La Revolución Liberal en España durante el Reinado de Isabel II: Carlistas, Moderados y Progresistas

La Revolución Liberal en el Reinado de Isabel II

La revolución liberal-burguesa fue un proceso violento que consistió en la sustitución de la sociedad feudo-señorial del Antiguo Régimen por una nueva sociedad liberal-burguesa capitalista. Esto supuso profundos cambios políticos, económicos y una nueva ideología. Todas estas transformaciones se produjeron siendo la burguesía la clase dominante y el capitalismo como nuevo sistema socioeconómico.

La Cuestión Sucesoria y la Primera Guerra Carlista

En el caso de España, esta revolución liberal-burguesa fue muy lenta y marcada por una gran inestabilidad y conflictividad, siendo una de estas situaciones conflictivas la cuestión sucesoria. El rey Fernando VII tuvo con su cuarta mujer, María Cristina, una heredera, la princesa Isabel. Antes de su nacimiento, el rey publicó la Pragmática Sanción que permitía reinar a las mujeres. Sin embargo, los partidarios de Carlos María Isidro, aprovechando la grave enfermedad del Rey, obtuvieron en 1832, por medio de un ministro, un documento que derogaba la Pragmática Sanción. Posteriormente, recuperado el Rey, éste confirmó los derechos sucesorios de su hija Isabel y formó un nuevo gabinete presidido por Cea Bermúdez, que buscaría el apoyo del liberalismo moderado.

En 1833 murió el rey Fernando VII, y su viuda, Mª Cristina, heredó la corona de España en nombre de su hija Isabel, aunque también era reclamada la corona por los carlistas, que preparaban un levantamiento. Tras la muerte del Rey, las tensiones acumuladas se convirtieron en una guerra civil que duró 7 años (1833-1840) enfrentando a absolutistas y liberales, surgiendo así la primera guerra carlista.

Los elementos fundamentales de la ideología carlista fueron el absolutismo monárquico, la intransigencia religiosa, la defensa de los fueros y del régimen tradicional de propiedad de la tierra. El primer enfrentamiento carlista fue una reacción rural contra el progreso político y cultural de la ciudad, contando con el apoyo de los sectores que se oponían a las reformas liberales tales como el clero, pequeña nobleza, clase campesina, labradores y artesanos, del norte y este de España. Sin embargo, no pudo convencer a las clases ilustradas, ni a la burguesía ni al proletariado urbano. Los defensores de la reina regente y los regímenes liberales de Europa apoyaron al gobierno de María Cristina. Los ataques por sorpresa de los carlistas le otorgaron las primeras victorias ante el ejército de la reina, aunque su objetivo era Madrid. Las partidas guerrilleras hacían que el ejército liberal cayera en emboscadas. Por otra parte, la crisis interna del carlismo, con enfrentamientos entre castellanos y navarros, hacían que se caminara hacia el final de la guerra. Esta se produjo cuando el general Maroto (jefe del ejército carlista) mandó fusilar a los generales contrarios al acuerdo de paz.

Las conversaciones entre Maroto y Espartero hicieron posible el Acuerdo de Vergara (1839). Con este acuerdo, Espartero, general liberal, se comprometía a mantener los fueros vascos, y los seguidores de Maroto reconocían a Isabel II como reina. En 1840 se implantó en España un régimen constitucional.

En definitiva, el carlismo fue un movimiento de protesta contra las corrientes de la época tales como liberalismo y capitalismo, industrialización y urbanismo, socialismo y laicismo.

Moderados y Progresistas

Entre los moderados y progresistas no existían muchas diferencias. Para dar estabilidad al Estado, los dos admitían la existencia de una ley fundamental escrita, la Constitución, de unos órganos representativos de la nación basados en sufragio censitario y admitían la opinión pública y libertades individuales.

Las características más relevantes del modelo moderado eran su carácter pragmático, trataba de compaginar la tradición y la modernidad; concedía más importancia a los intereses económicos que a los políticos; su objetivo era construir un Estado unitario regido por una administración centralizadora controlada por las clases propietarias, no permitiendo la intervención de las clases populares. El sufragio censitario significaba que sólo podían ser electores aquellos que pagaban al Estado una cantidad anual en concepto de contribución por la propiedad y los que tenían una profesión.

Por otra parte, el modelo progresista planteaba un programa reformista, no revolucionario y basado en unos principios políticos tales como que la soberanía reside en el pueblo; las Cortes representan dicha soberanía y ejercen el poder legislativo; la Constitución es la norma superior del Estado, debiendo jurarla el rey; además el rey reina pero no gobierna; defendían el sufragio censitario pero era menos restringido; eran partidarios de crear un ejército profesional y eliminar el servicio militar obligatorio. Los sectores que apoyaban a este modelo eran las clases medias y pequeños artesanos y obreros.

El Estatuto Real y la Constitución de 1837

En enero de 1834, el ministro Martínez de la Rosa se unió a los liberales que apoyaban a Mª Cristina. Esto tuvo como resultado la elaboración del Estatuto Real, sirviendo de tránsito entre el Antiguo Régimen al Nuevo Régimen. Era una Carta otorgada en la que el monarca consentía a su lado a los otros poderes del estado, aunque era una Constitución incompleta.

En 1836 se produjeron una serie de rebeliones, originadas por un clima de crispación política y social, así como la primera ley de desamortización de Mendizábal (venta de los bienes de la Iglesia), conllevaron al pronunciamiento de los sargentos en La Granja y que obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y entregar el gobierno a los progresistas. Pero existían muchos problemas para adaptar esa constitución a la realidad política y económica del país, por lo que en 1837 promulgaron una nueva Constitución. Este momento coincidió con el avance del ejército carlista hacia Madrid, por ello surgió un consenso entre los dos grupos liberales para que pudieran gobernar ambos.

La Constitución de 1837 fue una constitución breve, bicameral, basada en los principios de soberanía nacional, división de poderes y reconocimiento de los derechos individuales y matizado por el acuerdo entre progresistas y moderados. De ello surgió la libertad de prensa, la autonomía política y la gestión dada a los Ayuntamientos, así como la recuperación de la Milicia Nacional.

La Regencia de Espartero

Con el fin de la guerra carlista, el general progresista Espartero aumentó su prestigio. Además, apoyó a los alzamientos de las provincias frente al proyecto de Ley de Ayuntamientos, ya que este proyecto reducía el poder de los Ayuntamientos. La reina firmó la ley en julio, pero se produjeron disturbios que hicieron que Mª Cristina se fuera a Francia, renunciando a gobernar. Ante esta situación, se formó un breve ministerio-regencia presidido por Espartero, hasta que en 1841 las Cortes lo nombraron regente. Gobernó de manera autoritaria con el apoyo de grupos militares, y en su mandato surgieron revueltas dirigidas por generales moderados como O'Donnell, Narváez, partidarios de Mª Cristina. Esto finalizó con el pronunciamiento del general Narváez.

La Década Moderada (1844-1854)

Cuando Narváez llegó al poder, hizo una serie de reformas que limitaban libertades, daba más poder a la Corona y proponía una administración centralista. Además, se sustituyó la Milicia Nacional por la Guardia Civil (1844) que se debía de encargar del orden público y la propiedad privada bajo las órdenes del gobernador de la provincia. En 1845, los alcaldes ya no podrían ser elegidos sino impuestos por el gobierno, y se pasó a controlar la prensa y la imprenta. Todos estos cambios finalizaron con la aprobación de una nueva Constitución que pretendía una soberanía compartida, limitando el poder de las Cortes. Los moderados pretendían restablecer los contactos con el Papa, que se habían roto por la desamortización de Mendizábal, negociaron para ello un Concordato. Este concordato determinaba que la única religión del Estado era la católica; se concedía poder a los obispos en la enseñanza y apoyarían la represión de las doctrinas heréticas; se censuraron obras sobre la religión y la moral.

Los objetivos de los moderados eran, primero, un orden jurídico unitario, una Administración centralizada, y una Hacienda con impuestos únicos. Pretendían crear un cuerpo de leyes unitarios y eliminaban fueros, leyes y costumbres. Se creó una comisión para elaborar un Código Civil basado en la defensa de la propiedad privada, y en 1848 se elaboró un Código Penal. Surgieron además una serie de leyes que regulaban la ordenación provincial y la administración local a lo que se unió la reforma de la Hacienda del Estado. La revolución de 1854 trajo consigo un cambio en la orientación política del país mediante un nuevo pronunciamiento militar. Así, una parte del ejército encabezado por el general O'Donnell se enfrentó a las tropas del gobierno, pero como no hubo un claro resultado ganador, se retiró y así se le unió el general Serrano y juntos lanzaron un Manifiesto al País con promesas progresistas. A partir de aquí, se sucedieron agitaciones populares que se fueron convirtiendo en un movimiento popular y progresista. Como consecuencia de todo esto, Mª Cristina decidió entregar el poder a Espartero, principal figura del progresismo. Así finalizó la década moderada.

El Bienio Progresista (1854-1856) y la Vuelta al Moderantismo

Durante este periodo, los gobiernos intentaban poner medidas liberales. Se intentó elaborar una nueva Constitución que no se promulgó. El texto pretendía una soberanía nacional, limitar el poder de la corona, vuelta de la Milicia Nacional, autonomía de las Cortes y primacía del Congreso sobre el Senado. Lo más destacado en esta época fue la desamortización de Madoz (1855) y leyes que pretendían atraer capitales extranjeros. Surgió la Ley de Ferrocarriles, Ley Bancaria y creación del Banco de España. Surgieron también una serie de corrientes políticas que habían estado reprimidas, tales como demócrata y republicana así como socialismo y federalismo. Además, se inició un principio de movimiento obrero que incluía la huelga general como una fórmula de acción. Durante este bienio, se produjeron acciones reivindicativas de obreros y campesinos aumentando también la inseguridad en la calle y la conflictividad. Era el inicio de una nueva crisis. Ante la inestabilidad existente, O'Donnell dio un golpe de estado y eliminó del poder a Espartero y al partido progresista, finalizando así el bienio progresista. O'Donnell asumió la presidencia del gobierno con el respaldo de la Unión Liberal (Gobierno de la Unión Liberal) y los objetivos que pretendía eran la consolidación de la monarquía constitucional; restablecimiento del orden público; consolidación de las tendencias moderadas y progresistas; en definitiva, establecer un liberalismo centrista. Repuso también la Constitución de 1845 con un Acta Adicional que reconocía algunos principios progresistas y anulaba la Milicia Nacional y organizó los ayuntamientos. Este gobierno duró poco ya que con la vuelta de Narváez se suprimió el Acta Adicional, se interrumpió la desamortización y se rodeó de neocatólicos.

Fueron años de expansión económica en los que España se unió a Francia para reconstruir un imperio colonial, unido a las expediciones realizadas a México e Indochina. En esto consiguió un gran reconocimiento el general Prim, líder progresista y defensor de la monarquía constitucional.

El Final del Reinado de Isabel II

Al final del reinado de Isabel II (1866) se produjo una crisis cuyos factores estructurales fueron: la imposibilidad del moderantismo de responder a las demandas sociales, el descrédito de Isabel II y el malestar social generado por una crisis industrial, financiera y de subsistencia. Además, los factores que la desencadenaron fueron la expulsión de sus cátedras de Sanz del Río y de Castelar y la organización de un complot militar liderado por Prim que intentó planes para derrocar al gobierno, basados en alentar la sublevación en los cuarteles. Sin embargo, comprendió que había que unificar las fuerzas militares y civiles. Y así pactó en Ostende una alianza sobre dos bases: una destrucción del sistema político Isabelino y la construcción de un orden nuevo por medio de unas Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal.

En septiembre de 1868 se produjo una revolución que provocó la caída del régimen de Isabel II, caída de la dinastía borbónica y la esperanza de un régimen democrático para España.