Situación de riesgo del menor: características, indicadores y proyecto de intervención

Características de la situación de riesgo

Sus características son, por tanto, las siguientes:

• Se trata de una situación de desprotección efectiva, no eventual o potencial, pues la ley dice que la misma «perjudica» al menor, lo que justifica que exista una actuación protectora.
• A la vez, el perjuicio, siendo efectivo, no es de tal gravedad como para recurrir a la declaración de desamparo y asunción de la tutela del menor por la Entidad pública y, en consecuencia, la separación del menor de su medio familiar. En este sentido, es una actuación preventiva, pues pretende evitar la separación del menor de su familia.

Indicadores de riesgo

Son indicadores de riesgo, entre otros:

• Tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente;
• La concurrencia de circunstancias o carencias materiales, si bien la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo.

Situaciones de riesgo con previsiones específicas

Se consideran situaciones de riesgo, para las que se establecen previsiones específicas de intervención por su propia particularidad:

• La situación de riesgo prenatal, entendida como «la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido».
• La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor.

Intervención adaptada e individualizada

La heterogeneidad de situaciones y circunstancias comprendidas dentro del concepto de situación de riesgo requiere una intervención adaptada e individualizada para cada caso, pero la ley sí enmarca, como ya hemos señalado, la finalidad que en todo caso se debe perseguir.

Proyecto de intervención social y educativa familiar

Una vez constatada la existencia de una situación de riesgo por la administración competente, se elaborará el llamado proyecto de intervención social y educativa familiar, «que deberá recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los factores de protección del menor y manteniendo a éste en su medio familiar». Es precisamente en dicho proyecto donde se concreta la acción protectora de la administración competente, atendiendo a las específicas circunstancias del caso.

Para su elaboración «se procurará la participación de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores». De modo que la ley establece como mínimo que su opinión sea oída y tenida en cuenta en el intento de consensuar el proyecto. El proyecto deberá ser firmado por las partes (se entiende que progenitores, tutores o guardadores, por un lado, y administración competente, por otro). También se comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años.

Colaboración de la familia y actuación administrativa

Puesto que la actuación se va a centrar en el ámbito familiar, los progenitores, tutores o guardadores tienen la obligación de colaborar activamente en la ejecución de dichas medidas. Si aquéllos se negasen a colaborar activamente, se procederá por la administración competente a la declaración de la situación de riesgo por medio de una resolución administrativa (unilateral, por tanto, dotada de autotutela declarativa y ejecutiva, si existiera resistencia al cumplimiento de lo declarado en ella), puesto que la defensa de los derechos del menor y la protección que se le deben no pueden depender únicamente de la voluntad de los progenitores, tutores o guardadores de colaborar en la debida intervención.