La Transición Española: Reforma Política y Primeras Elecciones (1976-1977)

El Marco Legal: La Ley para la Reforma Política

La Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas por inmensa mayoría, afirmaba principios fundamentales como:

• La soberanía popular.
• La elección por sufragio universal de los representantes.
• La atribución a las Cortes del poder legislativo.

Las Cortes quedarían constituidas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado.

Aprobación Popular y Desarrollo Normativo

Para que la ley entrara en vigor, era preciso que fuese aprobada por el pueblo español en referéndum. La oposición democrática pidió mayoritariamente la abstención (aunque algunos sectores la apoyaron tácticamente), mientras que los sectores conservadores franquistas (el llamado "búnker") pidieron el voto en contra. El pueblo, en el referéndum del 15 de diciembre de 1976, la aprobó por una abrumadora mayoría. El número de abstenciones fue más elevado en Guipúzcoa, Vizcaya y Barcelona.

La Ley para la Reforma Política obligaba al Gobierno a convocar elecciones generales. Previamente, era necesario legalizar la existencia de partidos políticos y formular las normas electorales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de febrero de 1977 publicó un decreto-ley que regulaba el derecho de asociación política. Quedaron legalizados más de 150 partidos. Inicialmente, no se legalizó al Partido Comunista de España (PCE), debido a reticencias en sectores del poder y su histórica posición republicana.

Hacia las Primeras Elecciones Democráticas

Regulación Electoral y Legalización de Partidos Clave

Se publicaba otro decreto-ley que regulaba las normas electorales. Para el Congreso de los Diputados, el sistema electoral establecía una representación proporcional en candidaturas provinciales. Para el Senado, se establecían candidaturas individuales. Para obtener representación en las Cortes Generales, había de lograrse un 3% de los votos a nivel nacional.

Establecido y aceptado por todos el sistema electoral, solo faltaba convocar elecciones, pero persistía la no legalización de un partido con numerosos votantes: el PCE (Partido Comunista de España). En abril de 1977, el PCE fue legalizado (en el conocido como Sábado Santo Rojo). Como protesta, el ministro de Marina, Almirante Pita da Veiga, dimitió. Hubo un notable descontento en sectores del ejército, pero el Rey Juan Carlos I y el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, lograron serenar la situación.

Convocatoria y Contexto Pre-electoral

El 15 de abril se convocaron elecciones generales, que se celebraron el 15 de junio de 1977. En este intervalo, se tomaron medidas significativas:

• Se suprimieron los tribunales especiales (como el Tribunal de Orden Público - TOP).
• Se autorizó la ikurriña (bandera vasca).
• Se legalizaron las centrales sindicales.
• Se concedió una segunda amnistía.
• Se restablecieron instituciones históricas como la Generalitat de Cataluña (de forma provisional) o las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa.

Resultados Electorales y Formación de Gobierno

Celebradas las elecciones del 15 de junio de 1977, de los resultados se deducía que los sectores más ligados al franquismo (AP - Alianza Popular) o los partidarios de una ruptura drástica (PCE) habían obtenido un respaldo menor del esperado. Por el contrario, los partidarios de la reforma pactada (UCD - Unión de Centro Democrático y PSOE - Partido Socialista Obrero Español) fueron los claros vencedores. Las opciones nacionalistas (especialmente en Cataluña y País Vasco) obtuvieron buenos resultados, mientras que las opciones más extremas fueron minoritarias.

Adolfo Suárez, al frente de la UCD, formó un nuevo Gobierno. Aunque las nuevas Cortes Generales no tenían formalmente el carácter de constituyentes, existía un amplio consenso sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución.