La Restauración y la Segunda República en España: Un Análisis Histórico

Restauración

Tras un fallido intento de instaurar un régimen democrático durante el Sexenio, se restauró la monarquía borbónica. El nuevo sistema político estaba ideado por Cánovas del Castillo y consistía en la alternancia en el poder de dos grandes partidos: conservador y liberal. Diseñaron una nueva constitución en 1876, que era un claro ejemplo del liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Se trataba de una constitución de carácter conservador. La constitución consideraba a la monarquía como una institución totalmente superior y debía mantener el buen entendimiento en la alternancia de los partidos políticos. Se establecía la soberanía compartida y se concedían amplios poderes al monarca. Las Cortes eran bicamerales, el voto era censitario, pero en 1890 se aprobó el sufragio general masculino. El estado era católico, aunque toleraba otras creencias. También se restableció el presupuesto de culto y clero para financiar la iglesia. La nueva constitución contaba con una gran declaración de derechos: imprenta, expresión, asociación... Cánovas ideó el turno de partidos y el ejército solo se ocupaba de defender la independencia nacional y no debía intervenir en las contiendas de los partidos. Los carlistas fueron derrotados y la consecuencia de esto fue la abolición definitiva del régimen foral. El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana (Guerra de los diez años) y, como resultado de la actuación militar y la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón, que incluía unas nuevas reformas, como la abolición de la esclavitud, entre otras. El incumplimiento o retraso de estas reformas provocó la Guerra Chiquita y la insurrección de Cuba y Filipinas en 1895. Tras el regreso de Alfonso XII, Cánovas transformó el Partido Alfonsino en el partido Liberal-Conservador, que acabó llamándose Partido Conservador. Por otra parte, existía el partido liberal liderado por Sagasta. Conservadores y liberales coincidían ideológicamente en lo fundamental, pero se diferenciaban en algunos aspectos. Ambos defendían la monarquía, la Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. En cuanto a la actuación política, las diferencias eran escasas. Pero en la práctica eran casi iguales. La alternancia en el poder de estos dos partidos tenía como objetivo asegurar la estabilidad institucional.

El sistema de turno pacífico pudo mantenerse durante más de veinte años gracias al fraude electoral, como se hace referencia en el texto, y al uso de la influencia y poder económico de determinados individuos en la sociedad (caciques). La adulteración del voto se convirtió en lo habitual. Los caciques eran personas notables (abogados, funcionarios, propietarios que daban trabajo a jornaleros...) que manipulaban las elecciones continuamente de acuerdo con las autoridades, especialmente los gobernadores civiles de las provincias. El conjunto de trampas electorales se llama pucherazo. A lo largo del turno pacífico, todo funcionó con regularidad. El partido Conservador se mantuvo en el gobierno desde 1875 hasta 1881.

El Pacto del Pardo y las Reformas Liberales

En 1884, Cánovas volvió al poder, pero el temor a una posible desestabilización tras la muerte de Alfonso XII impulsó un acuerdo entre conservadores y liberales (Pacto del Pardo), cuya finalidad era dar apoyo a la regencia de María Cristina y garantizar la continuidad de la monarquía ante las presiones de carlistas y republicanos. En la regencia, el partido Liberal gobernó más tiempo que el Conservador; los liberales impulsaron una importante obra reformista para incorporar al sistema algunos derechos asociados a los ideales de la revolución del 68. Se aprobó la Ley de Asociaciones, se abolió la esclavitud, se introdujo la celebración de juicios por jurados, se impulsó un nuevo código civil, se llevaron a cabo reformas hacendísticas y militares y, lo más importante, se implantó el sufragio universal masculino. El turno de partidos siguió y en el Partido Liberal surgieron personajes como Germán Gamazo y Antonio Maura, que provocaron la aparición de facciones y la desorganización del partido. En cuanto a los conservadores, destacó la disidencia de los reformistas de Francisco Silvela, que consiguió aglutinar a las diferentes facciones tras la muerte de Cánovas. Durante la Restauración, los republicanos, carlistas, socialistas y nacionalistas quedaron marginados y nunca consiguieron obtener un número suficiente de diputados para formar gobierno o constituir una minoría parlamentaria influyente. Emilio Castelar fundó el Partido Republicano Posibilista, Ruiz Zorrilla creó el Partido Republicano Progresista, Salmerón creó el Partido Republicano Centralista, Pi y Margall el Partido Republicano Federal y, a partir de 1879, los republicanos perdieron gran parte de sus bases sociales con la creación del PSOE por Pablo Iglesias. Tras la derrota carlista en 1876, se prohibió la estancia en España del pretendiente don Carlos de Borbón y el carlismo entró en una grave crisis: Cándido Nocedal fue el jefe del carlismo, que era fuerte en Navarra, País Vasco y Cataluña. Juan Vázquez de Mella renovó el partido mediante el acta de Loredam y Ramón Nocedal protagonizó una separación dentro del partido carlista, acusando al pretendiente de cesarismo. En 1888 se fundó el partido católico nacional. Otros partidos menos importantes fueron la Unión Católica, liderada por Alejandro Pidal, el Partido Democrático Monárquico, liderado por Segismundo Moret y la Izquierda Dinástica, liderada por el general Serrano.

Movimientos Regionalistas y Nacionalistas

En el último cuarto del siglo XIX comenzaron en España movimientos de carácter regionalista o nacionalista, sobre todo en Cataluña y País Vasco. Cataluña fue la primera, ya que se consideraba una región más avanzada en todos los sentidos y defendía el proteccionismo para Cataluña. El catalanismo surgió de la conjunción del progreso económico y el renacimiento cultural. Por otro lado, en la década de 1880 se desarrolló el catalanismo político, que tuvo varias corrientes como la de Torras y Bages o Valentí Almirall, quien fundó el Centre Català en 1882. Un paso muy importante en la consolidación del catalanismo político fue la elaboración de las Bases de Manresa.

El nacionalismo vasco se creó en un principio ante la pérdida de una parte de los fueros tras la derrota del carlismo; pero también el desarrollo de una corriente cultural en defensa de la lengua vasca, el euskera. Su gran propulsor fue Sabino Arana. En 1895 se creó el Partido Nacionalista Vasco. Arana le puso un nombre a su patria, Euzkadi, una bandera propia y un lema para el partido: “Dios y ley antigua”. En un principio, el PNV se declaró independentista respecto a España, pero esta posición fue evolucionando hacia el autonomismo. Con el paso del tiempo, los dos partidos se fueron descomponiendo y no fueron capaces de afrontar las nuevas fuerzas, como el obrerismo y el republicanismo. En 1898, la pérdida de Cuba y Filipinas sumió a la restauración en una gran crisis política y moral y se plantearon la necesidad de iniciar un proceso de reformas que modernicen la vida social y política del país.

Caída del Imperio Colonial y la Crisis del 98

En 1868 se inició, con el llamado “grito de Yara”, un conflicto en la isla de Cuba (Guerra de los Diez Años), uno de los últimos territorios coloniales españoles. La insurrección, dirigida por algunos propietarios criollos, contó rápidamente con el apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. Aunque el gobierno se mostró partidario de conceder reformas políticas a la isla, la negativa de los sectores económicos españoles con intereses en Cuba frustró la posibilidad de una solución pacífica al conflicto y convirtió la guerra en un grave problema. La Paz de Zanjón puso fin a este conflicto, aunque nunca se llegaron a llevar a cabo las reformas pactadas. Siguiendo el modelo bipartidista de la península, se crearon en Cuba dos grandes partidos: el Partido Autonomista, integrado en su mayoría por cubanos, y la Unión Constitucional, un partido españolista que contaba con una fuerte militancia de los peninsulares instalados en Cuba. El primero de ellos pedía la autonomía de la isla sin llegar a la independencia. El partido liberal de Sagasta solo llegó a concretar la abolición formal de la esclavitud en 1888. En 1893, un intelectual, José Martí, fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo era la consecución de la independencia y de inmediato consiguió apoyo exterior, especialmente de EE.UU. En 1891, el gobierno español elevó las tarifas arancelarias para los productos importados a la isla que no procediesen de la península (arancel, Cánovas). Por aquel entonces, el principal cliente económico de Cuba era EE.UU. El presidente americano William McKinley manifestó su propuesta ante tal situación y amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense al azúcar y al tabaco cubano si el gobierno español no modificaba su política arancelaria en la isla. El “grito de Baire” del 24 de febrero de 1895 dio inicio a un levantamiento generalizado. El jefe del gobierno español, Cánovas del Castillo, envió un ejército al mando del general Martínez Campos.

Este no consiguió controlar militarmente la rebelión, por lo que fue sustituido por el general Valeriano Weyler, que se propuso cambiar completamente los métodos de lucha e iniciar una férrea represión. Weyler trató muy directamente a los rebeldes, aplicando la pena máxima a muchos de ellos, y también a la población civil, víctima del hambre y de las epidemias. En el plano militar, la guerra no era favorable a los soldados españoles, que ya se desarrollaban en plena selva y contra unas fuerzas muy extendidas en el territorio que se concentraban y dispersaban rápidamente. El mal aprovisionamiento, la falta de pertrechos y enfermedades tropicales causaron gran mortalidad entre las tropas, haciendo de la victoria final un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. En 1897, tras el asesinato de Cánovas, el nuevo gobierno liberal destituyó a Weyler del cargo y encargó el mando al general Blanco. Este decretó la autonomía de Cuba. Pero las reformas llegaron demasiado tarde: los independentistas, que contaban con el apoyo estadounidense, se negaron a aceptar el fin de las hostilidades que fue unilateralmente declarado por el gobierno español. Paralelamente al conflicto cubano, en 1896 se produjo una rebelión en las islas Filipinas, fundada por José Rizal en 1892 y en la organización clandestina Katipunan. La insurrección se extendió por la provincia de Manila y el capital general Camilo García Polavieja llevó a cabo una política represiva, condenando a muerte a Rizal a finales de 1896. El nuevo gobierno liberal de 1897 nombró capital general a Fernando Primo de Rivera, quien promovió una negociación indirecta con los principales jefes de la insurrección, dando como resultado una pacificación momentánea del archipiélago. EE.UU. había fijado su área de expansión inicial en la región del Caribe y, en menor medida, en el Pacífico. El interés de EE.UU. por Cuba había llevado a realizar diferentes proposiciones de compra de la isla que España siempre había rechazado. La ocasión para intervenir en la guerra la dio el incidente del acorazado estadounidense Maine, que estalló en el puerto de La Habana en abril de 1898. EE.UU. culpó falsamente a España del hecho y les envió un ultimátum en el que se exigía la retirada de Cuba. El gobierno español negó cualquier vinculación con el Maine y rechazó el ultimátum estadounidense, amenazando con declarar la guerra en caso de invasión de la isla. Comenzaba así la guerra hispano-norteamericana. Una escuadra mandada por el almirante Cervera partió hacia Cuba, pero fue rápidamente derrotada en la batalla de Cavite. En diciembre de 1898 se formó la Paz de París, por la cual España se comprometía a abandonar Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pasaron a ser un protectorado norteamericano. Como conclusión, podemos decir que tras la Paz de París, España pierde definitivamente su imperio colonial, lo que derivó en la crisis del 98, que fue una crisis moral general en la población española y en el desmantelamiento de la Restauración, porque los militares empezaban a intervenir en la política a través de golpes de estado, poniéndose de ejemplo el de Primo de Rivera en 1923 y el de Franco en 1936.

Segunda República

El resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 dio la victoria a las fuerzas republicanas en la mayoría de las grandes ciudades. El rey Alfonso XIII renunció a la corona. El 14 de abril se proclamó la Segunda República Española. Se mostraba como una oportunidad para democratizar y modernizar el Estado mediante un amplio programa de reformas económicas y sociales. En España, el régimen republicano fue recibido con entusiasmo por las clases medias y populares, pero era percibido con temor por las élites sociales y económicas. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España. La participación fue alta y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades. Una buena parte del electorado había apostado por un cambio. El 14 de abril proclamaron la república. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y se exilió. El gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia: la concesión de una amnistía general para los presos políticos, la proclamación de libertades políticas y sindicales y la designación de altos cargos de la administración. También se llevó a cabo la reforma del ejército, medidas para proteger a los campesinos... Los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas y el ejecutivo quedó en manos de los vencedores, que ratificaron sus cargos al jefe de gobierno, Niceto Alcalá Zamora. Inmediatamente se hizo un proyecto de Constitución, la de diciembre de 1931. Fue muy avanzada para su tiempo, tenía carácter democrático y progresista y agrupaba los siguientes principios:

• El estado se configuraba de forma “integral”, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
• El poder legislativo residía en las Cortes.
• El poder ejecutivo residía en el gobierno y el poder judicial en unos jueces independientes.
• Incluía una amplia declaración de derechos y libertades y se veía en ella preocupación por los temas sociales.
• Garantizaba la igualdad ante la ley, la educación y el trabajo y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza.
• Establecía el voto desde los 23 años y concedía por primera vez el voto a las mujeres.
• No establecía ninguna religión como oficial y reconocía el matrimonio civil y el divorcio.

Fue aprobada por amplia mayoría, aunque no era del gusto de algunas fuerzas políticas. Existían muchas diferencias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en los temas religiosos y autonómicos. Manuel Azaña sustituyó a Niceto Alcalá Zamora. En la izquierda destacaron dos partidos republicanos: los Radical-socialistas y Acción Republicana. En el ámbito regional estaba la Organización Republicana Autonomista Gallega y Esquerra Republicana de Catalunya. El partido más sólido de izquierda era el PSOE. Dentro del PSOE existían dos corrientes: una sociodemocrática y otra más revolucionaria. Más a la izquierda se encontraba el Partido Comunista de España. En 1936 se creó el POUM, de tendencia antiestalinista. Otro partido era el anarquista CNT.

En esta central sindical se enfrentaban dos corrientes: los sindicalistas, que defendían una orientación más moderada y sindicalista, y la Federación Anarquista Ibérica, que defendía la vía insurreccional y armada. Había grupos de centro-derecha como el Partido Radical o la Derecha Liberal Republicana. Los partidos conservadores y católicos tradicionales se desmoronaron tras la proclamación de la república. Solo sobrevivieron pequeños grupos como el Partido Agrario, Partido Liberal Demócrata y Acción Española. El gran partido de la derecha católica y conservadora fue la Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por José María Gil Robles. Defendía la propiedad agraria, el peso de la iglesia y los intereses de los propietarios. Con los mismos objetivos, pero una actitud hostil hacia la República, estaban la Renovación Española, liderada por José Calvo Sotelo, que defendía la necesidad de un golpe de Estado y llegó a acuerdos electorales con los carlistas en la Comunión Tradicionalista. Pequeños grupos nacionalistas y fascistas se crearon, como las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, unidas más adelante a la Falange Española, dirigida por José Antonio Primo de Rivera. Estos defendían una ideología antidemocrática, una defensa a ultranza del nacionalismo español y se organizaban en grupos paramilitares de acción directa. Uno de los objetivos de la república fue limitar la influencia de la iglesia. Estas intenciones se plasmaron en la constitución. Se le prohibió a la Iglesia dedicarse a la enseñanza. Y con la Ley de Congregaciones se limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el estado. Una buena parte de los sectores católicos tomó la nueva legislación como una agresión al catolicismo. El resurgimiento de los viejos movimientos populares anticlericales incendiaron conventos y edificios religiosos. La jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su disgusto hacia la república y en movilizar a los católicos en su contra. El gobierno necesitaba una transformación; Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la república, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si lo deseaban. Además, se suprimieron algunos rangos tradicionales. Posteriormente, se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la república. La reforma agraria fue el mayor proyecto de la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundio y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres. Una serie de decretos establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento. También fijaron la jornada laboral de 8 horas en el campo. La verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria. El objetivo de la ley era la modernización de la agricultura. La ley permitía la explotación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza. La aplicación de esta ley creó una tensión social. En Cataluña, el 14 de abril de 1931, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya había proclamado la República Catalana.

Esto creaba un problema, ya que dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la constitución la que estableciese el nuevo tipo de estado y la situación de las nacionalidades. La negociación entre el gobierno provisional de la república y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat), cuya primera tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía. Una comisión se encargó de ello. La constitución ofreció un marco legal al estatuto de Autonomía de Cataluña, pero estableció recortes con respecto al texto elaborado en Núria. El régimen catalán contaba con un gobierno y parlamento propio. Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron un proyecto de estatuto, el Estatuto Estrella. José Antonio Aguirre fue elegido primer lendakari. En Galicia había menos nacionalismo. El proceso estatuario fue mucho más lento y el 28 de junio de 1936 se sometió a plebiscito un proyecto de estatuto que no llegó a ser nunca aprobado por las Cortes debido al estallido de la Guerra Civil. Otra reforma importante fue en la enseñanza. El objetivo era una educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación extendido a toda la población. El centro de su actividad fue la enseñanza primaria. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Los dirigentes republicanos también querían mejorar el nivel de cultura de la población. Se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes. Las Misiones Pedagógicas llevaban a las zonas rurales bibliotecas, coros, conferencias...

El socialista Francisco Largo Caballero inició una serie de reformas laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció la semana laboral de 40 horas y el aumento del salario. Se promovió la creación de seguros sociales y se reforzó el papel de los sindicatos agrarios en la contratación de las tareas del campo. La república coincidió con la fase más grave de la depresión económica mundial de 1929. Afectó de manera más débil a España. De todos modos, la crisis internacional agravó los problemas internos de la economía española. A estos problemas se sumaron los de la política republicana. El aumento generalizado de los salarios industriales y agrícolas que decretó el gobierno del primer bienio no se correspondió con un crecimiento de la productividad e hizo descender los beneficios empresariales. Esto hizo que aumentaran el descontento y la desconfianza del empresario industrial y de los grandes propietarios agrícolas. La inversión privada tuvo un gran hundimiento. Por último, el gobierno optó por una política que pretendía disminuir el gasto público para reducir el déficit heredado de la dictadura de Primo de Rivera y conseguir el equilibrio presupuestario. La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. La CNT vio la ocasión para su proyecto revolucionario y fomentó la conflictividad laboral y la insurrección campesina con la finalidad de destruir el orden burgués existente.

La conflictividad social alcanzó su punto más alto a partir de 1933, cuando los intentos revolucionarios de la CNT se sumaron a los sectores más radicales del socialismo, la UGT, especialmente a través de la Federación de Trabajadores de la Tierra. Las huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras iban aumentando. Estos hechos provocaron un gran desgaste del gobierno. Además, los conflictos aumentaron la desconfianza empresarial y, en consecuencia, desincentivaron la inversión, provocando un rápido empeoramiento de la situación económica. La crisis fue aprovechada por todos los sectores contrarios a la República. Las reformas republicanas y la conflictividad social disgustaron a las élites económicas, sociales o ideológicas. Todos estos grupos se fueron organizando alrededor de los partidos conservadores o de las nuevas organizaciones de carácter fascista y autoritario para oponerse al gobierno. El centro-derecha se reestructuró alrededor del Partido Radical, que atrajo a grupos de empresarios, comerciantes y propietarios agrícolas. La CEDA contó rápidamente con un gran número de afiliados y con un líder llamado José María Gil Robles. La Renovación Española, la Comunión Tradicionalista y los grupos de fascistas de las JONS y Falange realizaron una intensa actividad de agitación contra lo que ellos consideraban el avance del marxismo y el peligro de una revolución bolchevique. Algunos sectores del ejército pretendieron aprovechar el descontento generado entre los grupos más conservadores de la sociedad. El general Sanjurjo dio un golpe de Estado, pero fracasó. En 1933 se creó la Unión Militar Española (UME). El jefe de gobierno, Manuel Azaña, dimitió y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre. Las elecciones generales se celebraron el 18 de noviembre. Fueron las primeras en España en votar las mujeres. La izquierda estaba desunida y la derecha estaba unida y organizada. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, lo que inauguró dos años de gobierno conservador, conocido como Bienio Negro. Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Radical y la CEDA. El presidente de la República, Alcalá Zamora, confió la formación de gobierno al Partido Radical. El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, inició su mandato paralizando una buena parte del proyecto reformista anterior. En el campo, frenó la reforma agraria, por lo que los campesinos respondieron con huelgas. La cuestión agrícola respondió también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña con la Ley de Contratos de Cultivo. Los propietarios catalanes buscaron el apoyo de la mayoría conservadora en las Cortes. Estas enviaron la ley al Tribunal de Garantías Constitucionales, que determinó su inconstitucionalidad y anuló sus efectos. El gobierno de la Generalitat no aceptó la anulación y aprobó una nueva ley casi igual, dejando el conflicto en una situación crítica. Por otro lado, el gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar el proyecto de estatuto vasco. El gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un contrato con la Santa Sede.

En el ejército no se anuló la reforma, pero se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo y para los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera. En educación se respetaron los cambios del gobierno anterior, aunque se redujo el presupuesto. La obstrucción de las reformas impulsadas en el bienio de izquierdas tuvo como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT. El sector radical del PSOE y los anarquistas declararon una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que hizo huelgas y conflictos. Ante esta situación, la CEDA endureció su posición y exigió participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. El jefe de gobierno accedió y el 5 de octubre de 1934 otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA. La izquierda interpretó la entrada de la CEDA como una deriva hacia el fascismo. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno se produjeron huelgas y manifestaciones. El movimiento fracasó a nivel nacional por falta de coordinación, pero los acontecimientos fueron especialmente graves en Asturias y Cataluña. Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación más dura de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles como ministro de la guerra y a Francisco Franco como jefe del estado mayor. Una crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El partido se vio afectado por unos escándalos de corrupción, como el caso de estraperlo. Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno, pero Alcalá de Zamora se negó y decidió convocar elecciones para febrero de 1936. En 1936 se formaron dos bloques contradictorios: las derechas y las izquierdas. Para presentarse a las elecciones, los partidos de izquierda se agruparon en el Frente Popular. La CNT no participó en el pacto, pero apoyaba al Frente Popular. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionales (Bloque Nacional). En las elecciones, el Frente Popular obtuvo el 48% de los votos. La derecha obtuvo buenos resultados y aumentó su fuerza en Castilla, León, Navarra y parte de Aragón, mientras que la izquierda obtuvo la mayoría en las grandes ciudades. El nuevo gobierno quedó formado por republicanos, mientras que los socialistas y el resto de partidos de la coalición se comprometieron a prestarles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la república y Casares Quiroga, jefe de gobierno. El nuevo gobierno decretó la amnistía y obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos por las huelgas de octubre de 1934. El gobierno de la Generalitat volvió de nuevo al poder y restableció el estatuto de autonomía en Cataluña. El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista. Los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. En las ciudades se convocaron huelgas para la mejora de las condiciones laborales. La nueva situación fue recibida por las derechas con gran rechazo. Iniciaron acciones violentas contra las izquierdas. La creación de un clima de violencia era una estrategia que favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de estado militar contra la República. La misma noche de las elecciones, el general Franco intentó un golpe de Estado. El día 14 de julio se produjo en Madrid un asesinato a manos de izquierdistas; mataron a José Calvo Sotelo en respuesta al teniente Castillo. Esto creó más conflictos y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de julio, dando origen a una guerra civil que duraría 3 años.