La revolucion liberal en el reinado de isabel II

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La experiencia de las Cortes de Cádiz no había logrado instaurar en España un estado liberal, quedando sólo en un primer intento.

Tampoco la etapa efímera del llamado Trienio Liberal (1820-1823), durante el reinado de Fernando VII, había conseguido este objetivo. El rey absolutista fallecía en Madrid en 1833 y el Antiguo régimen había logrado que permanecieran vivas muchas de sus estructuras políticas, económicas y sociales.

Pero al morir el rey volvieron a darse las circunstancias que permitieron la realización de un nuevo intento  de establecer un régimen liberal en España, que esta vez sí alcanzaría su objetivo.

Regencia  de María Cristina (1833-1840)

La guerra carlista.

A la muerte de Fernando VII, su hija y heredera Isabel tenía sólo tres años. Los sectores más absolutistas apoyaron los dere­chos al trono del hermano de Fernando VII, don Carlos. Para defender los derechos de su hija, su madre María Cristina, que era la regente*, buscó el apoyo de los liberales. Se inició así una guerra civil que, bajo la forma de un conflicto dinástico, significaba el enfrentamiento entre absolutistas (carlistas) y li­berales (cristinos o isabelinos).

Los partidarios del carlismo (nobleza agraria, clero y campe­sinado del nordeste español) eran los defensores del Antiguo Régimen, es decir, de la monarquía absoluta, de la preeminencia social de la Iglesia Católica, de la conservación de un sistema legal particularista (fue­ros) y de formas de propiedad tradicional de la tierra.

Frente a ellos, los isabelinos presentaban un



conglomerado de intereses. La propia monarquía y la nobleza cortesana tenían como interés esencial la defensa del trono y sus privilegios, pe­ro vieron en la unión con los sectores liberales la única forma de enfrentarse al carlismo.

Al frente isabelino se unieron también la burguesía, las cla­ses populares urbanas y el campesinado del centro y sur penin­sular, partidarios de un cambio de régimen basado en las ideas del liberalismo,  es decir, de un régimen constitucional que consagrara las libertades individuales y la propiedad libre y plena.

La guerra civil se prolongó durante siete años (1833-1840). Los fo­cos más importantes de la insurrección carlista surgieron en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia, pero pronto los car­listas vieron frustrados sus deseos de conquistar una gran ciudad, algo que habría afianzado sus pretensiones. Así , por dos veces intentaron ocupar Bilbao; durante el primer sitio a esta ciudad perdieron a su general más carismático, Zumalacárregui, y durante el segundo sufrieron la derrota de Luchana, que dio gran prestigio al general liberal victorioso, Baldomero Espartero. En el Maestrazgo (Valencia) operaba el ejército del general carlista Ramón Cabrera, que compitió en brutalidades con el ejército liberal. Se hizo por ello precisa una una intervención británica mediadora (Convenio Elliott). En 1837 los carlistas intentaron un ataque sobre Madrid (Expedición Real) con el Pretendiente don Carlos a la cabeza, pero fracasaron. Finalmente, el ejército liberal impuso claramente su dominio. El Convenio de Vergara, sellado



con el célebre abrazo entre Espartero y el general carlista Maroto, puso fin a la guerra.

Las reformas progresistas.

Los liberales se hallaban divididos en dos facciones: los moderados, partidarios de re­formas más limitadas, y los progresistas, que querían desmantelar toda la estructura del Antiguo Régimen. En medio de la guerra carlista, para contar con el apoyo de los libe­rales, María Cristina impulsó la formación de un gobierno liberal. Primero intentó hacerlo con los moderados, pero el Motín de La Granja de San Ildefonso- 12 de agosto de 1836-, hizo que la reina Gobernadora llamara a los progresistas al gobierno y restableciera la Constitución de 1812.

Entre 1835 y 1837, los progresistas, enca­bezados por Mendizábal implantaron un régi­men liberal. Un conjunto de leyes permitieron la disolución del régimen señorial, la desvin­culación de la propiedad y la desamor­tización de las propiedades del clero y los ayuntamientos, con lo que se liberalizó la propiedad agraria. Otras leyes decretaron la supresión de las aduanas interiores y la ex­tinción de los gremios, que se oponían al li­bre ejercicio de la industria y el comercio. Estaba, pues, en marcha la aplicación del programa económico liberal.

Este proceso culminó con la Constitu­ción de 1837, que inauguró un largo perío­do de monarquía parlamentaria en España. El nuevo texto reconocía la soberanía nacio­nal y los derechos individuales pero acepta­ba el papel moderador de la Corona, a la que concedía algunos poderes (derecho de veto y de



disolución del Parlamento). Se establecía un sistema electoral censitario.

La regencia de Espartero.

En 1837, los moderados, con el apoyo de María Cristina, accedieron al gobierno e in­tentaron dar un giro conservador al proceso de revolución liberal. Un movimiento de oposición se alzó contra la Regente, que se vio obligada a ceder el poder y exiliarse en 1840.

El progresista general Espartero fue nombrado regente, pero las medidas libre­cambistas, que perjudicaron a la naciente industria española, y el autoritarismo con que gobernó – bombardeó Barcelona para acallar un levantamiento obrero- le valieron la oposición de bue­na parte del país. En 1843, Espartero dimi­tió y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina.

La etapa isabelina: el liberalismo moderado (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854) El liberalismo moderado.

Durante el reinado de Isabel II, el Partido Liberal Moderado estuvo, con breves excepciones, al frente del gobierno. En esa etapa se consolidó el liberalismo en España, pero con un carácter conservador y centralista.

Así, impusieron el sufragio censitario muy restrictivo, una gran intervención de la Corona en la política y la limitación de libertades. Además, el ejército continuó teniendo una enorme influencia, pues todos los grupos



recurrían a él para intentar hacerse con el poder (pronunciamientos), y la administración del Estado se configuró de forma centralista y autoritaria.

El nuevo régimen se apoyaba en los grupos poderosos: aristocracia, Iglesia y burguesía conservadora. Todos ellos aceptaban el nuevo orden liberal para frenar el carlismo, pero querían mantener intacto su predominio social y alejar del poder a los sectores progresistas y populares. Urgía un arreglo en las relaciones con la Iglesia, rotas desde la desamortización.

Bajo el indiscutible impulso del hombre fuerte de la situación, el general Narváez, se promulgaba la Constitución de 1845, que establecía un sufragio muy restringido y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. También se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), que configuraba un Estado confesional. Triunfaba con ella un liberalismo de tipo conservador.

La administración estatal y municipal fue reorganizada desde una óptica uniformista y centralizadora. Sólo el País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales, ante el temor al carlismo. Otras reformas moderadas fueron la de Hacienda, concretada con la llamada reforma Mon-Santillán, que centralizó los impuestos en manos del Estado, y la elaboración de un Código penal (1851), que unificó las leyes anteriores. También se disolvió la Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil (1844) para mantener la ley en el medio rural; Narváez encomendó las tareas organizativas de este cuerpo al duque de Ahumada. El nuevo Estado se dotaba así de un conjunto de leyes



imprescindibles para su funcionamiento.

El moderantismo daba un paso más hacia un conservadurismo extremo con los proyectos de Bravo Murillo, que fueron contestados desde el progresismo.

Desde 1852 se deteriora la situación política al hacerse más frecuentes los casos de corrupción. Especialmente graves fueron los que rodearon a Sartorios, Presidente del consejo.

El Bienio Progresista (1854-56)

En 1854 triunfó un pronunciamiento militar (Vicalvarada) que contó con un gran apoyo popular, apoyado por progresistas y por moderados descontentos que habían fundado la Unión Liberal, dirigida por el general Leopoldo O'Donnell. Por un momento parecía que la monarquía se tambaleaba, pero los militares salvaron la situación.

Los progresistas intentaron restaurar los principios del régimen constitucional de 1837 y realizar reformas económicas. Así, Pascual Madoz llevó a cabo una nueva desamortización, que esta vez afectó también a los tierras de los Ayuntamientos, y también se impulsó grandemente la construcción del ferrocarril.

Gobierno de la Unión Liberal (1856-1868)

La última etapa del reinado de Isabel II (1856-1868) fue de alternancia en el poder entre los moderados y la Unión Liberal, partido creado por O´Donnell que en poco difería del moderantismo. Su Gobierno Largo (1858-1863) impulsó una política de prestigio y nacionalista, que tuvo en la Guerra de Marruecos,  (1859-1860)  y en llamada guerra



del Pacífico su máximos exponentes. En el interior, la actuación del gobierno fue muy autoritaria y ejerció una fuerte represión. La oposición al régimen fue en aumento y surgieron nuevos grupos políticos, como los demócratas, que defendían el sufragio universal masculino, y los republicanos, que abogaban por la abolición de la monarquía.

Los escándalos económicos y el enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes  y de personajes vinculados a la Corte (duque de Riánsares) escandalizaban a la opinión. La contestación popular crecía, tanto en el campo, donde eran frecuentes los estallidos de violencia, como entre los estudiantes, en descuerdo con la política educativa y con la expulsión de Castelar de su cátedra(Noche de san Daniel)  por haber publicado un artículo crítico con la reina. La muerte de O´Donnell y del propio Narváez, en abril de 1868 en este caso, hizo que la reina quedara sin sus principales apoyos. Una gran conspiración general, pero en la que los demócratas tenían prevalencia, estaba en marcha triunfaría y obligaría a la reina a exiliarse, poniéndose así fin a la monarquía liberal.

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