Seguridad y Salud Laboral y Régimen Jurídico de los Despidos Colectivos en el Derecho Europeo y Español

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1. Seguridad y Salud en el Trabajo

Marco Jurídico Europeo y Transposición Española

Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCE):

  • Compromiso de los Estados miembros en la protección de la salud y seguridad laboral.
  • Compromiso para regular “por la vía del progreso” la mejora del entorno de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.
  • Toma de acuerdos por mayoría cualificada.
  • Mejora de estas disposiciones por parte de los Estados miembros, siempre que sean compatibles con el Tratado.

Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989 (“Directiva Marco”):

  • Objetivo: Aplicación de medidas destinadas a promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
  • Ámbito de aplicación: Todos los sectores de actividad, tanto públicos como privados. Excepción: Determinadas actividades específicas de la función pública.
  • Transposición: Fecha límite fijada el 31 de diciembre de 1992.
  • Normativa española de desarrollo:
    • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre).
    • Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Conceptos Básicos y Definiciones Legales

  • Concepto de trabajador: Cualquier persona empleada por un empresario, con la exclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar.
  • Concepto de empresario: Cualquier persona física o jurídica titular de la relación laboral con el trabajador que asume la responsabilidad de la empresa y/o establecimiento.
  • Representante: Toda persona designada por los trabajadores como delegado en materia de seguridad y salud laboral.
  • Prevención: Conjunto de disposiciones o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos profesionales.
  • Ámbito vinculante: Sujeción de empresarios, trabajadores y representantes a las disposiciones jurídicas de aplicación de la directiva.

Obligaciones Empresariales

  • a) Obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
  • b) Las obligaciones de los trabajadores no afectarán al principio de responsabilidad del empresario.
  • c) Posible exclusión o disminución de la responsabilidad empresarial por hechos derivados de circunstancias ajenas, anormales o imprevisibles, o acontecimientos excepcionales cuyas consecuencias no hubieran podido ser evitadas a pesar de toda la diligencia desplegada.
  • d) Obligación empresarial de adoptar las medidas necesarias de protección, incluyendo actividades de prevención de riesgos profesionales, información, formación y la constitución de una organización y medios indispensables para garantizarla.
  • e) Obligación de adoptar medidas que antepongan la protección colectiva frente a la individual, así como impartir las debidas instrucciones a los trabajadores.
  • f) Obligación empresarial de cooperación y coordinación cuando coincidan trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo.
  • g) Las medidas de protección en ningún caso deberán suponer una carga financiera para los trabajadores.
  • h) Obligación empresarial de informar adecuadamente a los trabajadores y a sus representantes sobre los riesgos para la seguridad y salud, así como sobre las medidas y actividades de prevención que afecten tanto a la empresa en general como a cada puesto o función.

Obligaciones de los Trabajadores

Regla general: Velar por su propia seguridad y por la de otras personas que pudieran verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo:

  • Según sus posibilidades.
  • De conformidad con su formación.
  • De acuerdo con las instrucciones impartidas por el empresario.

Reglas específicas:

  • a) Utilización correcta de máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y demás medios.
  • b) Utilización correcta del equipo de protección individual (EPI) puesto a su disposición.
  • c) Utilizar adecuadamente todos los dispositivos de seguridad de máquinas y herramientas.

2. Régimen de los Despidos Colectivos

Concepto y Umbrales Legales

Se consideran despidos colectivos aquellos despidos efectuados por un empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de extinciones cumpla, a elección de los Estados miembros, con los siguientes umbrales:

Para un período de 30 días:

  • Al menos 10 trabajadores en centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores.
  • Al menos el 10 % de los trabajadores en centros que empleen habitualmente entre 100 y menos de 300 trabajadores.
  • Al menos 30 trabajadores en centros que empleen habitualmente 300 o más trabajadores.

Para un período de 90 días:

  • Al menos 20 trabajadores, con independencia del número total de empleados del centro de trabajo afectado.

Asimilación y Representación Legal

  • Representantes de los trabajadores: Aquellos previstos por la legislación o la práctica de cada Estado miembro.
  • Asimilación de extinciones: Se computarán y asimilarán a los despidos las extinciones contractuales producidas por iniciativa del empresario basadas en motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre que los despidos propiamente dichos sean al menos 5.

Exclusiones de la Directiva

La normativa sobre despidos colectivos no se aplicará:

  • a) A los despidos colectivos en contratos de trabajo concertados por una duración o para una obra o servicio determinados, salvo que el despido se produzca antes de la expiración o cumplimiento de los mismos.
  • b) A los empleados de administraciones públicas o de instituciones de derecho público (o figuras equivalentes en los Estados miembros).
  • c) A las tripulaciones de buques de navegación marítima.

Procedimiento de Consulta e Información a los Representantes

Cuando el empresario tenga la intención de acometer despidos colectivos, deberá iniciar consultas en tiempo hábil con los representantes legales con vistas a alcanzar un acuerdo.

Para que los representantes puedan formular propuestas constructivas, el empresario estará obligado durante la negociación a:

  • a) Facilitar toda la información pertinente.
  • b) Notificar obligatoriamente por escrito los siguientes extremos:
    • Los motivos que justifican el proyecto de despido colectivo.
    • El número y las categorías profesionales de los trabajadores afectados.
    • El número y las categorías profesionales del total de trabajadores empleados habitualmente.
    • El período temporal previsto para ejecutar las extinciones.
    • Los criterios de selección de los trabajadores que se extinguirán, si la legislación nacional reconoce facultades al empresario a tal fin.
    • El método de cómputo de las eventuales indemnizaciones por despido que mejoren las previstas por las disposiciones legales o prácticas nacionales.

Tramitación ante la Autoridad Pública Competente

  • Notificación preceptiva: El empresario debe notificar por escrito cualquier proyecto de despido colectivo a la autoridad pública competente.
  • Excepción judicial: Los Estados miembros podrán prever que, en caso de cese de actividades ordenado por resolución judicial, la comunicación solo se realice a petición expresa de la autoridad pública.
  • Contenido y traslado: La comunicación debe incluir todos los informes relevantes sobre el proyecto y las consultas mantenidas. El empresario debe entregar simultáneamente una copia exacta de esta notificación a los representantes de los trabajadores.
  • Observaciones: Los representantes tienen derecho a remitir a la autoridad pública competente las observaciones que consideren oportunas.
  • Efectividad y plazos de espera: Los despidos no surtirán efectos jurídicos hasta transcurridos al menos 30 días desde la notificación formal a la autoridad pública, sin perjuicio de la potestad estatal de facultar a dicha autoridad para reducir este plazo.
  • Función mediadora: La autoridad pública empleará este lapso temporal para intentar canalizar soluciones a los problemas derivados del despido.
  • Prórroga del plazo: Cuando el plazo inicial sea inferior a 60 días, los Estados miembros podrán autorizar a la administración a prorrogarlo hasta alcanzar los 60 días tras la notificación (e incluso facultades más amplias de prórroga). La prórroga motivada deberá notificarse al empresario antes de vencer el plazo inicial.
  • Garantías de cumplimiento: Los Estados miembros velarán por que los trabajadores y sus representantes cuenten con vías administrativas y/o jurisdiccionales efectivas para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.

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