La Restauración y la Crisis de la Monarquía en España

El desastre de 1898 produjo una conmoción general en el país. Como consecuencia, el régimen de la Restauración entró en una nueva fase que vino marcada por la subida al trono de Alfonso XIII, al cumplir la mayoría de edad en 1902, y que finalizó en 1931 con la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Durante este periodo, una nueva generación de políticos y nuevos movimientos sociales irrumpieron en la vida española. El régimen de la Restauración fue incapaz de ensanchar su base social hacia nuevas fuerzas, se mantuvo siempre al margen del sistema y dio lugar a un aumento de los conflictos sociales y políticos.

Los partidos dinásticos y la modificación del sistema

Entre 1898 y 1912, los partidos dinásticos (conservadores, liberales), con sus dirigentes principales Antonio Maura y José Canalejas, intentaron una nueva modificación del sistema. Pero a partir de 1912, la continua decadencia y fragmentación del régimen dio lugar al fortalecimiento de la oposición republicana, obrerista y nacionalista. El problema colonial en Marruecos y el impacto de la Gran Guerra agravaron los conflictos, que estallaron en los sucesos revolucionarios de 1917. En febrero había caído el zarismo en Rusia y en octubre se producía la revolución bolchevique. En ese contexto revolucionario, en España se produjo una protesta generalizada de carácter antigubernamental en la que se vieron implicados los partidos situados al margen del turno dinástico, los militares y las organizaciones obreras.

El problema militar

El ejército español presentaba un gran número excesivo de oficiales en relación al de soldados. El hecho de que los ascensos se obtuvieran por méritos de guerra agravaba la situación. El fuerte descontento entre los oficiales de baja y media graduación desembocó en la formación de las llamadas Juntas de Defensa, que reclamaban un aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra, reivindicando la antigüedad como único criterio. El manifiesto de junio de 1917 culpaba al gobierno de los males del ejército y del país. Ante la situación, el gobierno cedió a las demandas de las juntas.

La situación política

El gobierno conservador había sido sustituido en 1916 por un gabinete liberal presidido por el conde de Romanones, que continuó con la corrupción política y, ante las quejas, cerró las Cortes. En abril de 1917, Dato volvió al gobierno y los diputados de la oposición reclamaron abrir las Cortes, pero Dato se negó. Como reacción, se organizó una asamblea de parlamentarios catalanes que exigía la formación de un gobierno provisional. El movimiento parlamentario no tuvo continuidad y desapareció sin haber conseguido la reforma.

La huelga general revolucionaria

En 1916 ya se había producido un importante movimiento huelguístico y en 1917 las centrales sindicales CNT y UGT acordaron firmar un manifiesto en el que el gobierno interviniera para contener los precios bajo la amenaza de convocar una huelga general. La tensión estalló en 1917 a raíz de un conflicto ferroviario en Valencia, y la UGT, con el apoyo del PSOE, llamó a la huelga general. La huelga tuvo una incidencia muy desigual, ya que apenas contó con los campesinos. Se produjeron incidentes en Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias. La reacción del gobierno fue represiva: se decretó la ley marcial y se envió al ejército a aplacar el movimiento. La huelga fracasó y el sistema político de la Restauración entró en su crisis final. El movimiento huelguístico afectó a varias regiones:

• Barcelona: se inició una huelga en La Canadiense que desembocó en una dura represión contra los sindicatos.
• Andalucía: dio paso al trienio bolchevique. Los anarquistas impulsaron revueltas campesinas motivadas por el hambre de tierras y el deterioro de los salarios y condiciones de vida.

Inestabilidad política y radicalización de la conflictividad social

El régimen de la Restauración entró en una progresiva descomposición y como solución se recurrió a los gobiernos de concentración. Se intensificó la conflictividad social y los patronos, para detener la fuerza sindical, atacaron a pistoleros para asesinar a los dirigentes obreros y recurrieron al cierre de empresas.

La Guerra de Marruecos y la dictadura de Primo de Rivera

En la década de 1920, se nombró al general Silvestre, que inició una ofensiva hacia el interior del territorio que acabó en un verdadero desastre. El ejército fue derrotado en Annual. En este contexto de crisis política y social, el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y se dirigió al monarca para exigir que el poder pasase a manos de los militares. Alfonso XIII aceptó un directorio militar presidido por Primo de Rivera. Este anunció en su manifiesto inaugural su voluntad de querer limpiar el país de caciques y acabar con el bandolerismo político y las amenazas a la unidad nacional. Algunos historiadores apuntan a que Primo de Rivera no pretendía poner fin al régimen, sino evitar que el sistema político se desmoronase. En efecto, el último gobierno de concentración de García Prieto pretendía una reforma de la construcción de la ley electoral, del sistema de turno de partidos y de las relaciones laborales. En cualquier caso, la dictadura fue una solución inconstitucional para frenar la reforma del sistema. La dictadura de Primo de Rivera atravesó dos fases: hasta 1925 gobernó el directorio militar, cuyos miembros eran militares, pero a partir de ese año se pasó al directorio civil.

Directorio militar

Las primeras medidas del directorio militar mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos y de los sindicatos, etc. Todo ello fue acompañado por la militarización del orden político y por una represión del obrerismo más radical. Una de las intenciones del director dictador era la eliminación del caciquismo y para ello elaboró un estatuto municipal y otro provincial. También se disolvieron los ayuntamientos, que fueron sustituidos por juntas locales integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad y nombrados a través de los gobiernos civiles. Durante la primera etapa de la dictadura, el conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera, que asumió el acto Comisionado de Marruecos en 1924. Al año siguiente, en colaboración con Francia, se organizó el desembarco de Alhucemas. Tras varias derrotas, Abd el Krim se rindió, entregándose a Francia. En 1927, el ejército español puso fin a la ocupación del protectorado de Marruecos.

Directorio civil

El 13 de diciembre de 1925, Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen para darle continuidad y permanencia. Para ello, comenzó con una convocatoria de una asamblea nacional consultiva. La asamblea, cuyos miembros serían elegidos por designación entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas, tenía como objetivo promover la adhesión al nuevo sistema. Se creó un partido único llamado Unión Patriótica, cuya misión primordial era dar apoyo social a la dictadura. También se reactivó la antigua institución del Somatén para colaborar en mantener el orden público.

La política económica

La dictadura se benefició de la buena situación económica internacional tras la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, Primo de Rivera puso en marcha un programa de fijación de la economía española. La idea rectora fue la nacionalización de importantes sectores de la economía y el aumento de la intervención estatal. El gobierno aprobó el decreto de protección de la industria nacional, que prevenía la concesión de ayudas estatales a las empresas que no pudieran competir con el exterior. También se concedieron grandes monopolios, como en la Compañía Telefónica Nacional de España o en CAMPSA. Todo ello fue financiado mediante los llamados presupuestos extraordinarios.