La Segunda República Española: Reformismo y Conflicto (1931-1936)

Después de las elecciones municipales convocadas por el almirante Aznar, se proclamó la Segunda República en medio de una coyuntura económica desfavorable, derivada del crac del 29, una sociedad dividida y enfrentada, y una gran fragmentación política. Ese mismo día asume el poder un gobierno provisional diseñado en el Pacto de San Sebastián, presidido por Niceto Alcalá Zamora.

El objetivo era llevar a cabo una serie de reformas relacionadas con la cuestión social y, sobre todo, convocar elecciones a Cortes Constituyentes que dieron la victoria a la conjunción republicano-socialista.

Las Cortes refrendaron los decretos elaborados por el gobierno provisional y crearon una comisión encargada de elaborar una Constitución. Los temas más conflictivos fueron la definición de la República, el voto femenino y la organización territorial del Estado. La Constitución define a España como una república de trabajadores compatible con la autonomía de municipios y regiones.

Una vez aprobada la Constitución, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora y jefe de gobierno Manuel Azaña. Este primer periodo se denominó reformista y destacamos entre las reformas:

Cuestión religiosa

Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la vida española. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución que estipulaba la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. Se permitieron el divorcio, el matrimonio civil, etc.

Además, el temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían, especialmente en la educación, llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limita la posesión de bienes a las órdenes religiosas y preveía la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuitas, acusados de depender de un poder extranjero. La Compañía de Jesús fue disuelta y sus bienes nacionalizados. Una buena parte de los sectores católicos recibió la nueva legislación como una agresión al catolicismo. Ante todo ello, la jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su antagonismo hacia la República. La intolerancia de todos hizo que la cuestión religiosa se convirtiera así en uno de los motivos clave del enfrentamiento en la España de 1936.

Reforma del ejército

El gobierno republicano estaba convencido de que el ejército necesitaba una profunda transformación. Azaña impulsó una reforma con tres objetivos básicos: reducir el número de oficiales, Cuerpos y unidades; eliminar el poder político de los militares; y aumentar su eficacia. De la Ley Azaña destacamos: la exigencia de que todos los mandos jurasen fidelidad a la República y la supresión de la Ley de Jurisdicciones (derechos de retiro que permitía a los oficiales pasar a retirarse voluntariamente con un sueldo íntegro). Posteriormente, se crea la Guardia de Asalto, una fuerza de Orden Público fiel a la República. La reforma tuvo resultados limitados y, además, fue recibida por los llamados africanistas como una agresión a la tradición militar y al ejército.

Reforma Agraria

Un 45% de la población eran jornaleros y pequeños propietarios y arrendatarios. Las primeras medidas reformistas fueron llevadas a cabo por Largo Caballero durante el gobierno provisional. La medida más importante fue la Ley de Bases de la Reforma Agraria, aprobada por las Cortes, que perseguía la modernización de la agricultura y el reparto y distribución de tierras entre los campesinos. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes de España. Para aplicar la ley, fue creado el Instituto de Reforma Agraria. La complejidad de la ley, la falta de recursos y la oposición hicieron que la reforma se aplicara con gran lentitud y las tierras entregadas a los campesinos fueran escasas.

Reforma del Estado centralista

La Constitución republicana había establecido que el Estado integral era compatible con la autonomía de municipios y regiones. Los catalanes fueron los primeros en elaborar un estatuto, que fue aprobado en referéndum popular y, posteriormente, por las Cortes. El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento, y se reconocía la cooficialidad del castellano y el catalán. Las primeras elecciones fueron ganadas por Esquerra Republicana y Francesc Macià se convirtió en su primer presidente. El País Vasco aprobó un estatuto formado por José Antonio Aguirre, que fue elegido primer lehendakari. En Galicia, el proceso fue más lento y se sometió a plebiscito un proyecto de estatuto que no llegó a ser aprobado debido al estallido de la Guerra Civil.

Reforma educativa

Estaba destinada a disminuir las elevadas tasas de analfabetismo y promover una enseñanza laica, gratuita y obligatoria. El Ministerio diseñó un ambicioso programa de escolarización.

Propició la aparición de nuevas experiencias, entre las que destacan las Misiones Pedagógicas, que llevaron por los pueblos teatro, cine, libros...

Todas estas reformas se pudieron realizar gracias al apoyo de amplios sectores de la población. Sin embargo, desde ciertos sectores obreros surgió una oposición al reformismo republicano que se tradujo en graves conflictos sociales. No obstante, la principal oposición a las reformas procedía de los grupos sociales más acomodados, que encontraron apoyo en la Iglesia y en una parte del ejército, que protagonizaron un golpe de Estado mediante el general Sanjurjo para forzar el cambio de la República a la derecha.

Fueron estos sectores sociales opuestos al reformismo progresista los que, con la finalidad de paralizar todas las reformas e incluso de reformar la Constitución, se presentaron en una coalición electoral de derechas. El triunfo de la derecha (la CEDA y el Partido Radical) en las elecciones y la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas abrieron paso al bienio conservador. Durante este gobierno, la reforma agraria fue desmantelada, el sistema de autonomías fue paralizado, los créditos para construir escuelas disminuyeron, la Ley de Congregaciones Religiosas no fue aplicada, la nueva amnistía permitió salir de la cárcel a los implicados en el golpe de Estado y la única ley que no se modificó fue la Ley Azaña. En respuesta a la política del gobierno, anarquistas y socialistas radicalizaron sus posiciones y la tensión en el campo fue en aumento con la proliferación de conflictos. La CEDA exigió entrar en el gobierno. La entrada de la CEDA en el gobierno provocó el inicio de la Revolución de Asturias, donde se estableció una alianza obrera entre anarquistas, socialistas y comunistas. Tras los sucesos, los gobiernos radicales fueron más inestables y, además, se vieron afectados por una serie de escándalos. Ante esta situación, el presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones. Los partidos de izquierda se agruparon en el Frente Popular y acordaron un programa común que defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados por la Revolución de Asturias, la recuperación de la política reformista... Por su parte, la derecha no logró presentar un programa único. En las elecciones, el Frente Popular se hizo con la victoria. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Santiago Casares Quiroga, jefe de gobierno. El Frente Popular puso rápidamente en marcha el programa pactado, restableciendo las leyes derogadas en el bienio conservador. Progresivamente, la vida política y social se fue radicalizando y, al mismo tiempo, los sectores conservadores boicotearon las medidas del Gobierno. La Falange, con especial violencia, puso en práctica la dialéctica de los puños y las pistolas. En este ambiente de crispación, los sectores opuestos a la República promovieron un golpe de Estado que se inició en Melilla y, un día después, en la península. Su fracaso propició la división de España y el inicio de la Guerra Civil.