El Reinado de Isabel II: Transición al Liberalismo y Desafíos Políticos (1844-1868)

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se produjo el tránsito definitivo del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués: se configuró una monarquía constitucional, se sentaron las bases de una economía capitalista y se estructuró una sociedad de clases, basada en el dominio de una clase dirigente, formada por la burguesía de negocios y la nobleza tradicional.

Fue un periodo muy complejo, lleno de cambios y de agitación, incluida una guerra civil y varios pronunciamientos militares.

Características generales

• Periodo de tendencia muy conservadora, con gobiernos muy autoritarios.
• La reina, inclinada a intervenir constantemente en la vida política.
• Participación continua de los generales en el gobierno.
• Exclusión de la mayoría del país en la vida política. Las clases bajas vieron cómo empeoraban sus condiciones de vida. Las protestas, manifestaciones y huelgas fueron contestadas con una dura represión.
• Presencia exclusiva de partidos burgueses en la vida parlamentaria: hasta 1854, los moderados y los progresistas, y a partir de entonces, la Unión Liberal y el Partido Demócrata; al margen de la vida parlamentaria quedaban los republicanos, ilegales.

Etapas del Reinado Efectivo de Isabel II (1844-1868)

a) La Década Moderada (1844-1854)

Se caracteriza por las reformas que limitaron el alcance de las efectuadas por los progresistas.

La figura central fue el general Narváez, líder de los moderados. El cambio político fundamental se recoge en la nueva Constitución moderada de 1845 que suprime los aspectos más avanzados de la de 1837: soberanía compartida (poder legislativo en las Cortes y el rey), Senado de nombramiento real vitalicio, un Congreso elegido por sufragio censitario muy restringido y que la reina podía disolver sin otro límite que convocar elecciones para una nueva cámara. También se eliminaban los límites del poder ejecutivo, lo que permitió la continua intervención de la reina en la vida política. Se suprimió la Milicia Nacional y la autonomía municipal, al ser elegidos alcaldes y concejales por el gobierno. Se declaraba la exclusividad de la religión católica, con la obligación del Estado de mantener a la Iglesia. Estuvo en vigor hasta 1869.

A la Constitución siguió una amplia legislación ordinaria dirigida a reafirmar el carácter conservador del régimen: la ley electoral limitaba el derecho al voto a unos 100.000 españoles, se reorganizó la administración con un sistema centralista basado en las provincias y su control desde el gobierno a través de los gobernadores civiles y militares. Se restablecieron las relaciones con la Iglesia, rotas durante la guerra carlista, se detuvo la desamortización y se devolvieron al clero los bienes que aún no se habían vendido. El Papa reconoció en el Concordato de 1851 a Isabel II como reina de España. Se aprobó una reforma de la Hacienda (sistema único de impuestos; las contribuciones directas gravaban las fincas rústicas cultivadas y las actividades industriales y comerciales; las indirectas, conocidas como consumos, gravaban productos de primera necesidad); se creó la Guardia Civil, como cuerpo militar encargado de la vigilancia y apoyo en zonas rurales; se aprobó el Código Civil y el Código Penal, que unificaban la legislación en todo el país en ambas materias. Estas medidas centralizadoras que atentaban contra los privilegios forales, así como el fracaso en las negociaciones para casar al pretendiente carlista Carlos VI con Isabel II, dieron lugar a la Segunda Guerra Carlista (1849-1860).

A partir de los años 50 el clima político se fue deteriorando con la sucesión de gobiernos corruptos, y el descontento político y social fue en aumento. Algunos progresistas radicales fundan el Partido Demócrata, cuyos objetivos eran la defensa de los derechos individuales y del sufragio universal.

b) El Bienio Progresista (1854-1856)

Un nuevo pronunciamiento progresista, la Vicalvarada, encabezado por los generales Serrano y O'Donnell, provoca la caída del gobierno moderado. Los rebeldes publicaron una proclama, el Manifiesto de Manzanares, que consiguió el apoyo popular y provocó la revolución que obligó a Isabel II a entregar el gobierno al general Espartero, con O'Donnell como ministro de la Guerra. Rápidamente se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, al tiempo que se establecían leyes de la época progresista. Para las elecciones se forma una nueva fuerza política, la Unión Liberal, propiciada por O'Donnell y compuesta por políticos de centro, entre moderados y progresistas. Se comenzó a redactar una nueva Constitución, que fue aprobada en 1856, aunque jamás entró en vigor; se reanudó la desamortización que bajo la dirección de Pascual Madoz enajenó los bienes municipales y del clero, se redactó la Ley de Ferrocarriles, se restauró la Milicia Nacional y la autonomía municipal. El bienio transcurrió en un clima de permanente conflicto social: las malas cosechas, la epidemia de cólera de 1854, el alza de precios y los enfrentamientos entre patronos y obreros hacen que las clases populares retiren el apoyo a los progresistas, por lo que Espartero presentó la dimisión y la reina encargó formar gobierno a O'Donnell.

c) La Unión Liberal y el final del reinado (1856-1863)

La Unión Liberal fue el partido que controló la vida política y que contaba, como partido conservador, con el apoyo de los terratenientes y de la burguesía. Pretende el mantenimiento del orden ante el desarrollo creciente del movimiento obrero y el Partido Demócrata. Su rasgo más sobresaliente fue la activa política exterior, por lo que se interviene militarmente en zonas de escaso interés, pobres resultados y pérdidas humanas y económicas (guerra contra Marruecos, expedición a la Conchinchina, etc.).

d) Crisis del final del reinado (1863-1868)

El desgaste de la acción del gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal, llevaron a O'Donnell a dimitir. El retorno de Narváez y los moderados al poder supuso el endurecimiento gubernamental que llevaría a nuevas conspiraciones. A partir de 1866 el moderantismo estará acosado por tres graves problemas: la demanda social de participación política, la corrupción y el descrédito de la corte de Isabel II y el malestar provocado por una grave crisis económica y financiera. Esta crisis se inicia con la quiebra de las compañías ferroviarias debido a la baja rentabilidad de las líneas. Continuó con el hundimiento de las fábricas textiles, a causa de la falta de algodón provocada por la guerra civil en EEUU. También contribuyó la caída de las bolsas europeas y el alza de precios agrícolas debida a malas cosechas. En 1868 el paro y la exasperación popular por la carestía constituían el clima ideal para un estallido revolucionario. Se produjo la alianza de los progresistas y demócratas (partido creado en 1849 y que actuaba en la clandestinidad) que en el Pacto de Ostende acordaron derrocar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal. El progresista Prim fue puesto al frente de la conspiración. La muerte de O'Donnell y Narváez dejó a Isabel II completamente aislada.