Transición democrática en España: De la muerte de Franco a la Constitución de 1978

Después de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, se mantuvo como presidente de gobierno a Arias Navarro. Muy pronto se vio que Arias Navarro no era un presidente al gusto del nuevo rey Juan Carlos. Tras una intensificación de la protesta social, Arias Navarro dimite el 1 de julio de 1976 y le sustituye Adolfo Suárez. Suárez es el encargado del rey para iniciar el proceso de transición hacia la democracia, su primer gesto fue conceder una amplia amnistía y preparar la ley para la reforma política ratificada por referéndum en diciembre de 1976.

Semanas después se produjo la Matanza de Atocha de 1977, un atentado terrorista de extrema derecha con el resultado de 5 muertos. Semanas después se aprobaba el Derecho de Asociación Política, una decisión que se une a la legalización del Partido Comunista Español que tiene lugar el Sábado Santo de 1977, ante las protestas de las fuerzas armadas y la dimisión del ministro de Marina. Luego disolvió el Tribunal de Orden Público, el sindicato vertical y el Movimiento Nacional, a estas decisiones se acompañó la restauración de la Generalitat de Cataluña y las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa.

El 15 de junio de 1977, se convocan las primeras elecciones generales que gana UCD, partido de Adolfo Suárez. Este gobierno presidido por Suárez afronta una gran crisis económica y social que intenta solucionar con la firma de los Pactos de la Moncloa entre todas las fuerzas políticas y sindicales. Con esto frenó la tendencia negativa de la economía y se empezó a reestructurar el sistema económico y tributario de España.

Uno de los elementos más importantes de esta etapa es la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978. La redactan 7 políticos: Miguel Herrero, Pérez Llorca, Cisneros, Peces Barba, Jordi Solé, Miguel Roca, Manuel Fraga. Tras 16 meses de discusiones se redactó una Constitución que fue aprobada y sometida a referéndum el día 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978.

La Constitución define a España como un Estado Social y democrático de derecho. En el título primero se recoge una amplia declaración de derechos y libertades individuales. Además se define el sistema político como una monarquía parlamentaria en la que el rey es el jefe del estado y de la fuerza armada. Se consagra la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial y se descentraliza el estado permitiendo la posibilidad de que las distintas regiones y nacionalidades puedan convertirse en comunidades autónomas.

En la primera mitad de 1978, 13 decretos leyes establecieron el mapa autonómico. Poco a poco se fueron aprobando los estatutos vasco y catalán (1979) y en los meses sucesivos se fueron redactando los estatutos de las demás comunidades autónomas. La principal consecuencia fue la aparición de múltiples centros de poder, pues la Constitución propugna que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones, con capacidad para tomar decisiones políticas. En los respectivos estatutos de autonomía se especifica la organización de cada una y se definen las instituciones de autogobierno: Asamblea legislativa, Consejo de Gobierno, Presidencia de la Comunidad y Tribunal Superior de Justicia. Además se regulan las materias y competencias del gobierno central y autonómico, reservándose el primero los asuntos internacionales, la defensa del territorio, el sistema fiscal y la ordenación general de la economía. El resto de áreas competenciales recae en las comunidades autónomas.

En 1979 UCD vuelve a ganar las elecciones generales convocadas. Esta nueva etapa se vio afectada por la escalada terrorista en la que ETA intensificó su actividad para la aprobación del programa de independencia de Euskadi elaborado por KAS. A ETA se sumarían el FRAP, que desaparecería al final de la década y el GRAPO, de principios de actuación poco claros.

Además la amenaza del golpismo en las Fuerzas Armadas debido a que no había prevista ninguna depuración de la administración, ni de las fuerzas de orden público, ni del ejército, por ello los sectores nostálgicos del franquismo creían que conservaban el control de los apartados del Estado. Por otro lado, la jerarquía militar, que se había sentido traicionada por Suárez debido a sus acciones como presidente. En noviembre de 1978 fue desarticulada la Operación Galaxia, que pretendía secuestrar al gobierno en el palacio de la Moncloa y colocar en su lugar una Junta Militar.

También desde el primer momento Suárez estuvo sometido a un fuerte desgaste, incrementado por el proceso autonómico. A principios de 1980 ralentizó la descentralización del país y acordó proponer la vía del artículo 143 de la Constitución como vía lenta de acceso a la autonomía, dejando el artículo 151, la vía rápida solo para las comunidades históricas, suscitando el recelo del resto.

Por otro lado, concluido el consenso, el PSOE acentuó su oposición, presentando una moción de censura en mayo de 1980, que no prosperó por tan solo 14 votos. Por si esto fuera poco, Suárez debió de hacer frente a la progresiva desintegración de su propio partido en el que la falta de unidad quedó de manifiesto cuando se abordaron algunos asuntos controvertidos como el divorcio, la reforma fiscal y el autonomismo.

A finales de enero de 1981 Suárez presenta la dimisión. Poco después, los reyes son increpados por Batasuna en su visita a la Casa de Juntas de Guernika. Ante estos hechos, los golpistas reaccionan. El 23 de febrero de 1981, mientras tenía lugar el debate de investidura del sucesor de Suárez, Calvo Sotelo, el teniente coronel Tejero ocupa el Congreso y secuestra a los diputados. Milans del Bosch decreta en Valencia el estado de excepción y se vive una situación de máxima tensión en todos los cuarteles. La intervención del rey fue decisiva para que se volviera paulatinamente a la normalidad.

El fracaso del golpe revitalizó la democracia. Dos días después se celebraban multitudinarias manifestaciones en defensa del orden constitucional y Calvo Sotelo era investido como nuevo Presidente de Gobierno. Se recobra el consenso, pactándose el Acuerdo Nacional de Empleo (junio de 1981) y la LOAPA (Ley Orgánica de la Armonización del Proceso Autonómico).

No obstante, las discrepancias volvieron con la decisión del gobierno de incorporar a España a la OTAN (1982) sin ser sometido a referéndum. A esto se sumó el impacto de una nueva recesión económica, con un crecimiento del PIB inferior al 1% entre 1978 y 1982, déficit de la balanza de pagos y aumento del paro (1982: 2 millones).

La situación de Calvo Sotelo se hizo insostenible cuando se inicia la desintegración de UCD: Fernández Ordóñez y su grupo abandonan el partido, Landelino Lavilla reemplaza a Calvo Sotelo en la Presidencia de UCD y Suárez lo abandona para fundar el CDS.

Tras varias remodelaciones de gobierno, Calvo Sotelo disuelve las Cortes en agosto de 1982 y convocó elecciones anticipadas para octubre de ese mismo año, en las que el PSOE obtuvo mayoría absoluta, dando lugar a una fase de normalidad en la democracia española.