos últimos órganos, con el fin de agilizar el funcionamiento del TC.

El Pleno, integrado por los doce magistrados y presidido por el Presidente, conoce de todos los asuntos atribuidos al TC, salvo del recurso de amparo. El Pleno puede atribuir a las Salas en la trámite de admisión el conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad. También puede reservarse conocer de determinadas cuestiones de inconstitucionalidad y deferir las demás a las Salas según un turno objetivo. El Pleno puede acabar teniendo conocimiento de los recursos de amparo por iniciativa de la Sala o por iniciativa propia.

Las Salas resuelven los recursos de amparo, los de inconstitucionalidad de mera aplicación de doctrina y las cuestiones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento les atribuya o defiera el Pleno. Hay dos Salas, presidida la primera por el Presidente y la segunda por el Vicepresidente.

Las Secciones son cuatro, compuesta cada una por tres magistrados, que deciden mediante auto sobre la admisibilidad de los recursos.

Para la adopción de acuerdos es necesaria la presencia de dos tercios de los miembros. Las decisiones se toman por mayoría. Los magistrados pueden manifestar su discrepancia con la mayoría mediante la formulación de un voto particular.

6.2. Funcionamiento

El Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos terceras partes de los miembros que en cada momento lo compongan. Idéntico requisito se exige para las Salas. Las Secciones requieren la presencia de dos magistrados, a no ser que haya discrepancia, en cuyo caso se requerirá la presencia de sus tres miembros.

La regla general para la adopción de decisiones es la mayoría, a no ser que la Constitución o la LOTC establezca otra cosa. En caso de empate, decide el voto del Presidente.

La LOTC prevé que los magistrados puedan emitir un voto particular con su opinión discrepante, siempre que la misma haya sido defendida en la deliberación (art. 90 LOTC).

7. Las funciones constitucionales del TC

Los 3 ámbitos básicos de las competencias desarrolladas por el Tribunal Constitucional se delimitan en los artículos 161 y 163 de la CE:

  • El control de la constitucionalidad de las leyes y las disposiciones normativas con rango de ley.
  • Recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales y las libertades públicas definidos en el artículo 53.2 CE.
  • Conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí.

7.1. Los procesos del control de constitucionalidad

Varios son los elementos en los que coinciden el recurso y la cuestión en cuanto procedimiento de control de normas. Su estudio debe proceder a las diferencias que los separan.

En primer lugar, coinciden en la finalidad que ambos persiguen. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el TC garantiza la primacía de la CE y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados.

En segundo lugar, coinciden en el monopolio del TC en el ejercicio de esta función. El control de constitucionalidad de la ley es un control concentrado.

En tercer lugar, las normas susceptibles de ser declaradas anticonstitucionales son las mismas por ambos procedimientos y son las siguientes: los estatutos de autonomía y demás leyes orgánicas, las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley, los tratados internacionales, los reglamentos de las cámaras y de las Cortes Generales, las leyes y demás con fuerza de ley de las CCAA y los reglamentos de las asambleas legislativas de las CCAA.

Solo son susceptibles de impugnación a través de estos procesos las normas antes indicadas cuando hayan quedado perfeccionadas. En el caso de los decretos legislativos el TC debería controlar únicamente la ley de delegación. Sin embargo, la solución adoptada en nuestro ordenamiento confía al TC el conocimiento en exclusiva de la ley y la posibilidad de conocer también el decreto legislativo.

En cuarto lugar, coinciden en el canon de constitucionalidad de la ley. Además de la CE, prevé dos adiciones como criterio mensurador de la constitucionalidad de la ley: la primera está reservada para el control de normas que incidan en la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA; la segunda está destinada a clarificar las relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria.

En quinto lugar, hay que indicar que tanto la interposición del recurso como el planteamiento de la cuestión no suspenden la vigencia de la ley ni la aplicación de la misma.

7. Funciones constitucionales del Tribunal Constitucional

Los 3 ámbitos básicos de las competencias desarrolladas por el TC se delimitan en los arts. 160 y 163 CE: el control de constitucionalidad de las leyes y las disposiciones normativas con rango de ley, el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales y libertades públicas, y los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA y de estas entre sí.

El elemento común de todos estos procesos es la defensa de la intangibilidad de la Constitución, tanto en su vertiente externa como articulada. El art. 161.2 CE ha agregado un proceso por el que se permite al Gobierno impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA, que es objeto de regulación en el título V de la LOTC.

La intervención del TC se produce a posteriori, es decir, una vez que la disposición o el acto cuya regularidad constitucional se duda son definitivos y muestran fuerza suficiente para entrar en conflicto con un artículo o principio constitucional. La naturaleza correctora de la intervención y el pronunciamiento solo se quiebra con la excepción constitucionalmente prevista del recurso previo de constitucionalidad sobre los textos de los tratados internacionales (art. 95 CE).

  1. Los procesos de control de constitucionalidad.

El ejercicio del control de constitucionalidad se encuentra en la esencia de la justicia constitucional. Existen diversos modelos a través de los cuales puede realizarse este control.

La CE prevé dos modelos básicos de acceso al TC: el recurso directo o recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1 CE) y el recurso indirecto o cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE). Ambos son objeto de regulación en el Título II de la LOTC. Fuera de estos dos procedimientos básicos se coloca el especial control previo de los tratados internacionales, derivado del art. 95 CE.

  1. Los elementos comunes

Los procesos de control de constitucionalidad cumplen una doble función: garantizan la supremacía e imperatividad de la CE, y permiten enjuiciar la conformidad o disconformidad de leyes, disposiciones y actos impugnados con la Constitución. Del TC se pide nada más que un pronunciamiento de inconstitucionalidad. La Constitución es un marco de coincidencias en el que caben diversas interpretaciones y desarrollos, y el pronunciamiento del TC se limita a la declaración de la incompatibilidad de la disposición legal con la CE en aquellos casos extremos en los que no resulta posible una manera de interpretar el enunciado del precepto legal de conformidad con el mandato constitucional.

En consecuencia, en el procedimiento de enjuiciamiento resulta esencial delimitar sobre qué recae el pronunciamiento, es decir, cuál es el objeto sometido a examen de la constitucionalidad, y cuál es el parámetro con el que se confronta.

El objeto de control según el art. 161.1 CE serían: "del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley".

Con respecto a la LOTC, son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:

  1. Los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas.
  2. Las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley.
  3. Los tratados internacionales.
  4. Los reglamentos del Congreso y del Senado.
  5. Las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las CCAA.
  6. Los reglamentos de las asambleas legislativas de las CCAA.

El elenco de disposiciones sometidas a control presenta singularidades que afectan al alcance de la actuación del TC:

En primer lugar, el TC solo controla por estas vías normas con rango de ley, quedando en el ámbito de los tribunales ordinarios los pronunciamientos de constitucionalidad de las normas inferiores a la ley. Fuera de su control quedan las "exposiciones de motivos" de las leyes y los actos de trámite en la producción legislativa, incluyendo los actos de convalidación de los decretos-leyes o la autorización de tratados.

En segundo lugar, la naturaleza propia del control de constitucionalidad como control de validez de las normas con rango de ley derogadas no se puede someter a control de constitucionalidad. Esta regla tiene como consecuencia, en el caso de las leyes, que no se admita el recurso o, si la derogación se produce estando abierto el proceso, se produzca una pérdida sobrevenida del objeto procesal. No obstante, el propio tribunal ha exceptuado la pauta en dos supuestos:

  • Ha aceptado la admisión en los casos de inconstitucionalidad sobrevenida.
  • Ha admitido la continuidad de control del decreto-ley, cuando, siguiendo los trámites del art. 86.3 CE, ya ha sido derogado por una ley tramitada a través del procedimiento de urgencia.

Con ello no se priva, sin embargo, de objeto o de sentido al presente recurso, ni padece tampoco la competencia de este tribunal para pronunciarse acerca de la pretendida inconstitucionalidad de tales normas, ahora derogadas, puesto que la función esencial de esta jurisdicción es garantizar la primacía de la CE y asegurar en todo momento el correcto funcionamiento del sistema de producción normativa prefigurado por la norma fundamental, depurando y expulsando del ordenamiento las normas impugnadas que se apartan de dicho sistema, con independencia de que se encuentren o no en vigor cuando se declara su inconstitucionalidad.

Por otro lado, ha aceptado que una ley o disposición con rango de ley derogada puede constituir para un órgano judicial norma válida para resolver un caso y, si sospecha de su regularidad constitucional, sí la duda la puede residenciar ante el TC a través del procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Por último, conforme al principio de justicia rogada y de congruencia, el TC puede pronunciarse solo por el contenido de lo fijado sobre las partes en el inicio del proceso. No obstante, cuando la sentencia declara la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que debía extenderse por conexión o consecuencia.

El parámetro de la constitucionalidad es el texto de la CE. No obstante, el modelo descentralizado del propio Estado autonómico, en el que el reparto competencial no se recoge exclusivamente en la CE y se completa con otra serie de normas (estatutos de autonomía, leyes del art. 150 CE), convierte los preceptos constitucionales en un canon incompleto en la emisión de un juicio de constitucionalidad. Este conjunto de normas que actúan como canon de constitucionalidad ha sido denominado "bloque de constitucionalidad".

Por último, en ciertos procedimientos de control los reglamentos de las cámaras legislativas pueden convertirse en normas interpuestas que completan el juicio de constitucionalidad; especialmente cuando la inconstitucionalidad de la ley se debe a que su aprobación no ha seguido, como manda un precepto constitucional o estatutario, con regularidad el procedimiento legislativo.

  1. El control directo de constitucionalidad: el recurso de inconstitucionalidad.

Se trata de un procedimiento relativamente sencillo, bastante simplificado en cuanto a trámites y con plazos relativamente breves para depurar del ordenamiento jurídico normas inconstitucionales y garantizar la supremacía de la CE.

Los sujetos legitimados para el empleo del recurso aparecen en el art. 162.1 CE:

  1. El Presidente del Gobierno.
  2. Los 50 diputados y 50 senadores.
  3. El Defensor del Pueblo.
  4. Previo acuerdo, los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas legislativas de las CCAA.

El recurso se interpone por escrito donde se deben aparecer identificados los órganos o personas que ejercitan la acción, la norma impugnada con indicación de los preceptos contrarios a la CE y el precepto constitucional que se considera quebrantado. Además debe contener una argumentación fundamentada y congruente.

El plazo de interposición es de 3 meses, computados a partir del momento de la publicación oficial de la norma.

La admisión se efectúa por providencia de la correspondiente sección del Pleno y se da traslado del acuerdo y del escrito de interposición al Congreso de los Diputados y al Senado. Se les fija un plazo de 15 días para que se personifiquen y realicen alegaciones.

A partir de entonces, el TC tiene un plazo de 10 días para dictar sentencia, ampliable por otros 30 días.

  1. El control indirecto de inconstitucionalidad: la cuestión de inconstitucionalidad.

Art. 163 CE. Es un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la ley y a la Constitución.

Cuando un órgano considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez depende el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, plantearía la cuestión ante el TC.

La legitimación para llevar a cabo la cuestión ante el TC corresponde a cualquier órgano del Poder Judicial. Los órganos jurisdiccionales deben contar con competencia para resolver el caso. La duda de constitucionalidad puede plantearse a instancia de parte o ser conocida de oficio por el órgano judicial.

La cuestión de inconstitucionalidad se plantea mediante un auto en el que se identifica la norma con rango de ley cuestionada, los preceptos constitucionales que se consideran infringidos y las razones sobre la aplicabilidad de la norma al caso y su relevancia para la solución del proceso.

El procedimiento de la cuestión se divide en dos partes:

1º Los trámites previos al conocimiento del TC, de forma que el órgano judicial solo podrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia.

  • La duda de constitucionalidad surge en un proceso y afecta a una norma con rango de ley que debe aplicarse a la solución del conflicto procesal. Una de las partes del proceso puede trasladar al órgano judicial su duda o bien el juez o tribunal puede detectar directamente el problema.
  • El órgano abre un incidente para conocer la opinión de las partes y del Ministerio Fiscal sobre si la norma es aplicable al caso o si existen dudas sobre su constitucionalidad.
  • Las partes disponen de un plazo de 10 días para sus alegaciones. Transcurrido dicho plazo, el órgano en un plazo de 3 días, mediante auto, planteará o no la cuestión.
  • El planteamiento de la cuestión y su admisión suspende el proceso a quo, que permanece pendiente de la resolución del TC para su resolución por sentencia.

2º La tramitación en el seno del TC:

  • El TC puede admitir la cuestión por providencia o inadmitirla por auto motivado.
  • Una vez superado el trámite de admisión, se publica en el BOE, con un doble objetivo: que todos los jueces y tribunales tengan conocimiento de que se ha cuestionado la constitucionalidad de un precepto de una ley o disposición con rango de ley; y para permitir que las partes del proceso a quo realicen en un plazo de 15 días sus alegaciones.
  • El tribunal da traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno, al Fiscal General del Estado y a las asambleas y los consejos autonómicos, si fuese necesario.
  • Las partes institucionales cuentan con un plazo común e improrrogable de 15 días para personarse y realizar alegaciones.
  • Una vez transcurrido el plazo, el TC deberá dictar sentencia en un plazo de 15 días, ampliable en un máximo de 30 días.
  1. El control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales (art. 95 CE)

Los tratados internacionales una vez publicados en España formarán parte del ordenamiento interno, por lo que su incumplimiento puede determinar responsabilidades para el Estado español. Sin embargo, los tratados no pueden vulnerar nuestra Constitución, por lo que con la finalidad de evitar la perturbación que podría derivar de la declaración de inconstitucionalidad de una norma pactada, se permite como excepción el control previo de constitucionalidad de los tratados.

El procedimiento resulta relativamente simple y permite una rápida respuesta del TC:

  1. Están legitimados para plantearlos el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, el Congreso de los Diputados y el Senado, por acuerdo mayoritario de sus plenos.
  2. La duda se plantea a través de un requerimiento, escrito en el que se solicita del TC un pronunciamiento sobre la existencia o no de contradicciones entre la CE y las estipulaciones de un tratado internacional.
  3. Una vez presentado el requerimiento, el TC emplaza al solicitante y a los demás órganos constitucionales legitimados para que en un plazo de 1 mes presenten sus alegaciones.
  4. Transcurrido el plazo, el TC dictará una declaración en la que concluirá si las estipulaciones del tratado son contradictorias con la CE, impidiendo su entrada en el ordenamiento español, o no son contradictorias.
  5. El TC podrá solicitar de los órganos legitimados o de otras personas, ampliaciones o precisiones, alargando, en su caso, el plazo de 1 mes previsto para emitir declaración, que no podrá exceder de 30 días.
  1. Los procesos para la resolución de conflictos.

Todos los conflictos de competencia se presentan como procesos contenciosos, con enfrentamiento entre las partes y disputa interpretativa sobre un conflicto jurídico.

  1. Los conflictos entre el Estado y las CCAA y entre estas.

La LOTC integra la regulación de dos procedimientos en los que se encuentran implicados el Estado y las CCAA en la defensa de sus competencias: "conflicto positivo" (arts. 62 a 67 LOTC) y "conflicto negativo" (arts. 68 a 72 LOTC).

*Los conflictos positivos de competencia

El conflicto se interpone por el Estado contra una CCAA, por una CCAA contra el Estado o por una CCAA frente a otra cuando entienda que una disposición, resolución o acto no respeta el orden de competencias establecido en la CE, en los estatutos de autonomía o en las leyes orgánicas correspondientes.

Los sujetos legitimados para interponer el conflicto de competencia deben ser, conforme establece la LOTC, entre:

  • En el origen puede encontrarse cualquier ente, organismo o autoridad del Estado o de la CCAA, con capacidad para ejercer competencias.
  • Las partes demandantes y demandadas en el proceso no pueden ser más que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos.

La LOTC acoge una importante diferenciación cuando regula las condiciones de legitimación para uno y otro sujeto. En el caso del Gobierno, este solo tiene que demostrar que la actuación de un órgano de una CCAA quebranta objetivamente el orden de competencias establecido en la CE. En cambio, cuando se trata de los gobiernos autonómicos, además se les exige demostrar que esta ruptura afecta a su propio ámbito.

El objeto del conflicto recae sobre disposiciones, resoluciones o actos emanados de cualquier autoridad del Estado o de una CCAA. Se trata en todo caso de disposiciones y actos que carezcan de rango de ley.

En cuanto al procedimiento del conflicto:

El Gobierno dispone del privilegio de plantear de un modo directo el conflicto ante el TC, o bien con carácter previo requerir a la CCAA autora de la actuación considerada incompetente. Sin embargo, las CCAA se encuentran en todo caso obligadas a realizar el requerimiento al Estado o a la CCAA que dictó la disposición.

1º El requerimiento. Se indicará con claridad los preceptos de la disposición o los puntos concretos de la resolución o acto viciado de incompetencia, así como las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte.

El plazo para interponer el requerimiento es de 2 meses computados desde el día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto incompetente. El ente requerido dispone de un plazo de 1 mes desde la fecha de su recepción para responder aceptándolo o rechazándolo.

Con la presentación de la demanda se inicia el conflicto de competencia en sentido constitucional. El Gobierno cuenta con un plazo de 2 meses computados desde el día de la publicación de la disposición.

El TC puede inadmitir por carencia de requisitos formales insubsanables.

Una vez admitido, en un plazo de 10 días, el TC informa al Gobierno o al Consejo de Gobierno el planteamiento e iniciación del conflicto, fijando un plazo máximo de 20 días para la aportación de alegaciones.

La sentencia declara la titularidad de la competencia controvertida y acordará la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto.

La LOTC reconoce dos supuestos de suspensión de la actuación objeto del conflicto de competencias:

  • Una suspensión cautelar, que la puede solicitar el Consejo de Gobierno que impugna una disposición, resolución o acto del Estado o de otra CCAA en cualquier momento a lo largo del procedimiento. También puede ser solicitada por el Gobierno cuando no invoca en su demanda el art. 162.2 CE.

La petición de suspensión debe avalarse con razonamientos sobre los perjuicios de imposible o difícil reparación que produciría la aplicación de la actuación impugnada. La decisión se toma libremente mediante auto por el TC.

  • La suspensión automática se toma, en cambio, cuando en el planteamiento del conflicto, el Gobierno invoca el art. 161.2 CE; el TC se encuentra obligado a dictar la suspensión de la disposición, la resolución o acto impugnado de la CCAA. Esta suspensión se puede levantar transcurridos 5 meses, a petición del Gobierno de la CCAA, y previa audiencia a las partes procesales.

*Los conflictos negativos de competencia

Parten de la hipótesis de que tanto la administración del Estado como la de una CCAA declinen ser titulares de una competencia y desistan de ejercer las funciones que de ella se derivan. En este caso se regulan dos procesos negativos:

  1. El iniciado por el particular interesado (administrado):

En este supuesto el interesado, ya sea una persona física o una persona jurídica, puede acudir al TC presentando la oportuna demanda, para que se tramite o resuelva el conflicto de competencias negativo. El interesado deberá aportar sendas resoluciones declinatorias de la competencia de las administraciones implicadas, es decir, tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico. Estas resoluciones declinatorias deben estar basadas en una diferencia de interpretación de preceptos constitucionales o de los estatutos de autonomía o de las leyes que delimitan el ámbito de competencia del Estado y de las CCAA.

  1. El planteado por el Gobierno central frente a la inactividad de la administración de una CCAA:

El segundo tipo de conflicto negativo, es el que puede suscitar el Gobierno central ante la inactividad del órgano ejecutivo superior de una CA; y procederá cuando, después de haber requerido para que ejercite las atribuciones propias de su competencia, el Gobierno autonómico se declare incompetente. Previas las declaraciones oportunas, el TC dictará sentencia que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:

  • La declaración de que el requerimiento es procedente, lo que conllevará el establecimiento de un plazo dentro del cual la CA deberá ejercitar la atribución requerida.
  • La declaración de que el requerimiento es improcedente.
  1. Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales.

Se produce cuando dos órganos constitucionales consideran tener competencia sobre la misma materia. El TC en sesión plenaria declarará a quién le corresponde la competencia.

Aunque la Constitución no se refiere a ellos, la LOTC sí lo hace. Son los conflictos que oponen al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado con el CGPJ, o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí. Son conflictos sobre el reparto horizontal de las funciones constitucionales y solo pueden ser planteados por el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el CGPJ.

El conflicto constitucional de atribuciones tiene como principal objeto la vindicación de competencia suscitada por uno de estos órganos a consecuencia de actos o decisiones de otro órgano constitucional.

El procedimiento se inicia mediante el requerimiento de incompetencia y la posterior formalización del conflicto ante el TC. Sigue la fase de notificación al órgano requerido, la personación o comparecencia, alegaciones y obtención de información y aclaraciones, y concluye con la sentencia, que determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas.

  1. El conflicto en defensa de la autonomía local.

El conflicto en defensa de la autonomía local viene a satisfacer una demanda continuada de los entes locales en el sentido de que les faltaba un instrumento que garantizase la intangibilidad de sus competencias propias, cuando estas eran puestas en peligro a través de normas con rango de ley procedentes del Estado o de las CCAA.

El procedimiento se divide en dos etapas:

  1. Primera etapa: el supuesto conflicto.

El objeto del proceso son las leyes y disposiciones con rango de ley del Estado y de las CCAA que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Los sujetos legitimados son:

  • Un municipio o una provincia cuando sean los destinatarios únicos de la ley o disposición con rango de ley impugnada.
  • 1/7 parte de los municipios de todo el territorio nacional o ámbito territorial de una CCAA, que reúnan al menos 1/6 parte de la población.
  • El 50% de las provincias afectadas por la ley o disposición con rango de ley, que agrupen como mínimo al 50% de la población nacional o de una CCAA.
  • En el ámbito de la CCAA del País Vasco, lo estarán también las correspondientes juntas generales y las diputaciones forales de cada territorio histórico.

El procedimiento se asemeja al de una disputa competencial:

  1. Los entes locales y provinciales por mayoría absoluta del pleno tienen que acordar el planteamiento del conflicto.
  2. En el plazo de 3 meses a partir de la publicación de la norma con rango de ley cuestionada por invadir la autonomía local se debe solicitar un dictamen sobre la impugnación al Consejo de Estado o al órgano consultivo de la CCAA.
  3. Dentro del plazo de 1 mes a partir de la recepción del informe del órgano consultivo, los municipios o provincias legitimados podrán plantear el conflicto ante el TC.
  4. La demanda puede ser inadmitida por auto motivado en la falta de legitimación o por la ausencia de otros requisitos subsanables, o bien porque estuviese notoriamente infundada la controversia suscitada.
  5. Una vez admitido, el TC en un plazo de 10 días dará traslado al Consejo de Gobierno y al Parlamento de la CCAA que hubiera dictado la ley o disposición con rango de ley, y al Congreso de los Diputados, Senado y Gobierno central. El planteamiento será notificado a los interesados y publicado en el correspondiente diario oficial.
  6. Las partes del proceso disponen de un plazo de 20 días para personarse y presentar alegaciones. Agotado este plazo, el TC puede pedir cuantas informaciones o declaraciones estime oportunas para llevar a cabo su decisión.
  7. El TC tiene un plazo de 15 días para dictar sentencia, que posee efectos erga omnes y vincula a todos los poderes públicos. El contenido de la sentencia versará sobre la vulneración de la autonomía local, la titularidad de competencia, y las situaciones de hecho y de derecho que hayan producido como consecuencia de la aplicación de la norma cuestionada.
  1. El procedimiento declarativo de la inconstitucionalidad:

Para que se haga efectiva la nulidad de la norma se precisa una nueva sentencia, en este caso de inconstitucionalidad, que se alcanza a través de un procedimiento de control decidido en su inicio por el Pleno del TC y ajustado en su desarrollo a los trámites de la cuestión de inconstitucionalidad.

  1. La impugnación del Título V de la LOTC.

Se inicia en aquellos supuestos en los que las CCAA realizan actos de naturaleza inconstitucional, que carecen de fuerza de ley y en realidad no subyace una disputa competencial.

Según la LOTC, dentro de 2 meses siguientes a la fecha de su publicación, el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las CCAA.

El supuesto más habitual es que el objeto de estos procesos venga constituido por disposiciones normativas sin rango de ley: decretos, órdenes, o bien por resoluciones que ponen fin a un procedimiento.

La impugnación se tramita siguiendo el procedimiento de los conflictos positivos de competencia y su planteamiento producirá la suspensión automática de la disposición o resolución impugnada. La sentencia estimatoria y sus pronunciamientos no se ajustan a las condiciones de la disputa competencial, pudiendo ser bastante flexibles.

  1. El Tribunal Constitucional como garante subsidiario de los derechos constitucionales: el recurso de amparo.
  1. Naturaleza jurídica del recurso de amparo

El recurso de amparo es un recurso subsidiario, extraordinario y excepcional.

Subsidiario, porque solo es posible interponerlo una vez que se han agotado todas las vías que el ordenamiento jurídico ofrece para procurar la protección del derecho vulnerado.

Extraordinario, en la medida en que el instrumento ordinario para la defensa de los derechos fundamentales no es el recurso al TC, sino el planteado ante los tribunales de justicia. Al amparo constitucional solo se puede recurrir si, agotadas todas las posibilidades del ordenamiento, sigue constatándose la existencia de una lesión de un derecho fundamental.

Excepcional, sobre todo tras la reforma LO 6/2007, a partir de la que se exige para la admisión a trámite del recurso de amparo, además de la lesión de un derecho fundamental susceptible de amparo, la alegación por parte del demandante de la especial trascendencia constitucional del asunto.

El recurso de amparo tiene como objeto la garantía de los derechos fundamentales.

  1. Objeto

El recurso de amparo puede interponerse frente a los actos de los poderes públicos que lesionen los derechos reconocidos en el art. 14 CE, en la sección primera del capítulo II del título I (arts. 15-29 CE) y en el artículo 30.2 CE.

La lesión ha de ser real y efectiva. El acto lesivo puede proceder de cualquier poder público, no solo de un poder público.

Esta opción de limitar la protección del amparo constitucional a las lesiones de los derechos fundamentales producidas únicamente por los poderes públicos se ha visto modulada en la práctica por la jurisprudencia del TC, que ha admitido recursos de amparo frente a violaciones de derechos fundamentales provocadas por un particular.

En función del poder público del que provenga la lesión del derecho, la LOTC distingue 3 supuestos:

  • Art. 42 LOTC: cualquier acto sin valor de ley que provenga de una cámara parlamentaria, estatal o autonómica, o de cualquiera de sus órganos, es susceptible de recurso de amparo si vulnera un derecho fundamental protegido por este procedimiento.

La naturaleza subsidiaria del recurso de amparo presenta una particularidad en este tipo de amparo, derivada de la garantía de la autonomía parlamentaria, que supone que la mayor parte de la actividad parlamentaria no está sujeta a revisión judicial. Estos actos parlamentarios pueden ser recurridos en amparo constitucional sin necesidad de acudir a los tribunales de manera previa.

Si el acto parlamentario tiene naturaleza administrativa, el afectado por la lesión tendrá que acudir primero a los tribunales y solo una vez agotada la vía judicial previa podrá recurrir ante el TC en amparo.

  • Art. 43 LOTC: trata de cubrir cualquier tipo de acción o inacción procedente de la administración, que pueda vulnerar derechos fundamentales. Antes de acudir al TC hay que agotar la vía judicial previa.
  • Art. 44 LOTC: acto u omisión de un órgano judicial, que dan respuesta a dos situaciones diversas:
  1. Lesión provocada por particulares, que el Poder Judicial no ha reparado. Aquí únicamente cabe recurrir el acto procedente del Poder Judicial.
  2. Lesión provocada por el Poder Judicial directamente.

En ambos casos, la LOTC exige agotar la vía judicial previa antes de recurrir en amparo, utilizando los recursos disponibles. Conviene destacar que la violación del derecho debe ser imputable a un órgano judicial, con independencia de los excesos que dieron lugar al proceso.

Al margen del recurso de amparo previsto en la LOTC, existen otros tres recursos de amparo previstos en nuestro ordenamiento jurídico:

  • El recurso de amparo frente a la inadmisión a trámite por la mesa del Congreso de una iniciativa legislativa popular por parte de la comisión promotora.
  • El recurso de amparo electoral, previsto en la LOREG, que a su vez tiene 2 modalidades:
  • El art. 49.1 LOREG establece que tras la proclamación de candidaturas, cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas denegadas disponen de un plazo de 2 días para interponer un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra los acuerdos de proclamación de las juntas electorales. El TC tiene 3 días para resolver.
  • El art. 114 LOREG prevé la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra la sentencia que pone fin al procedimiento contencioso-administrativo iniciado contra los acuerdos de las juntas electorales de proclamación de candidatos electos. El plazo para interponer el amparo es de 3 días desde la notificación de la resolución. El TC tiene un plazo de 15 días para resolver sobre el mismo.
  • El recurso de amparo contra las resoluciones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que denieguen la solicitud de declaración de objeción de conciencia prevista en la LO. Este recurso resulta hoy inoperante tras la suspensión del servicio militar obligatorio y, en fallo, el sistema de prestación social sustitutoria.
  1. Legitimación y plazos

El art. 162.1 CE atribuye la legitimación para interponer el recurso de amparo a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal.

Las personas jurídicas están legitimadas para interponer un recurso de amparo, aunque no con carácter general. La cuestión dependerá de la posibilidad de que las personas jurídicas sean titulares de derechos fundamentales y que, además, ostenten un interés legítimo.

En lo que respecta a las personas físicas, ni la CE ni la LOTC vincula la legitimación a la ciudadanía, por lo que cualquier persona, nacional o extranjera, podrá interponer un recurso de amparo si ostenta un interés legítimo.

Según la LOTC, están legitimados para interponer el amparo:

  1. En el caso del art. 42 LOTC, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El plazo para interponerlo es de 3 meses desde que, con arreglo a las normas internas de las cámaras, el acto se firme.
  2. En los casos de los arts. 43 y 44 LOTC, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En el caso del amparo del art. 43 LOTC, el plazo para interponer recurso de amparo es de 20 días desde la notificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial previo. En los supuestos del art. 44 LOTC, el plazo se eleva a 30 días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
  1. Tramitación y admisión

La demanda de amparo, además de cumplir los requisitos de legitimación, derecho vulnerado y agotamiento de los recursos disponibles, tendrá que justificar la especial trascendencia constitucional del recurso.

La LOTC establece que la especial trascendencia constitucional se da atendiendo a su importancia para la interpretación de la CE, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Es decir, la trascendencia constitucional no depende de la entidad de la lesión de los derechos fundamentales, sino de la relevancia que tendría la resolución del asunto por parte del TC.

A juicio del TC, los supuestos en que cabe apreciar la especial trascendencia constitucional son los siguientes:

  1. Cuando no haya doctrina general sobre un determinado supuesto, o bien exista pero el TC quiera cambiarla o aclararla.
  2. Cuando la lesión del derecho provenga de una ley o de una disposición de carácter general o de una reiterada interpretación de la ley contraria a la CE, que aconseje la interpretación conforme a la Constitución de la misma.
  3. Aquellos supuestos en que, aun existiendo doctrina constitucional, los órganos judiciales la están incumpliendo de manera reiterada o existe un órgano que incurre en una negativa manifiesta de acatar la CE.
  4. Finalmente, se dan causas abiertas para aquellos casos en los que se plantee una cuestión jurídica relevante o que tenga unas consecuencias sociales, económicas o políticas de importancia.

En definitiva, la última decisión de admitir un recurso de amparo compete al TC, que debe apreciar la trascendencia constitucional en el asunto.

Para que el amparo se admita por la sección, se requiere unanimidad. Si solo se logra la mayoría en el asunto, se traslada a la Sala respectiva.

Contra la decisión de inadmisión del amparo por incumplimiento de requisitos, solo cabe recurso del Ministerio Fiscal. Este recurso se resolverá mediante auto y no podrá ser recurrido.

  1. Procedimiento

Una vez admitida a trámite la demanda de amparo, la Sala requiere al órgano o autoridad de quien dimana el acto recurrido o al juez o tribunal que conoció del asunto en la vía judicial para que, en un plazo no superior a 10 días, remita las actuaciones o testimonio de ellas. A este órgano o autoridad se le exige que emplace a quienes fueron parte del procedimiento previo para que comparezcan en el proceso constitucional.

El TC traslada las actuaciones a todas las personas, al abogado del Estado, si la administración pública estuviera interesada en el objeto del recurso, y al Ministerio Fiscal, y se les concede un plazo, no superior a 20 días, para que formulen alegaciones.

Transcurrido dicho plazo, la Sala señala un día para la vista, en su caso, deliberación y votación, o bien difiere el asunto a las Secciones si existe doctrina consolidada sobre el asunto.

La Sala o Sección dispone de un plazo de 10 días para dictar sentencia a partir del día señalado para la vista o deliberación.

  1. Suspensión del acto recurrido

Como regla general, la interposición del recurso de amparo no suspende el acto recurrido. Sin embargo, cuando de la ejecución del acto o sentencia impugnados se derive un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala o Sección de oficio o a instancia del recurrente, puede disponer la suspensión total o parcial de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.

  1. Medidas cautelares

Con la misma finalidad que la suspensión del acto recurrido, evitar que el amparo pierda su finalidad, la LOTC permite al TC el establecimiento de cualquier medida cautelar prevista en el ordenamiento jurídico. La adopción de estas medidas puede acordarse o revisarse en cualquier momento del proceso.

  1. Sentencia

La sentencia que ponga fin al recurso de amparo tendrá uno de estos dos pronunciamientos:

  • Concesión del amparo, que puede ser total o parcial. La resolución debe contener:
  • Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución vulneradora de los derechos, con la determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.
  1. Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.
  1. Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

Estos contenidos no se excluyen; lo normal es que la sentencia contenga más de uno.

  • Denegación del amparo.

El recurso de amparo es un proceso que tiene por objeto la garantía de los derechos fundamentales, por lo que la sentencia no limita su pronunciamiento a declarar si ha existido lesión de derechos fundamentales y a restablecer al demandante en la integridad de su derecho. Para ello, suele ser habitual anular el acto o resolución que vulneró el derecho fundamental y emplazar al órgano competente para que vuelva a dictarlo, observando en esta ocasión el derecho violado.

El recurso de amparo no es un proceso judicial, de manera que si un tribunal ha considerado probados los hechos, el órgano de justicia constitucional no puede alterar esa condición.

  1. Las resoluciones del Tribunal Constitucional
  1. La singularidad de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional
  1. Las sentencias del Tribunal Constitucional

Las sentencias constitucionales aparecen recogidas en el art. 164 CE, que establece ciertas reglas con información sobre su estructura (publicación de los votos particulares), sobre los requisitos formales que deben cumplirse para su eficacia (publicación en el BOE), sobre las consecuencias de los pronunciamientos que contienen (declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma), sobre la eficacia material (efecto de cosa juzgada en sentido material o formal), sobre su alcance personal (efectos erga omnes) e, incluso, sobre su tipología (estimatorias, total o parcialmente, y desestimatorias).

Art. 164 CE:

  1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
  1. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

La CE completa estas pautas con una referencia al alcance que tienen la declaración de inconstitucionalidad sobre las sentencias firmes dictadas por los tribunales de la jurisdicción ordinaria en las que se aplicaba la ley o las normas con rango de ley inconstitucionales.

  1. Estructura

Las sentencias poseen una estructura con los contenidos que se repiten y que se modulan en función de cuál sea el objeto del proceso en el que se emiten.

Con respecto a la estructura estándar de la sentencia, esta queda dividida en cuatro secciones o partes:

  1. Encabezamiento:
  2. Enumeración de los magistrados integrantes del órgano que resuelve.
  3. La fórmula ritual: "En nombre del Rey".
  4. Los nombres o denominación de los recurrentes, partes intervinientes y magistrado ponente.
  5. Antecedentes:
  6. Fecha del recurso, recurrentes y actos o actos contra los que se recurre.
  7. Resumen de los argumentos de las alegaciones de las partes.
  8. Recurrentes.
  9. Otras personas.
  10. Enumeración y contenidos de trámites e incidentes del procedimiento.
  11. Incidente y decisión sobre suspensión de los actos recurridos.
  12. Diligencia de personificación.
  13. Contenido de la providencia de citación para la liberación y decisión sobre el fallo.
  14. Fundamentos jurídicos:
  15. Delimitación del objeto litigioso.
  16. Resumen de las posiciones de las partes según las alegaciones.
  17. Examen de la concurrencia de presupuestos procesales.
  18. Descripción de la doctrina fijada con anterioridad sobre la materia litigiosa.
  19. Aplicación de la doctrina a la solución del caso concreto.
  20. Fallo:
  21. Desestimación del recurso.
  22. Estimación total o parcial del recurso.
  23. Recurso o cuestión de inconstitucionalidad: inconstitucionalidad con o sin nulidad de los preceptos impugnados.
  24. Recurso de amparo:

- Declaración de la nulidad del acto impugnado, con determinación de sus efectos.

- Reconocimiento del derecho o libertad.

- Restablecimiento del recurrente en la integridad del derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas para su conservación.

3. Conflicto de competencia entre el Estado y las CCAA y entre CCAA:

- Declaración de la titularidad de la competencia controvertida.

- Anulación de la resolución o acto viciado de incompetencia.

- Pronunciamiento sobre las situaciones de hecho y de derecho.

4. Conflicto de atribuciones entre órganos del Estado:

- Determinación del órgano al que corresponden las atribuciones.

- Nulidad de los actos invasivos de competencia.

- Pronunciamiento sobre situaciones jurídicas derivadas de la aplicación de los actos viciados de incompetencia.

5. Conflictos en defensa de la autonomía local:

- Sentencia del proceso de conflicto.

- Sentencia de inconstitucionalidad.

  1. Elementos comunes de forma:
  2. Orden de publicación de la resolución en el BOE.
  3. Firma y rúbrica de los magistrados integrantes del órgano que dicta la resolución.

A las resoluciones se añaden los votos particulares elaborados y suscritos por uno o varios de los magistrados, que en el caso de las sentencias deben publicarse junto con el texto de la resolución en el BOE. Los votos particulares contienen opiniones discrepantes de los magistrados bien a la decisión (fallo), bien a la fundamentación de las resoluciones. La dualidad de su objeto ha permitido diferenciar técnicamente entre los votos concurrentes, cuando el desacuerdo se dirige a la argumentación jurídica de la resolución, pero no se coincide con la conclusión o fallo; y los votos discrepantes, cuando el desacuerdo alcanza tanto a la fundamentación como al resultado.

En la actualidad, constituyen, además, líneas de opinión de uno o varios magistrados que, conforme a la evolución de la doctrina jurisprudencial, pueden en un futuro convertirse en la posición mayoritaria del tribunal, cambiando la interpretación de los preceptos constitucionales seguida en ciertos casos o de la forma de entender la controversia constitucional.

  1. Tipología
  2. Efectos

Descargar

PDF Word HTML