La Transición Española: Constitución de 1978 e Integración en Europa

Tras las elecciones generales de Junio de 1977 que resultaron en la victoria de la UCD se inició el proceso constituyente, contando con una comisión de siete diputados nombrados para elaborar el borrador de la nueva constitución, sometida a debate en el Congreso y el Senado, aprobada en referéndum el 6 de Diciembre de 1978.

La Constitución define un Estado social, democrático y de derecho, reconoce los derechos individuales de los españoles, afirma la soberanía nacional y el sufragio universal y fijaba una clara división de poderes. Establecí́a como forma de Estado una monarquía parlamentaria, en la que el rey teñí́a unas funciones muy limitadas, un sistema bicameral (Congreso y Senado) y Estado aconfesional.

A nivel territorial, la Constitución afirma en su artículo 2 la unidad de España, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. El Título VIII aborda la organización territorial del estado y fija el procedimiento para el establecimiento de la autonomía a través de una vía rápida (art. 151) o lenta (art. 143). Las comunidades históricas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía obtuvieron el estatuto de autonomía entre los años 1979 y 1981 por la vía rápida, las restantes autonomías obtuvieron sus estatutos por la vía del artículo 143 y se abrió́ el proceso de transferencia de competencias desde el Estado central a las Comunidades Autónomas.

El proceso autonómico generó fuertes tensiones en la situación política española. La prensa y los grupos de extrema derecha denunciaban continuamente los riesgos de fragmentación de España, instigando al Ejército a frenar dicho proceso.

Durante la dictadura franquista la CEE rechazó frontalmente la incorporación de España debido al carácter dictatorial del régimen, manteniendo únicamente un acuerdo preferencial desde 1970. A comienzos de 1979 se iniciaron las negociaciones formales para la adhesión, donde los gobiernos de la UCD encontraron cierta oposición por la situación económica y la inestabilidad política. Desde ese momento se inició un largo proceso de negociación, ya que la adhesión implicaba muchos problemas tanto para Europa como para la economía española, destacando la competitividad agraria y los fuertes gastos de los fondos de cohesión que implicaría la incorporación de España, Portugal y Grecia, quienes presentaron de forma conjunta su solicitud de ingreso. Para llevar a cabo la inclusión fue precisa una modernización y reconversión económica de España, la cual fue realizada por el gobierno del PSOE, siendo considerado el mayor logro de la política exterior del PSOE en los años ochenta.

Por acuerdo de 12 de Junio de 1985, España ingresaría junto con Portugal en las comunidades europeas, incorporándose como miembros de pleno derecho el 1 de Enero de 1986. Desde entonces España ha participado como un miembro en la vida política y en las transformaciones institucionales de la CEE.

En el momento de la adhesión España era un país con bajo nivel de vida en comparación con la media europea, con un marcado déficit industrial, proteccionismo, desempleo e infraestructuras deficientes. La integración permitíó la modernización social y la consolidación de la democracia, así como la recepción de fondos europeos que posibilitó la mejora en infraestructuras y el desarrollo de regiones con mayores problemas económicos. Por otro lado, llevó a la transformación de las estructuras productivas, para tratar de adaptar los sectores empresariales, financieros, industriales y agrarios a un mercado libre y competitivo.