Seguridad Privada en España: Marco Legal, Funciones y Régimen Jurídico

Seguridad Privada y Seguridad Pública en el Derecho Español

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como función garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como custodiar y proteger a las personas y bienes, vigilar y proteger edificios públicos, velar por la protección y seguridad de altas personalidades, mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos, investigar los delitos cometidos y detener a los presuntos culpables, asegurar las evidencias, recopilar y analizar información de interés para la seguridad y elaborar planes de prevención, y colaborar con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras (CNP) en emergencias.

Organismos Competentes

En el ámbito estatal intervienen, entre otros:

• El Centro Nacional de Coordinación (CNCI), dependiente de la Presidencia del Gobierno, encargado de prevenir y evitar amenazas contra la independencia o integridad nacional, intereses internacionales y estabilidad del Estado.
• El Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, encargado de la lucha contra el contrabando, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal y económico.

Estructura Jerárquica de la Guardia Civil

• Oficiales Generales: General de División y General de Brigada.
• Oficiales: Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Capitán, Teniente y Alférez.
• Suboficiales: Suboficial Mayor, Subteniente, Brigada, Sargento primero y Sargento.
• Cabos y Guardias: Cabo Mayor, Cabo primero, Cabo y Guardia Civil.

Seguridad Pública y Seguridad Privada

De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, la seguridad pública tiene por finalidad el mantenimiento y restablecimiento del orden y la legalidad, así como la protección de personas y bienes. Por su parte, la seguridad privada tiene un carácter preventivo, orientado a que el daño no llegue a producirse. Se configura como un complemento de la seguridad pública, a la que se subordina y complementa.

La Ley 23/1992, de Seguridad Privada, fue desarrollada por el Reglamento de Seguridad Privada aprobado mediante el Real Decreto 2364/1994. Asimismo, la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es una función del Estado, por lo que las actividades de las empresas privadas aparecen tasadas en la Ley de Seguridad Privada y no pueden exceder de otros supuestos previstos legalmente.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1986 hace referencia a la obligación de todos, incluidas las empresas privadas, de prestar el auxilio necesario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por su parte, la Ley Orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciudadana, reconoce en su artículo 13 que el Estado puede imponer a los particulares la adopción de medidas de seguridad privada como función complementaria. Asimismo, el Estado puede eximir de las medidas comunicadas que resulten improcedentes. La disposición final destaca que el Gobierno dictará las normas reglamentarias para determinar las medidas de seguridad impuestas a las empresas de seguridad privada.

Marco Normativo Aplicable

En cuanto a las empresas de seguridad privada, existe una legislación base integrada por la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento y normativa específica complementaria.

Actividades Reguladas

La Ley de Seguridad Privada regula las siguientes actividades:

• Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones.
• Protección de personas determinadas (autorizada y previa).
• Depósito, custodia, recuento y clasificación de moneda y billetes, así como de títulos-valores que, por su valor económico, requieran protección especial.
• Transporte y distribución de objetos del apartado anterior.
• Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
• Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de señales de alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Planificación y asesoramiento de las actividades contempladas en la ley.

Requisitos y Obligaciones

Existe la obligación de comunicación entre la sede y el personal en los siguientes casos: vigilancia y protección de polígonos industriales y urbanizaciones, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos, custodia de llaves en vehículos como respuesta a alarmas, y aquellos designados por la delegación o subdelegación.

Actividades Prohibidas

• No intervenir ejerciendo en la celebración de reuniones o manifestaciones, ni en conflictos políticos.
• No ejercer control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, ni sobre la expresión de estas, ni sobre sus intenciones.
• Prohibición de comunicar a terceros información que conozcan en el ejercicio de su actividad sobre clientes, personas relacionadas o bienes y efectos custodiados.
• No podrán dedicarse a la fabricación de materiales de seguridad, salvo para uso propio.
• No usar la expresión de empresa de seguridad como denominación o calificación.
• El personal no podrá identificar ni detener a personas, ni impedir la libre circulación, salvo excepciones legales.